Las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid han vivido la última semana un caos sin precedentes. La derecha madrileña, que presume habitualmente de buena gestión, ha sumido a pacientes y sanitarios en lo que estos últimos denominan un “infierno”. Cambios de planillas, crisis de ansiedad, centros sin el material necesario o directamente cerrados, traslados forzosos, viajes en Uber en mitad de la noche, equipos sin personal médico o de enfermería y una presidenta que huye hacia adelante y culpa a la izquierda de “boicot” a una sanidad pública que se le vuelve en contra, con dimisiones en la cúpula de su propia Atención Primaria.
El plan para la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias en el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguraba que llevaba meses trabajando se puso en marcha el pasado 27 de octubre, ya en medio de una enorme tensión con los sindicatos y una convocatoria de huelga que finalmente fue abortada por la mayoría de organizaciones, que confiaron en los compromisos de la Consejería de Sanidad.
Amyts se mantuvo en el ‘no’ y tuvo que aplazar la convocatoria al próximo lunes. Satse, CCOO, Csit y UGT, que habían aceptado el pacto con la Consejería, enviaron este viernes un comunicado en el que rompían el acuerdo: “El fracaso de este modelo es fruto de la inoperancia de la Administración y del incumplimiento de todos los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales, que desde la lealtad a los profesionales estábamos dispuestos a negociar hasta las últimas consecuencias para frenar el atropello que se pretendía perpetrar”.
La reestructuración pasaba por reabrir los 37 antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que el Gobierno regional cerró en marzo de 2020 por la pandemia. Para hacerlo, la Consejería recurriría al personal de los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) y a aquellos profesionales de Atención Primaria que se prestasen a realizar jornadas complementarias. Es decir, Ayuso pretendía tener en funcionamiento 78 puntos de atención con el personal de 41 más voluntarios. El plan ya contó con críticas de trabajadores, sindicatos y de la oposición. Diez días antes de ponerlo en marcha, la propia gerente de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, dimitió de su cargo “por motivos médicos y personales”, según la propia administración.
Beatriz Moreno lleva 23 años trabajando en la sanidad pública madrileña. El miércoles de la semana pasada estaba en una de sus guardias en el SAR de Boadilla. “Sobre las 11 de la noche me notifican que soy transferida al Punto de Atención Continuada de Pozuelo. Salgo el jueves y me obligan a entrar el viernes a las cinco de la tarde. Tengo dos niños, uno que precisa un poquito más de atención, y tengo que buscar con quién dejarlos y desplazarme más lejos de mi casa, por imposición y sin consulta”, lamenta esta doctora. La distancia entre uno y otro punto es de 20 kilómetros, “lo justo para no llegar a recogerlos al colegio”.
Intento no medicarme, no cogerme bajas, pero no sé lo que voy a durar
Un mensaje similar a ese, con nocturnidad y sin apenas margen para adaptarse a sus nuevos destinos y horarios, es el que recibieron aquella noche los 700 profesionales que deberían afrontar la reapertura de las urgencias extrahospitalarias, tras más de 30 meses cerradas, y la atención rural, que sí estuvo funcionando durante la pandemia. En él se incluía la planilla de los próximos dos meses, donde se indicaba que era provisional. “Te pueden llamar en mitad de la noche y decirte que te vayas a San Petersburgo, donde quieran”, lamenta Beatriz, que asegura estar viviendo las últimas semanas con “mucha angustia y ansiedad”. “Intento no medicarme, no cogerme bajas, pero no sé lo que voy a durar”, advierte.
La primera noche de reapertura de lo que Ayuso ha rebautizado como centros sanitarios 24 horas ya se constató el desastre. Desde la comunidad denunciaron que se habían producido un 57% de bajas sobrevenidas de personal médico pero aseguraron que el 100% de los servicios habían estado operativos y sin incidencias. Una afirmación que se contradice con sus propios datos: el 95% de los centros contó con personal sanitario, “médico o enfermera o médico y enfermera”. Lo que la Consejería de Sanidad madrileña no aclara, pese a las reiteradas preguntas de este medio, es cuántos funcionaron con médico y enfermera.
El compromiso de Ayuso había sido que todos contarían con equipos completos de medicina, enfermería y celadores. Según los datos recabados por la Plataforma SAR y Apertura SUAP, aquella primera noche solo 28 de los 78 puntos de urgencias contaban con los tres estamentos. Aunque los números han ido cambiando, la ausencia de personal en todos los servicios de urgencias se ha ido repitiendo desde entonces día a día, pese a que la presidenta llegase a presumir este miércoles de que estaban todos “a pleno rendimiento”.
El segundo día de la reapertura, cuando Beatriz llegó a Pozuelo, se encontró lo que muchas compañeras habían sufrido el día anterior. “Veo las instalaciones, entro con un equipo que no conozco, a unas consultas que no conozco, con una disposición de material que no conozco. No tenemos báscula para peso de niños, que necesitamos para dosificar la medicación en función del peso, ni mascarillas laringeas, por si entra una parada respiratoria, no hay aparato para hacer electrocardiogramas, ni un dormitorio para cambiarnos. Vienes a un sitio impuesto, que no está preparado. Me falta poco para ponerme a llorar”, explica en conversación con elDiario.es.
“Asustada cada vez que veo un número que no conozco”
Esa noche hubo hasta 40 servicios en los que faltaba personal, con situaciones inverosímiles, como la casa de socorro de Alcalá de Henares, donde no pudieron entrar porque el centro estaba cerrado y no tenían llaves, según datos de la plataforma. La enfermera fue trasladada a Coslada en un baile de profesionales que se lleva viviendo en la comunidad toda la semana. En Pozuelo, explica Beatriz, hay un equipo completo, lo que “a día de hoy es un lujo”, pese a que ella es la única médica. “La gente no se ha enterado muy bien de que está abierto”, explica. Aunque ella ha cumplido esta primera semana en esta localidad del norte de la región, admite que vive “asustada cada vez que veo un número de teléfono que no conozco por si me mandan a otro lado”.
Como Beatriz, Gema Aparicio lleva toda su vida trabajando en la sanidad pública. En 2007 sacó una plaza en Atención Primaria y en 2015 pidió el traslado al SAR de Campo Real. “Tengo tres hijos y decidí priorizar mi vida personal”, explica. “Desde que surgió todo esto [el anuncio de la reestructuración] hemos tenido una situación de incertidumbre, hasta que el 26 de octubre a las 12 de la noche recibí un correo electrónico con una planilla donde me decían cuál era mi adscripción. Me quedé en Campo Real, donde había seis médicos pero yo era la única con plaza propia”, explica. Con la reorganización, este servicio pasa a tener sobre el papel tres de los seis médicos que tenía, tres de las cinco enfermeras y tres de los cuatro celadores. Pero en la práctica la cosa cambia.
“El miércoles a las 15 horas empezaba mi guardia. A las 14.15 me llaman y me dicen que Campo Real queda cerrado y tengo que ir a Villarejo. Cuando llegamos, nos encontramos que hay otro celador y que a Campo Real, que teóricamente estaba cerrado, han mandado a una enfermera que estaba cubriendo una baja. A las 20 horas mandan un Uber para recoger a la celadora de Villarejo y llevarla a Campo Real, que realmente es su centro, de donde nos movieron”, explica Gema. No es el único caso: “A la doctora de Morata le mandan un Uber para recogerla. Cuando el coche llega le entra una urgencia que decide atender, que era una urgencia larga. El Uber estuvo esperando casi tres horas, hasta que la médica terminó y se tuvo que ir con el enfado de los pacientes que estaban esperando para poder entrar en Morata”.
La Plataforma SAR, que se ha dedicado en la última semana a monitorizar el funcionamiento de estos servicios, arroja datos preocupantes para las urgencias extrahospitalarias públicas de la Comunidad de Madrid. Según su información, en ningún momento han permanecido abiertos los 78 centros comprometidos por la administración con el equipo completo. Ni siquiera con una parte. El porcentaje de centros sin médico no ha bajado del 33% y sin enfermeras, del 13%. El día 3 de noviembre, el último del que hay datos disponibles al cierre de estas líneas, 42 centros abrieron con el equipo completo y 10 permanecieron cerrados.
La jornada anterior, solo 37 estuvieron completos, mientras 14 no abrieron sus puertas, según la plataforma SAR. El festivo del 1 de noviembre, el personal de los servicios rurales no tenía que cubrir estos turnos, como tampoco los sábados. La Comunidad preveía que se encargaran los voluntarios de Atención Primaria, que podrían por primera vez optar a hacer guardias. Aquel día, el descalabro fue tal que solo 14 servicios atendieron con el personal completo y en el 79%, no hubo médico. Ocurrió algo parecido el pasado sábado: el 81% no tuvieron médico, el 27% estuvieron sin enfermera y el 37% no contaron con celador.
“No es un caos”, ha insistido este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. “Una reapertura de 80 puntos que garanticen esa continuidad asistencial nunca puede ser un problema”, ha afirmado, haciendo trampas con los números. Porque no se reabren 80, sino 37. Los centros de El Molar y San Fernando ya estaban abiertos, así como los 41 SAR, a los que ahora ha sajado las plantillas. “Dentro del caos que hay, están movilizando a la gente de unos SAR a otros, pero no para dar mejor cobertura. Es que ni la gente que está trabajando se está pudiendo poner a trabajar”, explica una médica, de baja y que prefiere mantenerse en el anonimato ante el temor a represalias.
La sensación que tienen las fuentes consultadas es que con este plan no se está ofreciendo una asistencia sanitaria óptima en los servicios que se han reabierto, mientras se ha destrozado la atención rural, que funcionaba. “Como pasa en todas partes, los SAR no estaban sobredimensionados. Esto ha sido una calamidad para decir que se han abierto todos”, indica una sanitaria. “Están prácticamente destruidos, porque ya trabajábamos con cierta dificultad y ahora han partido por la mitad el pool de trabajadores”, señala otra.
Por su parte, el consejero aseguraba horas después que no se puede evaluar el plan por “la actitud de boicot permanente por parte de la izquierda, que ha tenido situaciones que nos hemos encontrado para su puesta en marcha como son esas ausencias sobrevenidas [de sanitarios]” y que “han obligado a que el plan no haya podido expresarse en su máxima expresión y no han permitido que la apertura sea del 100% sino del 90%”.
Ayuso culpa a la izquierda
En medio de la crisis abierta en la sanidad madrileña, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, evitó cualquier atisbo de autocrítica y acusó este jueves a la izquierda de boicotear los servicios públicos. “Cada vez que a la izquierda le va mal, recurren a la sanidad pública, que pretenden boicotear una y otra vez porque solo saben vivir de sembrar el terror y el miedo entre los ciudadanos”, afirmó en la Asamblea. Desde la misma Cámara regional tuvo que rebajar el tono con los profesionales sanitarios, a quienes desde su entorno habían deslizado acusaciones veladas de boicot: “Agradezco a todos los profesionales que no han dudado un segundo en acudir a trabajar y a aquellos que irán a trabajar a pesar de la presión sindical y el terror político”.
En el mismo pleno, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, anunció una denuncia ante la inspección sanitaria por esta gestión. “Desde el inicio de su funcionamiento, y no por incidencias sobrevenidas, han sido numerosas las deficiencias organizativas (comunicativas sobre el servicio a horas intempestivas, modificaciones de plantillas) y de dotación de efectos personales (falta generalizada de médicos, personal de enfermería y celadores)”, indica el escrito.
Por su parte, el jefe de los socialistas madrileños, Juan Lobato, afeó a la presidenta haber despedido a 6.000 sanitarios para decir ahora que no hay médicos. “Corregir errores no es una derrota. Contrate de nuevo a los 6.000 sanitarios que despidió”, ha insistido este viernes. Desde la Consejería no han ocultado nunca el problema de la falta de médicos. “Mientras el déficit de profesionales sea el que tenemos, nos va a ser imposible la contratación de profesionales”, llegó a reconocer en octubre el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados.
Ayuso, sin embargo, dejaba este jueves otro recado, que puede anticipar próximos movimientos. Lo hacía a cuenta del número de atenciones en las urgencias extrahospitalarias, que el consejero ha cifrado este viernes en 14.000, el 55% de ellas de enfermería. “Nos orienta muy bien en el servicio que tendremos que prestar”, había avanzado la presidenta. Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) han calificado los últimos movimientos de la Consejería de “desastre”. “La desorganización y el caos organizativo están teniendo una gran repercusión tanto para los profesionales sanitarios como para los usuarios”, señalaban este jueves en un comunicado.
Cascada de dimisiones
Pero las críticas y los movimientos contra esta reorganización le llegan a la presidenta madrileña de propios y extraños. Este viernes, la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Alejandra Jacinto pedía la dimisión del consejero, pero son otros los que están abandonando el barco. Si a mediados de octubre era la gerente de Atención Primaria la que dimitía, según la Consejería por motivos “médicos y personales”, esta semana han renunciado a su cargo la segunda en el organigrama y los directores asistenciales encargados de los centros de salud del sureste de la Comunidad. Es decir, directivos puestos por el propio Ejecutivo.
Escudero enmarcó en la mañana del viernes estas renuncias en los “ajustes con el equipo” tras los nombramientos que se han producido en los últimos meses en su departamento. Pero lo cierto es que esos “ajustes” estarían propiciados por ceses y no renuncias, por mucho que el consejero trate de hacer calar el mensaje de que “no es ninguna dimisión en bloque”. “El presidente del Gobierno ha cambiado 40 ministros y no es un problema”, afirmó en un acto junto a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que hizo una llamada al “entendimiento” y aclaró: “En cualquier caso, el presidente Sánchez no ha cambiado nunca 40 ministros”.
Por la tarde, el consejero ya ha nombrado la palabra “dimisión” y ha reconocido su deseo de que se reincorporen a sus puestos. “He tenido la oportunidad de hablar con todos ellos”, ha dicho, “hemos recogido cuál es su sentir y les hemos transmitido que siempre, con todos los profesionales y equipos directivos que quieren seguir trabajando con la Consejería de Sanidad, tienen las puertas abiertas”.
Y si la primera semana ha estado marcada por el caos organizativo, la próxima no se presume más calmada. Este viernes comenzó una huelga, que se alargará hasta el domingo, convocada por los sindicatos Summat, Mats y Csif. El lunes 7, empalmará con el llamamiento del sindicato mayoritario de médicos en la región, Amyts, para el personal por la reorganización, que arrancará con servicios mínimos del 100%, lo que en la práctica no es una huelga, y con una concentración a las puertas de la Consejería de Sanidad. Mientras tanto, los profesionales hacen un llamamiento: “Que la sanidad pública sobreviva a esta gente y volvamos a tenerla como la que teníamos”.