La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha comprometido este miércoles durante el debate de investidura a reformar la ley trans autonómica, un compromiso que adquirió con Vox en la pasada legislatura y que ahora ha anunciado que hará con su mayoría absoluta. “Nadie va a quedar desamparado en sus legítimos derechos, pero tampoco se va a hacer ingeniería social a costa de nadie”, ha asegurado Ayuso durante su discurso de investidura.
“Debemos seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales. Pero garantizando en todo momento la calidad legislativa; la constitucionalidad de todos los artículos de la ley; la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida; la protección de los menores; la libertad educativa y de cátedra; la seguridad jurídica”, ha enumerado. Y ha proseguido: “También la presunción de inocencia; la libertad de prensa; y la no criminalización de la intervención de los profesionales sanitarios”.
Durante el debate de investidura ha lanzado un claro mensaje a la formación de extrema derecha. “El resultado de Vox” en la región en las elecciones del pasado 28 de mayo, ha dicho Ayuso, ha dejado en evidencia “que su electorado quiere que dejen de votar contra los intereses” de la autonomía “por tacticismo”. “Los ciudadanos han hablado claro: no quieren inestabilidad parlamentaria”, ha defendido durante su discurso en la primera sesión del Pleno de investidura, que se celebra en la Asamblea de Madrid.
Ayuso entra en campaña contra Sánchez
La primera parte del discurso de la presidenta regional antes de meterse a prometer –a muchas de las medidas anunciadas ya se había comprometido con anterioridad– ha tenido como principal protagonista Pedro Sánchez. Ayuso ha entrado así de lleno en la campaña del 23J. “Aquí empezó la reconquista de la libertad y la tendencia ya es imparable”, ha asegurado la presidenta regional sobre la cita electoral.
“El buen nombre y el prestigio de España, la prosperidad de las nuevas generaciones, el orden constitucional, la convivencia, la libertad y la pluralidad están comprometidos. Madrid lo ha puesto de manifiesto desde el primer día. Ejercimos nuestra responsabilidad patriótica”, ha continuado declarándose la abanderada de esos españoles “de bien” a los que alguna vez se ha referido. “Se nos quiso desprestigiar y dificultar el camino: llegando incluso a querer descapitalizar España, o a encerrarnos ilegalmente. Pero ya toda España es consciente de lo que ocurre, y de que nuestras políticas fueron desde el principio una alternativa real y una esperanza”, continúa.
Es en ese punto, Ayuso también se ha referido a EH Bildu, el partido que fue en los comicios del 28M su principal late motive de campaña: “Bildu sí está gobernando España, y ellos y sus socios sí han buscado el desprestigio o el ninguneo de nuestras más altas instituciones”, ha defendido a pesar de que la formación vasca no apoyó la investidura de Sánchez y solo ha apoyado algunas de las iniciativas y leyes del gobierno.
Impuesto de plusvalías: obligatorio para los ayuntamientos del PP
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este miércoles durante el debate de investidura que obligará a los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular a rebajar el impuesto de plusvalía, a pesar de que el Gobierno regional no tiene competencias en este tributo que supone para algunos consistorios buena parte de sus ingresos. Dada esta falta de competencias, la medida será una recomendación para el resto de ayuntamientos.
La nueva rebaja fiscal que defiende el Gobierno madrileño consiste en “reducir este tributo municipal que grava la revalorización de terrenos urbanos como viviendas y locales, y al que hacen frente todos los ciudadanos cuando se realiza una transmisión de la propiedad, ya sea por compra, donación o herencia”. Actualmente, el impuesto de plusvalía se aplica si el valor del activo inmobiliario se ha incrementado entre el momento de la compra y el de la transmisión. Se calcula usando unos coeficientes que determina el Estado cada año. Por su parte, los ayuntamientos son los que establecen los valores máximos y sobre los que pueden establecen bonificaciones.
Ayuso, que ha hecho bandera política de evitar interferencia del Estado central en las medidas fiscales autonómicas, busca ahora influir en las competencias de otras administraciones: los ayuntamientos.