Ayuso se la juega con el inicio de curso: un Gobierno partido en dos y la amenaza de la moción de censura

Después de un agosto crítico en Madrid, con los contagios disparados y una gestión del Ejecutivo autonómico puesta en entredicho, el nuevo curso político será la prueba definitiva para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los epidemiólogos alertan desde hace días de que en la región hay transmisión comunitaria. Y la vuelta a las aulas, advierten, puede ser la “tormenta perfecta” para que el inicio de la segunda ola epidémica se descontrole por completo si las medidas anunciadas no llegan en la comunidad autónoma que fue la zona cero de la pandemia en primavera.

A la vuelta de vacaciones se le acumulan los frentes a la dirigente popular: la reapertura de los centros educativos coincidirá, además, con el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, que partió en dos el Gobierno regional con un enfrentamiento sin precedentes entre consejeros de PP y Ciudadanos que sigue enquistado. Hay compañeros de Gobierno que no se hablan y las zancadillas se suceden entre las dos alas de la coalición. La amenaza de una moción de censura planea sobre el Gobierno desde hace muchas semanas, aunque ningún partido de la oposición se ha atrevido a dar el paso.

Díaz Ayuso regresaba de sus vacaciones el pasado martes para presentar personalmente –diez días antes de la reapertura de los colegios– el plan que ha diseñado su Gobierno para la vuelta al cole. Dos días antes de la reunión de coordinación fijada por el Gobierno con todas las autonomías, la presidenta madrileña prometía la contratación de 11.000 profesores –7.400 para la educación pública y el resto para la concertada– con el objetivo de garantizar ratios de 20 alumnos por aula.

Pero el plan arranca con fisuras: el Gobierno regional esperó hasta el pasado miércoles para aprobar una partida presupuestaria de 18,9 millones de euros destinada a la adecuación de los colegios (nuevos espacios, ventilación…). Las obras, según anunció el vicepresidente regional Ignacio Aguado, se alargarán hasta finales de año. La oposición y los sindicatos consideran que es un muestra más de la “improvisación” en la elaboración de las medidas teniendo en cuenta que los colegios cerraron en marzo. La huelga que anunciaron antes de conocerse el plan regional, por tanto, se mantiene. Es el primer territorio donde se convocó.

Díaz Ayuso es la única presidenta autonómica que se enfrenta a las movilizaciones de la comunidad educativa. Los principales sindicatos mantienen el paro a la espera de que los planes anunciados se materialicen. Aunque la música les suena bien, porque el plan del Gobierno regional recoge muchas de sus reivindicaciones –más profesorado, ratios más bajas y pruebas serológicas masivas para los docentes–, en CCOO, UGT, CGT y Stem no se acaban de fiar de que se vayan a poner en marcha a tiempo. “No es la primera vez que prometen una cosa y luego no cumplen, ya no nos fiamos”, decía esta semana la portavoz de Comisiones Obreras Isabel Galvín a elDiario.es. Además siguen reclamando presencialidad de todos los niveles que garantice la igualdad de oportunidades de docentes y alumnos.

La presidenta madrileña afronta el reto de gestionar la educación –pero también la sanidad y las residencias– sin el paraguas del estado de alarma, que Ayuso utilizó para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez y para culparle de la situación económica y sanitaria de la autonomía durante las peores semanas de la pandemia, a pesar de que todas las competencias sanitarias seguían siendo regionales. La dirigente del PP hacía un llamamiento estos días a que el Gobierno central vuelva a asumir las riendas de la pandemia: “No se puede pasar del estado de alarma a la nada”, decía la jefa del Ejecutivo madrileño. Ayuso, sin embargo, rechazaba el ofrecimiento de Sánchez de que las comunidades autónomas soliciten estados de alarma individualizados.

La experiencia de gestión de Ayuso este verano desde que decayera el estado de emergencia el 21 de junio ha terminado con la región desbordada por los contagios. En los distritos y municipios del sur, el condicionante socioeconómico –menos recursos, trabajos precarios, viviendas pequeñas, pisos patera...– ha disparado los casos hasta el punto de que la incidencia por cada 100.000 habitantes dobla la de otros lugares de la región. Y está bajo sospecha el plan que presentó al Ministerio de Sanidad antes del verano para pasar de fase, cuando la presidenta y todo su partido acusaba al Gobierno central de boicotear a Madrid, “la locomotora de España”, por intereses partidistas. Ahora se sabe que el Ejecutivo regional no contrató a los rastreadores que había comprometido. Algunos centros de salud siguen cerrados. Y los médicos de Atención Primaria, la gran damnificada de la sanidad madrileña, se asoman al colapso. Madrid también fue la última autonomía en imponer como obligatoria la mascarilla.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, volvía a recomendar esta semana “evitar viajes innecesarios” y permanecer en casa en los municipios más afectados. Zapatero lleva diez días avisando de que la región estudia nuevas restricciones a la movilidad y a “actividades sociales” como la restauración y los encuentros familiares. El mensaje del que fuera el director del hospital de Ifema choca con la petición de Ayuso de “no alarmar”, ya que eso podría perjudicar a la economía de Madrid, argumentó la presidenta regional sobre la preocupación manifestada por el Ministerio de Sanidad por la situación descontrolada en la autonomía. Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Martínez-Almeida cierra parques y piscinas.

Los datos no acompañan a la presidenta madrileña: la región concentra ya más de un tercio de todo lo que se está diagnosticando a nivel nacional. Sanidad notificó este viernes 9.799 casos, de los que 3.441 pertenecen a la Comunidad de Madrid. Las hospitalizaciones semanales tampoco han dejado de multiplicarse desde principios de agosto, y aunque la región está lejos de la situación asistencial que tenía en los peores meses de la pandemia cuando la sanidad colapsó, los profesionales sanitarios miran de reojo las cifras preocupados por lo que pueda pasar.

Madrid vuelve a estar a la cabeza de casos en el país y la explicación que dan los expertos tiene que ver con la polémica gestión en la contratación de los rastreadores. El Gobierno regional ha ido aumentando a trompicones la plantilla de controladores recurriendo, meses después de prometer al Ministerio los suficientes para pasar de fase en la desescalada, a voluntarios, a la privatización y a personal de ayuntamientos. La plantilla es actualmente de 560 rastreadores –uno para cada 12.000 habitantes–. La administración regional espera sumar otros 150 de los militares que el Ministerio de Defensa puso a disposición de las comunidades autónomas.

A la falta de controladores se suma otro problema al sistema de rastreo madrileño. La última semana, uno de los principales hospitales de la capital,  el Clínico San Carlos, ha dejado de notificar las pruebas diagnósticas por falta de reactivos para la realización de las PCR. La avalancha de tests también ha puesto en evidencia la falta de técnicos de laboratorio, como denunciaba este viernes Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Española de Técnicos de Laboratorio (AETEL), en una entrevista en La Sexta.

Desde el Ejecutivo regional algunas voces reconocen que Ayuso lo fió todo al hospital de emergencias en Valdebebas que no estará operativo hasta octubre o noviembre, y en el que ha invertido más de 50 millones de euros. En el Gobierno autonómico estas mismas personas admiten que ha sido una estrategia “fallida” porque se “subestimó” lo que podía ocurrir en verano. Otros creen que cuando se ponga en marcha servirá para frenar la ola: “Cuando el hospital de pandemias abra esto será otra cosa”, dice un portavoz del equipo de la presidenta madrileña.

Para los expertos, el tiempo que Madrid dejó de rastrear el virus –todo el mes de julio– ha sido un tiempo perdido que hipoteca lo que pueda ocurrir en los próximos meses. “Se ha perdido mucho tiempo y esto ha tenido una explosión en el número de casos por los asintomáticos que no se detectaron a tiempo”, concluye Pilar Serrano, secretaria general de la Asociación de Salud Pública de Madrid. Serrano es positiva y cree que la curva todavía se puede frenar, pero la gestión que haga el Gobierno regional las próximas semanas será “determinante”, concluye la epidemióloga.

El Gobierno regional se escuda en que la situación no es tan grave porque la carga asistencial en los hospitales no es la que vivió la región en primavera. Los ingresos rondan los 1.500 cuando en las peores semanas de marzo y abril alcanzaron los 15.000. ¿La explicación? los contagios este verano se han concentrado en la población de entre 15 y 49 años, en la que el virus es menos letal. También porque la carga viral es menor que hace unos meses, algo que los expertos creen que podría cambiar en otoño por un mayor uso de los espacios cerrados. No obstante, la situación no es igual en todos los hospitales. El 12 de Octubre, situado en la zona de más contagios, empieza a ver desbordada su capacidad y ha comenzado a suspender cirugías. Otros, como el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, o el de Getafe, ya no permiten las visitas a los pacientes hospitalizados, según confirmó la Consejería de Sanidad a elDiario.es esta semana.

Con este escenario, el nerviosismo y las discrepancias internas en la gestión de la epidemia vuelven a vislumbrarse en el Gobierno regional incluso entre consejeros del mismo signo. La cancelación de la feria taurina prevista para este fin de semana en Alcalá de Henares puso de manifiesto cómo los intereses económicos y los sanitarios no siempre van de la mano en las decisiones del Gobierno regional, como ocurrió en mayo cuando la entonces directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, acabó dimitiendo tras negarse a firmar un informe que pedía el cambio de fase en la región. En este caso, la Consejería de Interior autorizó la corrida de toros y horas después Salud Pública emitió un informe dirigido al Ayuntamiento de Alcalá de Henares en el que lo “desaconsejaba” por la incidencia que el virus podía tener en un evento que iba a congregar a más de 5.000 personas. Interior acabó suspendiendo el evento taurino solo un día después de autorizarlo por la alarma de la Consejería de Sanidad.

Comisión de investigación de residencias y ¿moción de censura?

Las deficiencias en la gestión del Gobierno madrileño durante el verano ponen la gestión de la presidenta madrileña en el ojo del huracán. En el PP algunas voces ya cuestionan la estrategia “estridente” de Ayuso contra el Ejecutivo central y critican algunas de sus decisiones. Para frenar el ruido interno, el presidente popular, Pablo Casado, se trasladaba el pasado jueves a la Puerta del Sol para respaldar públicamente a la presidenta madrileña, su gran apuesta en las elecciones autonómicas de 2019.

Este apoyo llega después de que Casado ascendiera al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, como portavoz nacional, en un giro que algunos en el partido interpretaron como una apuesta por la moderación contrario al que ha representado hasta ahora Ayuso. El presidente del PP terminó su visita para conocer el plan madrileño para la vuelta al cole reafirmando su compromiso con la líder madrileña, cuya Presidencia es clave para el dirigente popular en los difíciles equilibrios internos con los que tiene que lidiar en el partido. Casado necesita a Ayuso. Pero a una Ayuso fuerte.

La realidad es que todo puede pasar en este nuevo curso político. La vuelta al cole no es el único reto al que se enfrenta Ayuso y cualquier traspié podría impulsar la moción de censura que reclaman algunos desde la oposición. Desde el PSOE, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la descartaba por ahora. “No es el momento”, dijo Franco, que daba una pista sobre por dónde pueden ir los tiros de esa espera: los socialistas preparan la salida de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo –para ello necesitan al PP– antes de ponerse a pensar en sacar a Ayuso del Gobierno. En el PSOE no quieren una moción para perderla y para ello necesitan que Ciudadanos la apoye. Si se despistan mucho, Más Madrid y Unidas Podemos-IU, que llevan semanas reclamándola, se pueden adelantar.

“Se inicia un curso político marcado por la improvisación, que por otra parte ha sido la tónica general de este Gobierno desde hace un año”, dice el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. “Nosotros tenemos la representación que nos han otorgado los ciudadanos y estamos dispuestos a hablar con cualquier grupo para que haya una alternativa cuanto antes”, añade Perpinyà. Para la portavoz de Unidas Podemos-IU, “echar a Ayuso es un imperativo moral”.

El calendario político podría dar la mejor excusa. En septiembre arranca en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias –donde fallecieron más de 6.000 ancianos en pocas semanas sin acceder a la atención sanitaria–, que amenaza con poner sobre la mesa las deficiencias de una gestión cuanto menos controvertida. Las órdenes internas de no trasladar a los residentes a los hospitales ya partieron en dos al Ejecutivo madrileño con el duro enfrentamiento público entre el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Y el desfile por la Cámara madrileña de técnicos, trabajadores, familiares y sanitarios asusta a ambos partidos.

De momento, el letargo estival ha servido para disimular las rencillas internas en el Gobierno regional, pero las delicadas relaciones entre los socios de coalición pueden volver a estallar por los aires en septiembre si la gestión de la pandemia se descontrola de nuevo. La estrategia de Ayuso para sacar cabeza del bache veraniego pasa por aprobar en otoño las cuentas de 2021. La presidenta madrileña necesita a Vox y para ello prometió una crisis de gobierno que redujera varias carteras para cumplir con una de las exigencias de la extrema derecha. La remodelación está en marcha y desde Ciudadanos y PP creen que podría anunciarse a mediados de septiembre coincidiendo con un debate del Estado de la región. Sobre la mesa también está el cese de los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales, aunque algunas voces creen que la gestión del verano podría frenarlas: “Si destituye a Escudero sería como reconocer que la gestión que ha hecho durante el verano ha sido nefasta. Se estaría enmendando. Eso salvaría a Alberto Reyero porque Ciudadanos no va a permitir que sea la cabeza de turco y menos con la comisión empezada”, argumenta un diputado de Ciudadanos.

Tras la discutida gestión de la sanidad en la primera ola, y el fiasco de las residencias, el Gobierno de Ayuso se enfrenta ahora al inicio de curso más complicado, con un gabinete partido en dos y la imagen de la presidenta por los suelos.