Ayuso paga una campaña para fomentar las propinas en los bares tras oponerse a la subida del salario mínimo

En la pantalla aparecen unas monedas, poco más de un euro en total. El sonido de la campanilla se funde con el del piano del hijo de Elena, que aplaude embelesada mientras lo ve tocar. Es una camarera que gracias a la calderilla se ha podido permitir unas clases de piano para su pequeño, según la ficción de una campaña institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid para animar a la población a dejar propina en los bares después de que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se haya posicionado reiteradamente en contra, hace apenas unos meses por última vez, de la subida del salario mínimo interprofesional. 

“Son las clases de piano del hijo de Elena; es el regalo de cumpleaños con el que un año más Roberto ha vuelto a sorprender a Concha; son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés”, empieza el anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Ayuso, que luego, con una música triunfal de fondo, sostiene que “las propinas hacen posible esos pequeños sueños de quien nos atienden cada día”. 

“Para nosotros es un pequeño gesto, pero para ellos es el pequeño gesto que les permite llegar a esas ilusiones tan necesarias. Porque ha llegado a volver a hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. Volvamos a dejar propina”, pide el spot publicitario, que cierra con un hashtag “#yodejopropina”. 

El Gobierno de Ayuso, que desde la pandemia se ha autoerigido en una suerte de defensor de la hostelería, lanza esta campaña para enviar, se entiende, un doble mensaje: el personal del sector no está quizás bien pagado pero la responsabilidad no es del empleador sino del consumidor que en algún momento dejó de dar unos euros extra al final de la comida o del café. El sueldo base de un camarero en la Comunidad de Madrid ronda los 1.000 euros, según el convenio del sector.

En Estados Unidos, donde en general la propina es un porcentaje de la cuenta que el consumidor está obligado a pagar por ley, ha habido numerosas revueltas en los últimos años contra un sistema inicialmente pensado para compensar los bajos salarios de los trabajadores del sector. 

En 2018, en el estado de Washington los trabajadores lograron impulsar una reformar para acabar con el sistema, toda vez que el empresario, que debía complementar el salario si el camarero no alcanzaba un mínimo en propinas, muchas veces no lo hacía. Esa situación se había dado previamente en ciudades como Seattle o San Francisco, donde desde que se equiparó el salario mínimo al porcentaje aproximado que dejaban las propinas, el empleo creció y los sueldos de los trabajadores de la hostelería se incrementaron aproximadamente un 20%. 

Ayuso, en contra de las evidencias que dejan estas experiencias, pide a los consumidores que dejen algo más de dinero mientras rechaza continuamente las subidas del salario mínimo interprofesional que ha ido ejecutando el Gobierno central durante la legislatura. Para la presidenta madrileña las subidas del SMI “no se han demostrado útiles” y solo sirven para “destrozar más empleo”. “No es una cuestión de que los ciudadanos ganen más, más que eso es importante qué efectos tiene. Si se hace de esta manera unilateral impuesta puede destrozar más empleo”, dijo durante el debate de esta medida en el seno del Gobierno. Ningún indicador ha dado la razón a la presidenta y el empleo goza de cifras récord. 

Hace poco, volvió a pronunciarse en la misma línea: dijo que las subidas del SMI se habían demostrado inútiles y contraproducentes. “Según los resultados de otras subidas y por los informes de organismos independientes, como el Banco de España, esto sobre todo lo que hace es pulverizar el empleo, especialmente el juvenil, y destrozar a la pequeña y mediana empresa, que es la mayoritaria en España”, dijo a principios de curso, a pesar de que tanto el Banco de España como la AIReF han constatado que hasta ahora el impacto de esas subidas en el empleo ha sido muy limitado.

Con la inflación disparada, hace unos meses matizó su postura y se abrió a que pueda estudiarse una subida del salario mínimo. Así lo dijo en una entrevista en La Razón, pero siempre dejando claro que debe hacerse siempre y cuando los agentes sociales, es decir la patronal, avalara la medida. “Actuar por decreto en el contexto actual solo bloquea la contratación y perjudica a las empresas”, defendió. Los recientes incrementos del SMI han revelado que el comercio, la limpieza y la hostelería son los sectores más beneficiados por esta medida.