Ayuso gastará más de 2.500 millones de euros en la nueva Ciudad de la Justicia ahora sin arquitectos de lujo

La Comunidad de Madrid ha dado este verano un paso más en su empeño por materializar el macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, que inició en 2004 la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Tras casi dos décadas de idas y venidas, sospechas de corrupción y dinero público derrochado a espuertas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha publicado la segunda licitación para la construcción de un complejo arquitectónico que agrupará en un mismo enclave todas las sedes judiciales de la región. La empresa adjudicataria levantará los edificios y gestionará la infraestructura durante 36 años por más de 50 millones de euros por ejercicio, además de otras prebendas que, en total, aumentarán la cuenta estimada hasta los 2.871 millones de euros.

Si la idea inicial de Aguirre incluía edificios de arquitectos de reconocidísimo prestigio y altos honorarios, como Zaha Hadid o Norman Foster, que llegaron a cobrar por proyectos que jamás se realizaron, la nueva licitación ha dejado a un lado los criterios de diseño y calidad arquitectónica. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha estimado el coste de construcción según los pliegos: unos 1.200 euros por metro cuadrado sobre y unos 500 bajo rasante, sin el porcentaje de beneficio de la contrata ni impuestos. “Son unos precios muy justos para unos edificios que tienen que tener una calidad arquitectónica”, considera el vicedecano Pablo Olalquiaga, que añade que retornarán a la gestión pública dentro de 40 años.

Para hacerse una idea, un edificio de la máxima calidad y representatividad puede rondar los 5.000 euros, según los cálculos del COAM. Un complejo como el de la Ciudad de la Justicia podría encajar en un presupuesto de entre unos 2.500 y 3.000 euros. El precio de construcción de una vivienda de protección oficial rondaría los 1.000 euros por metro cuadrado. Con este presupuesto, parece complicado que concurran arquitectos con honorarios mucho más elevados.

“Lo que plantean esas bases son unos criterios funcionales, pero no plantean en ningún momento criterios por los que se valore una buena arquitectura”, explica Pablo Olalquiaga. Lo que la Comunidad señala en el pliego de la licitación responde a cuestiones técnicas, como el número de oficinas o de salas que deben tener los edificios, pone como ejemplo este experto, pero no otra serie de cuestiones ligadas al diseño, como la entrada de la luz, los espacios u otras cuestiones que tienen su repercusión en la eficiencia energética y medioambiental de las construcciones “y que no tienen que ver con cuánto consume una máquina”, matiza. Son el diseño de las fachadas, la orientación de las ventanas, patios interiores que generen corrientes de aire natural, etc. “Todas esas cosas que apreciamos cuando entramos en un buen edificio”, explica el Olalquiaga.

Estos criterios de diseño y calidad arquitectónica deben superar el 51% del total, según la nueva Ley de la Calidad de la Arquitectura, que entró en vigor el 14 de junio. Una norma que la Comunidad de Madrid ni siquiera menciona ni en el pliego de cláusulas administrativas particulares ni en el de prescripciones técnicas, publicados el 27 de julio. “Una de la partes que, entendemos nosotros, es más errónea, es que no se cumple esta ley”, consideran desde el COAM.

Más edificios en menos superficie

¿Cómo se puede imaginar entonces la futura Ciudad de la Justicia? “En el concurso que ha sacado la Comunidad no se presupone un diseño específico”, explica Olalquiaga, que se remite a la imagen que difundió la administración hace unos meses. En ese 'render' solo se aprecian unos grandes bloques en los que la arquitectura y el urbanismo no son los protagonistas.

Esta imagen contrasta con el concurso de ordenación original, que organizó el COAM y que ganaron los arquitectos Frechilla & Peláez en la época de Esperanza Aguirre, con un proyecto de grandes edificios circulares, con imponentes patios, en una zona espaciosa y en la que destacaba el paisajismo y por el que recibieron pagos que superan el millón y medio de euros. Que en este nuevo intento se vayan a reducir la áreas libres no es casualidad: el complejo original, licitado en 2007, contaba con 200.000 metros cuadrados, que en este se han visto reducido a 132.606 metros. “Han construido el Zendal y la parcela resultante para la Ciudad de la Justicia queda reducida”, indica el vicedecano.

Aquel proyecto quedó enterrado. En 2004, Esperanza Aguirre comenzó a hablar del campus de la Ciudad de la Justicia. En 2007 puso la primera piedra. Como todo en aquel macroproyecto, de manera faraónica. El evento costó 1,4 millones de euros, que sufragó una de las empresas de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en Gürtel. La idea que había soñado la presidenta incluía edificios vanguardistas, con el sello de arquitectos como Norman Foster o Zaha Hadid.

Hadid, la primera mujer ganadora del prestigioso premio Pritzker, llegó a cobrar 50.000 euros por los trabajos iniciales de un proyecto que iba a costar 13 millones, pero que ni siquiera se firmó. Foster firmó un contrato con la Comunidad por el que su empresa cobró 14 millones de euros en concepto de pago por los servicios profesionales de cara a un diseño que nunca llegó a materializarse.

100 millones bajo la lupa

En 2009, con la crisis económica haciendo estragos en España, la Comunidad dejó el proyecto en punto muerto, tras haber enterrado por el camino más de 100 millones de euros de dinero público en contratos que investiga la Audiencia Nacional. Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación absoluta para el consejero de Justicia de Aguirre, que era también presidente y consejero delegado de la empresa pública que se creó para la gestión del proyecto, y seis años de prisión y de inhabilitación para otros cinco altos cargos y asesores de aquel Gobierno.

De los 15 edificios proyectados entonces, solo se había levantado uno, el diseñado por Alejandro Zaera Polo, que no fue utilizado hasta la pandemia de COVID. Se empleó primero como morgue y después se instaló allí el Instituto Anatómico Forense de Madrid. El nuevo recinto estará compuesto por 17 inmuebles, que albergarán las 28 sedes judiciales de la región.

“Entendemos que nunca ha habido una explicación realmente razonada de por qué se llegó a desechar aquella propuesta. Se empezó a desarrollar, se paró por la crisis económica, pero no se explicó por qué teniendo unos recursos públicos ya invertidos, una serie de proyectos ya pagados, el proyecto de urbanización, etc., no se siguió realizando una vez superada la crisis”, señala Olalquiaga sobre el concurso original que organizó el COAM. “Las adjudicaciones que se hicieron directamente no las conocemos y no las valoramos, pero todos los concursos, tanto de urbanización como de edificios puntuales que organizó el colegio, fueron perfectamente limpios y nunca han sido cuestionados”, responde al ser preguntado por las investigaciones en torno al proyecto. “La única cuestión que hay por nuestra parte es por qué nunca se planteó seguir adelante con un proyecto hecho y pagado”, insiste.

A aquel proyecto ganador, hecho y pagado renunció Ignacio González en 2012 y 2015. Primero, intentó adaptarlo con equipos más baratos, algo que recurrió el propio Colegio. Después, dejando encauzada la adjudicación de un nuevo proyecto para la UTE de Acciona y OHL. Cuando Cristina Cifuentes decidió suspender aquella adjudicación, fueron estas empresas las que acudieron a la Justicia. En 2020, el Supremo tumbó las pretensiones de la UTE y evitaba a la Comunidad de Madrid tener que desembolsar 1.700 millones de euros, mientras le dejaba las manos libres para iniciar otro proyecto.

Los requisitos para la elección de arquitectos para este nuevo proyecto, cuya licitación se ha presentado a finales de julio y con 15 días laborales para recurrirlo en pleno mes de agosto, son, principalmente, que quien se encargue de los edificios haya realizado alguna construcción similar con un presupuesto de 150 millones. Esto deja un abanico muy reducido y excluye, de facto, a buena parte de los arquitectos españoles y madrileños, que tienen, consideran desde el Colegio de Arquitectos, “calidad contrastada para hacerlo”.

2.871 millones de euros en 36 años

En cualquier caso, la elección del arquitecto dependerá de la empresa que presente el proyecto. “Siendo un acuerdo entre una empresa o fondo privado y un profesional, los honorarios que cobre son totalmente libres y no tienen ninguna repercusión en el contrato, porque, efectivamente, la Comunidad lo único que exige es que haya una inversión y que alguien haga la mejor oferta”, explica Olalquiaga. Precisamente, el criterio al que más peso ha dado la consejería para llevarse la licitación es la reducción de la tarifa, estimada en más de 2.500 millones de euros: el 35%.

La Consejería de Justicia ha calculado que el coste de la obra, que correrá a cargo de la empresa adjudicataria, está en torno a los 507 millones de euros. A cambio, la Comunidad pagará a esta empresa un canon, que ascenderá a 49,3 millones de euros más el IVA durante 36 años, por la gestión y el mantenimiento del complejo. Esta cuantía podrá ser revisada, en un 20% de la misma, a partir del octavo año. Además, la administración cederá la explotación de dos de los edificios, un aparcamiento público de 1.900 plazas y otros espacios con usos no judiciales, como un centro de deporte y de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, una zona de bulevar y otros usos menores.

Según el consejero de Justicia, Enrique López, estas cesiones permitirán “al concesionario mediante su explotación la obtención de beneficios al margen del canon”. Unos beneficios totales que el pliego estima en más de 2.871 millones de euros. Con todo, la Comunidad calcula que el canon le supone un ahorro de 20 millones de euros anuales que ahora se invierten en la prestación del mismo servicio en las sedes judiciales que ahora quiere reagrupar. 

Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid no renuncian a un concepto de arquitectura que aúne belleza y funcionalidad. “Defendemos que la arquitectura pública es la primera que tiene que estar a la vanguardia y marcar una referencia de excelencia, que responda a los requerimientos funcionales y, partiendo de ahí, hacer propuestas que los mejoren”, zanja su vicedecano.