La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas aprobado por el Congreso en noviembre y pide la suspensión inmediata del mismo a través de medidas cautelares. El Ejecutivo regional considera que el tributo que ya se encuentra en vigor “invade las competencias fiscales y financieras de las comunidades autónomas” respecto a lo que dice la Constitución.
Así lo ha avanzado tras la reunión del Consejo de Gobierno el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio. Va contra el ahorro y la inversión“, ha defendido Ossorio durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos. La Comunidad de Madrid ha pedido medidas cautelares aunque reconoce que ”es muy difícil“ que se las concedan. ”El fondo se gana seguro, ese impuesto está mal por todos los sitios. La cautelar es muy difícil porque es una norma aprobada en el Congreso y en el Senado y es muy difícil“, ha asegurado Ossorio.
En el recurso ante el Constitucional, el Ejecutivo autonómico considera que “el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008”. El diseñado por el Gobierno central, a su parecer, “impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las autonomías en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños”.
El Gobierno de Ayuso sostiene que “no está justificada la creación del gravamen al no existir una necesidad recaudatoria real”. La administración madrileña defiende que “ya que se han alcanzado cifras récord en estos momentos debida a la coyuntura económica por la alta inflación y la política fiscal del Gobierno de España”. Con todo, el Ejecutivo regional subraya que se ha ignorado “lo recogido en la Constitución Española en cuanto a la arbitrariedad de los poderes públicos”.
Según las estimaciones del Ejecutivo regional, el tributo aprobado en el Congreso puede suponer que dejen de llegar a la Comunidad de Madrid más de 1.200 millones de inversión extranjera al año, además de ocasionar la pérdida de 13.000 contribuyentes y 5.000 millones de ingresos.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha cargado contra la Comunidad de Madrid por el recurso interpuesto este miércoles ante el Tribunal Constitucional por el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, para el que solicita su suspensión cautelar.
El Gobierno, a través de un comunicado de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al Gobierno regional de defender “solo a una minoría privilegiada a costa de empeorar los servicios públicos de la mayoría” y ha defendido la constitucionalidad del impuesto. “La señora Ayuso y su gobierno no quieren que quienes más tienen contribuyan más a financiar los servicios públicos o los recursos del Estado de los que luego nos beneficiamos todos. Medidas como los ERTE, el descuento de la factura de la luz o el transporte gratuito surgen de los impuestos que pagamos entre todos”, concluye la ministra.