Ayuso reduce en dos años de 55 a 39 las plazas en pisos para víctimas de violencia machista

La Comunidad de Madrid ha reducido en los últimos dos años las plazas en los pisos destinados a mujeres víctimas de violencia de género. Si en 2022 –y años anteriores– había ocho pisos y 55 plazas; en 2024, se reducen a seis pisos y a 39 plazas, tal y como recoge el proyecto de presupuestos aprobado el pasado viernes en la Asamblea de Madrid gracias a la mayoría absoluta del PP. Esta disminución no es nueva. Ya comenzó en 2023, cuando los pisos pasaron a siete y las plazas a 47.

Los pisos tutelados –como los denomina la Comunidad de Madrid– son un recurso que ofrecen las administraciones públicas para las víctimas de violencia machista cuando termina la estancia en los centros de acogida, un alojamiento temporal con asistencia psicológica y jurídica que trata de normalizar la vida de las víctimas que huyen de su agresor. Los pisos tutelados son la siguiente opción para las mujeres (con sus hijos si los hubiera) que no pueden hacer solas frente a su emancipación, con el objetivo de que consigan más autonomía personal y familiar tras salir de la relación de violencia.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales justifica esta disminución en que dos de los pisos “han sufrido ocupaciones ilegales” y su situación “está judicializada”, algo de lo que el Gobierno regional no había informado hasta ahora y que no se refleja en la memoria de los presupuestos. Preguntado por qué no se han buscado alojamientos alternativos, un portavoz de departamento que dirige Ana Dávila asegura que a día de hoy la dirección general de Igualdad “cuenta con seis plazas libres en sus pisos tutelados” y a fecha de hoy “no hay ninguna solicitud de entrada en los mismos”.

La explicación de la Comunidad de Madrid llama la atención teniendo en cuenta que las denuncias por violencia de género y las órdenes de alejamiento han crecido en la región el último año, como reflejan los datos del Consejo General del Poder Judicial. Solo en primeros nueve meses de 2023 –todavía no hay datos del año completo–, 21.317 mujeres denunciaron a su pareja o expareja en la Comunidad de Madrid, 614 más que en mismo periodo del año anterior.

También aumentan las órdenes de alejamiento dictadas en los juzgados de violencia de la mujer, que en octubre crecieron hasta las 2.181, frente a las 1.914 dictadas en el mismo periodo de 2022.

Estos dos no son los únicos indicadores alarmantes de que esta lacra no ha dejado de crecer en la región. En el último año, también ha crecido el número de usuarias activas de ATENPRO, el servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género que ha atendido en la región en lo que va de año a 2.070 mujeres. En 2022 fueron 1.897.

La disminución de las plazas en los pisos tutelados de la Comunidad de Madrid coincide con una disminución del presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, a pesar de que el presupuesto regional para 2024 asciende a 27.558 millones de euros –la cifra más alta hasta la fecha–, un 20% más que los últimas cuentas aprobadas en 2022. Pese a este aumento, la cantidad para acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad de oportunidades disminuye hasta los 40,5 millones de euros, un 2,1% menos que el gasto realizado en el año 2022, aunque muy por debajo de los 52 millones que se iban a destinar a este fin en 2023.

“Un año especialmente trágico”

55 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023 en todo el país, siete de ellas en la Comunidad de Madrid. Dos de esos asesinatos se produjeron hace apenas un mes en la región, además del de la hija de una de las víctimas. Una de ellas denunció y tuvo orden de alejamiento, pero su agresor fue absuelto.

“No hay ninguna razón para que se reduzca un recurso de recuperación de las mujeres víctimas en un año especialmente trágico”, considera Marisa Soleto, directora de Fundación Mujeres. Soleto recuerda además que la Comunidad de Madrid recibe dinero del Ministerio de Igualdad para la lucha contra las violencias machistas. “El apoyo económico en ese sentido del Estado se mantiene, por eso no se entiende que se reduzcan recursos y menos después de un año como este”, lamenta.

En la misma línea se manifiesta la portavoz de Igualdad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales. “La falta de preocupación de la presidenta Ayuso y la Consejera Ana Dávila respecto a la violencia machista es alarmante”, lamenta. “Reducen el presupuesto destinado a la lucha contra esta lacra en 12 millones para 2024, y lo dejan en 40 millones de un presupuesto de más de 27.500. El reflejo del nulo compromiso del Gobierno Regional con las mujeres, más de la mitad de la ciudadanía”, concluye Morales.

Para la diputada socialista la justificación del Gobierno regional para reducir plazas en los pisos tutelados no se sostiene. “Si tienen los pisos ocupados ilegalmente tienen recursos suficientes para haber alquilado viviendas o haber hecho otro tipo de acciones”, considera Morales, que resalta que teniendo en cuenta el “alarmante” número de denuncias, si a día de hoy tienen plazas libres es que “la Comunidad de Madrid tiene un problema en el acceso a la protección bastante gordo y deberían revisarlo”. “Es evidente que algo está fallando”, concluye.

En Comisiones Obreras Madrid también denuncian que aunque los presupuestos recogen una previsión de 4.000 resoluciones judiciales y de 18.000 mujeres atendidas en los puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, el Gobierno regional solo tiene previsto dar 150 ayudas económicas, otorgar recursos asistenciales a 405 mujeres y 370 menores y no asistenciales a 2.500 mujeres y 250 menores. Está previsto igualmente conceder 200 títulos habilitantes de la condición de víctima o desarrollar tres campañas de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres, explica Lidia Fernández Montes, secretaria de las mujeres del sindicato.

“Lo que supone reducir el número de pisos tutelados es que hay menos recursos para las mujeres víctimas en nuestra Comunidad”, lamenta Fernández Montes sobre que se reduzcan las plazas. “Hay un desmantelamiento del sistema público de atención a las víctimas por parte del Gobierno de Ayuso”, añade. La secretaria de las mujeres de CCOO Madrid explica que “no hay ni un solo ítem de los indicadores de los presupuestos en el que aumente la atención a las víctimas de violencia de género. Los recursos se mantienen o se reducen, pero en ninguno de los indicadores se aumenta”.