El presidente del Gobierno acude este lunes a la sede de la Comunidad de Madrid para sentarse a buscar soluciones con quien está siendo su principal látigo desde que comenzó la pandemia. El día en que la región arranca con un confinamiento parcial de 37 áreas sanitarias, algunas de las que registran las peores ratios de contagios, y con los hospitales al borde del abismo.
Las dos administraciones tratan de buscar salidas conjuntamente al negro panorama que amenaza a la región, epicentro de la COVID-19 en la primera oleada cuando registró aproximadamente un tercio de las muertes del país y que vuelve a liderar la estadística de ingresos y contagios. La cita se fraguó el pasado jueves a través de un intercambio de cartas entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Las cifras de Madrid ese día eran espeluznantes: 5.000 contagios comunicados al Ministerio de Sanidad, 1.000 más en una jornada que en todo el mes de julio. El Gobierno de la región llevaba 24 horas sumido en un caos de anuncios, desmentidos, contradicciones y huidas de la prensa que derivaron en una llamada de socorro del vicepresidente, Ignacio Aguado. El discurso oficial de la normalidad madrileña, de que las autoridades regionales podían gestionar el desconfinamiento se había venido definitivamente abajo y todo un número dos del Gobierno pedía ayuda al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el mismo al que habían reprochado durante el estado de alarma que no dejasen vivir “en libertad” y al que acusaron de boicotear la economía cuando Sanidad se resistía a que Madrid cambiase de fase.
Pedro Sánchez pidió entonces por carta una reunión a Ayuso, que durante semanas había mandado seis a La Moncloa, sin respuesta. Un fervor epistolar que acompañaba la presidenta con todo tipo de acusaciones al Gobierno central. Cuando supo que el presidente accedía a reunirse, Díaz Ayuso agradeció la disposición pero todavía insistió en que Madrid se ha sentido “demasiado sola” durante este tiempo. El tiempo es el que ha transcurrido desde el mes de junio en que se levantó el estado de alarma y la región cambió de fase tras semanas de intensas presiones al Gobierno, después de comprometer el refuerzo de la atención primaria y la contratación de cientos de rastreadores que no se han llevado a cabo.
El presidente del Gobierno ha insistido en que acude para tratar de ayudar porque las competencias contra la pandemia siguen en poder de la Comunidad, que se ha resistido a pedir la declaración del estado de alarma para la región. Desde el departamento de Ayuso se ha deslizado que pedirán más presencia policial en los barrios confinados para hacer cumplir las medidas extraordinarias. La mayoría de áreas afectadas están en el sur y se corresponden con los distritos más pobres, donde viven clases trabajadoras que tienen que desplazarse a otras zonas de la ciudad, a menudo en Metro o autobuses, que tampoco se han reforzado. En algunas de ellas se han celebrado concentraciones de protesta este domingo.
En estas zonas –aquí puede consultar cuál es la suya– también se clausurarán los parques y habrá limitaciones de aforo más restrictivas en centros de culto o funerales. Además, en toda la Comunidad de Madrid se limitan las reuniones familiares en el ámbito público y privado a seis personas de las diez que se permitían hasta ahora.
La tormenta perfecta se cierne sobre Madrid, donde en medio de la crisis sanitaria se avecinan protestas de profesores y sanitarios en las próximas semanas. Con 6,6 millones de habitantes, es la región con una peor evolución de los datos de COVID-19 no solo en España, sino en Europa. En dos meses ha pasado de una incidencia acumulada en 14 días de 9 casos por 100.000 habitantes a 659 casos, según datos de este jueves 17 de septiembre (259 es la media nacional). Y nueve de las diez grandes ciudades españolas con más casos estas últimas dos semanas están en Madrid. Ya hay una de cada cinco camas de hospital ocupadas por enfermos de COVID.
Da idea de la situación que incluso la patronal madrileña, que durante décadas se ha alineado con los Gobiernos del PP de Madrid hasta casi fundirse con ellos, ha salido a cargar contra la gestión de Díaz Ayuso. En una entrevista en El Mundo, el presidente de CEIM, Miguel Ayuso, hablaba este domingo de improvisación, de descoordinación con el Gobierno central y concluye que la gestión “no es presentable”.
Para nadie es un secreto que el bipartito está roto a la mitad, entre los cargos de Ciudadanos y los del PP, pero que también entre estos últimos hay desencuentros notables: el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, apenas se habla con la presidenta y el cargo llamado a sucederle ha caído en desgracia esta semana: el viceconsejero Antonio Zapatero, director del hospital de Ifema y que fue fichado por Ayuso para colocarse al frente de la gestión del COVID anunció el miércoles “confinamientos selectivos”, como los que finalmente se produjeron y desapareció de los focos cuando llegaron los primeros desmentidos desde la Puerta del Sol. Luego trascendió que el entorno de la presidenta trató de obligarlo a grabar un vídeo desmintiendo sus propias palabras y que este se negó.
A 24 horas de que se produzca el encuentro entre Ayuso y Sánchez, el consejero de Sanidad insistía en atacar al Gobierno central en una entrevista en ABC acusándolo de tener una estrategia para que Madrid “claudique” –dijo– y pida el Estado de alarma. Escudero también volvió a culpar al Ejecutivo de Sánchez por Barajas pese a que los datos de los que cuenta la Comunidad de Madrid reflejan que desde el 11 de mayo solo han entrado por el aeropuerto 156 casos. En el mes de septiembre, apenas uno. El titular de Sanidad culpaba a su vez a la inmigración latina de traer el virus: “El 40% de los contagios son de personas no nacidas en España”, aseguró, en una afirmación que recuerda a la de Ayuso en el Debate del estado de la región cuando vinculó los contagios a “la forma de vida de la inmigración”.
Parón en Atención Primaria
Escudero se escudaba en que el plan presentado el viernes no incluya más personal en los centros de salud en que ya no hay médicos para contratar, un argumento también usado por la presidenta madrileña. Además de la grave crisis política que atenaza a la Comunidad de Madrid, existen derivadas laborales que van a implicar próximas protestas en distintos colectivos. En el caso de los sanitarios, el sindicato mayoritario entre el colectivo médico de la región, AMYTS, tiene convocada una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre. Su secretario general, Julián Ezquerra, confirma que ni la Consejería de Sanidad ni la Presidencia de la Comunidad se han puesto en contacto con ellos “salvo de manera indirecta” para negociar posibles mejoras que puedan evitar los paros. Ya cuando se anunció la iniciativa advertían de que es la falta de interlocución con el gobierno regional en una situación insostenible de “deterioro”, lo que les empujaba a esta convocatoria.
“La huelga a día de hoy sigue adelante”, afirma Ezquerra, a pesar del “titular” –como lo define– que dio la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, con el anuncio de una inversión de 80 millones de euros en tres años para reforzar la Atención Primaria. “Necesitamos que se sienten con nosotros para valorar cambios organizativos”, afirma. Por el momento, y en un contexto en el que faltan “cientos de médicos”, según el sindicato, la Comunidad de Madrid se muestra “incapaz” de retener el talento y de los 222 médicos de familia que acabaron en Madrid la residencia de su especialidad este año, la mitad ha buscado trabajo fuera de la región. “Con los contratos basura que les ofrecían, han preferido buscar empleo en provincias limítrofes como Toledo o incluso en el extranjero”, describe Ezquerra. Contratos muy breves y sin garantía de estabilidad en una consulta o un centro concreto, trabajos solo de tarde, turnos “extenuantes” que se doblan, agendas inabarcables que obligan a dejar tareas para el día siguiente son las razones por las que un colectivo mayoritariamente femenino prefiere buscar trabajo fuera de Madrid, según este portavoz.
Así, a su juicio, la pandemia del coronavirus ha servido para poner de relieve que el sistema de la atención primaria en Madrid “hace aguas por todos lados”, y aún ha empeorado una situación de base que ya era “muy mala”. En la actualidad, hay setenta centros de salud cerrados total o parcialmente, al igual que 37 puestos del Summa 112. “Sábados, domingos y festivos solo hay urgencias hospitalarias, las UVIs móviles están paradas por falta de médicos”, recalca Ezquerra.
El sindicato es consciente de que los servicios mínimos de la huelga, aún por determinar, serán muy elevados, ante lo que muestran su comprensión, aunque temen que incluso superen la realidad actual: “Es muy probable que en algún caso pidan que haya dos pediatras como mínimo en un centro de salud donde normalmente solo haya uno por falta de personal”, prevé Ezquerra, que pide a los ciudadanos que no estén preocupados, porque las situaciones de urgencia se van a atender. “La situación nos obliga, los médicos suelen ser muy reacios a las huelgas, pero hicimos una encuesta y el 85% se mostró a favor”, remacha.
Huelga en educación
El sector educativo madrileño se prepara para la que va a ser la huelga más extraña que nunca han hecho, convocada para el próximo martes y miércoles por CCOO, UGT, Stes y CGT. Será una huelga que va a tener problemas para ganar visibilidad: no habrá gran marcha, descartada por los sindicatos por motivos obvios, y los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Educación rozan el 100%. En palabras de Isabel Galvín, secretaria general del sector educativo de CCOO Madrid, “prácticamente imposibilitan ejercer este derecho”. Las organizaciones sindicales van a recurrirlos, informa Daniel Sánchez Caballero.
Los motivos de la huelga, a la que están llamados unos 100.000 profesores en toda la región, se resumen en uno: más seguridad para una vuelta presencial. Un poco más específicamente, los sindicatos rechazan la semipresencialidad que Madrid ha impuesto a partir de 3º de la ESO (incluido), piden más docentes, más personal sanitario para los colegios, más medios, que se bajen las ratios en educación Especial, Infantil y de Adultos, etapas en las que no se han modificado y la ampliación de espacios (“los barracones anunciados ni han llegado ni se cuándo lo harán”, cuenta Galvín).
La representación de los profesores vio con buenos ojos el plan que anunció la presidenta Ayuso el 25 de agosto, pero a la vez tienen claro que si este existe es por la presión que ejercen los sindicatos. “Nunca una convocatoria de huelga hizo tanto sin llegar siquiera a celebrarse”, cuenta la responsable de CCOO. “Este Gobierno va tarde, detrás de los acontecimientos y solo funciona cuando se ejerce presión sobre él”, asegura. Por eso los sindicatos siguen apretando: de los casi 7.400 nuevos profesores anunciados por Ayuso se han contratado unos 6.000, cuando llevamos ya una semana de curso, explica Galvín.
Con información de Daniel Sánchez Caballero