Para Isabel Díaz Ayuso la limitación de precios de los alquileres es prácticamente una medida bolchevique. Igual que subir impuestos a los grandes tenedores de viviendas vacías. Ella misma tiene una que no alquila, según confesó desde su escaño este miércoles en una entrevista en Telecinco, por miedo a los okupas y a los inquilinos que las destrozan. No es la primera vez que despliega este tipo de argumentos la presidenta de una de las regiones donde los pisos son prohibitivos tanto para quien pretenda comprarlos como para un simple arrendamiento.
Presta a librar cada mañana una nueva batalla con el Gobierno de Pedro Sánchez, esta semana el motivo fue el acuerdo de la coalición de PSOE y Unidas Podemos para hacer frente a la escalada de precios de los alquileres en las grandes ciudades, especialmente en las zonas más tensionadas. Antes de conocer el texto concreto de una norma que deja mucho margen de maniobra a las autonomías y ayuntamientos, Ayuso ya ha avanzado que no la aplicará e incluso que está dispuesta a recurrirla por inconstitucional, algo que también ha adelantado su partido. La tesis de la presidenta de Madrid es que cualquier regulación del mercado de los pisos es intervencionista y choca con la seguridad jurídica. Su receta, repite, es liberalismo y bajar impuestos para crear puestos de trabajo y que así los jóvenes y cualquier persona que quiera acceder a una vivienda se la pueda permitir en Madrid.
Ayuso ha llegado a afirmar que la ley da una imagen “tercermundista chavista” a los inversores extranjeros, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también del PP, reconoció públicamente que no hará “nada” para intervenir en el mercado del alquiler. Ni siquiera encarecer el IBI a aquellos grandes acumuladores de viviendas que las tienen vacías.
Ese diagnóstico general choca con las decisiones que la propia presidenta de Madrid está adoptando para solucionar un problema más particular: el de la falta de policías y guardias civiles en Madrid que ella misma atribuye a la negativa de los agentes a asentarse en la capital visto el precio de la vivienda. Según sus cuentas, la región tiene en estos momentos con un déficit estructural del 10% de agentes de los cuerpos de seguridad, unos 2.500 policías.
En las palabras de esta última semana, Ayuso aludía a los incidentes generados en botellones que concentran a miles de jóvenes cada fin de semana y terminan en disturbios y en ocasiones violencia. Y en su explicación, argumentó por qué cree que Madrid tiene un déficit de policías y sus recetas para remediarlo. Recordó que la Comunidad ha puesto en marcha incentivos económicos para que estos encuentren “atractivo venir a Madrid”. Entre el paquete de planes, se encuentra el de poner a disposición de los agentes viviendas a un “un precio muy accesible”, para que elijan como destino la región, algo que ahora no está ocurriendo con mucha frecuencia. Acaba ocurriendo en muchas ocasiones que aunque algunos agentes deciden venir a la autonomía, al poco tiempo piden el traslado a otras ciudades por el encarecimiento que supone vivir en Madrid.
“La Delegación de Gobierno a mí me tiene que ayudar, dentro de las competencias, a que haya más agentes de policías. Yo por ejemplo lo que he puesto sobre las mesa son políticas de vivienda por las que les he dado viviendas a precios muy muy asequibles, pero el problema es que no se están firmando [por parte de la Delegación]”, decía Ayuso durante su entrevista en El Programa de Ana Rosa.
Sergio Osorio, secretario regional de Madrid de la Confederación Española de Policías (CEP), confirma a elDiario.es que la falta de agentes en Madrid es real y lo circunscribe principalmente a los elevados precios de los alquileres. “La problemática que nos encontramos en Madrid son los alquileres, porque tenemos que acabar destinando la mitad de nuestro salario a eso lo que no acaba siendo atractivo para nadie. A veces hay agentes que tienen que traer a sus familias y vivir solo con su salario lo que acaba suponiendo un problema porque al precio del alquiler hay que sumarle que la vida en general es más cara en Madrid”, lamenta.
Osorio agradece las medidas impulsadas por el Gobierno de Ayuso, que incluyen el transporte público gratuito y ayudas al comedor para los hijos de los agentes. “A día de hoy, es la única administración que verdaderamente ha mirado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que se nos concedan esas viviendas”, dice el secretario regional de Madrid de la CEP, aunque reconoce que el número de viviendas puesto a disposición por el ejecutivo regional es insuficiente teniendo en cuenta que actualmente hay 24.456 agentes en la región y faltan unos 2.500 más.
La Comunidad de Madrid ha ofrecido de la Delegación de Gobierno un total de 81 viviendas propiedad del Gobierno regional a un precio reducido de 230 euros mensuales: 41 en Lavapiés, en el centro de Madrid, y otras 40 en Ciempozuelos, según detallan fuentes de la Consejería de Justicia e Interior a esta redacción. “Estas medidas no han sido aceptadas por el Ministerio del interior alegando que está buscando la forma jurídica”, añaden estas mismas fuentes que aseguran que esta cuestión siempre acaba siendo motivo de discusión.
Desde Delegación de Gobierno niegan que el Ministerio del Interior haya rechazado “la entrega por parte de la Comunidad de Madrid de viviendas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “La Comunidad de Madrid quiere convertirse en arrendador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cobrando una renta específica a los servidores públicos. Sin embargo la normativa y los convenios suscritos por GIESE deben suponer la cesión gratuita del bien al Estado para que la misma pueda ser puesta a disposición de los servidores públicos, sin cobrar a los mismos renta alguna”, añaden desde la Delegación.
Sobre la ley de Vivienda que prepara el Gobierno central, Sergio Osorio prefiere no pronunciarse y se limita a afirmar que el problema de los precios de los alquileres es real. Según explica a esta redacción, el salario mínimo de un agente –sin trienios y sin complementos por el tipo de unidad a la que están destinados– son unos 1.900 euros netos al mes, mientras que el salario medio en España se sitúa en torno a los 1.400. “Nos encontramos que casi la mitad del sueldo se va en el alquiler”, asegura. “Acabamos viviendo en municipios como Parla o Getafe donde estamos pagando alquileres de unos 800 euros el más bajo, y siempre porque negociamos y los propietarios nos acaban alquilando por menos de lo que piden porque les damos seguridad, sino sería más”, explica. No es lo mismo el alquiler de Lorca o en Soria, por poner algunos ejemplos, donde puedes tener un piso de 300 euros que afrontar un alquiler de 800 euros. Estamos hablando de una diferencia de 500-600 euros al mes“, defiende.
Desde la Confederación Española de Policías llevan años reclamando ayudas al alquiler para los agentes destinados en Madrid, asegura Sergio Osorio. “Reclamamos incentivos que ayuden a que los salarios que tenemos se adecuen al alquiler”, dice. Y añade: “Pedimos ayudas que pueden ser a través de un alquiler más barato o todo lo que conlleve la mejora a los compañeros para que quieran estar aquí”, una región, defiende, que se ha convertido en “imposible” para vivir.
En el caso de los policías, Ayuso sí ha comprometido la intervención directa de la Comunidad a corto plazo, sin esperar a que la mano invisible del mercado, los bajos impuestos y la desregulación del suelo solventen el problema en el largo.