Hace diez años, un plan de privatización masiva de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid provocó una reacción de los profesionales que, enfundados en sus batas, salieron a protestar en lo que acabó llamándose la marea blanca. Tras 15 meses de movilizaciones, el plan decayó y su ideólogo dimitió como consejero de Sanidad.
Una década después, un plan de la misma comunidad autónoma para acallar las protestas ciudadanas por el cierre durante dos años de los servicios de urgencia de atención primaria, pero sin invertir en plantilla para reactivar esos centros, ha despertado una nueva marea blanca contra el deterioro de la sanidad pública.
Ahora, como entonces, hay un denominador común: Javier Fernández Lasquetty. En 2012 era el consejero de Sanidad de Ignacio González. En 2022 es el consejero de Hacienda de Isabel Díaz Ayuso. “Cuando lo nombraron nos entraron sudores porque con las movilizaciones de 2012 y 2013 le hicimos mucho daño político”, reflexiona Yolanda Cabrero, especialista en el hospital de Getafe.
“Siempre pensé que, si tenía la oportunidad, iba a vengarse y tratar de completar su plan, que es depauperar la sanidad pública para ir hacia el modelo que él defiende: similar al de Holanda”, abunda esta médica que participó en la marea blanca de 2012 y ahora es delegada sindical de Amyts. El impulso por privatizar la sanidad pública viene de lejos en el Partido Popular.
Cabrero se refiere a las palabras de Lasquetty en noviembre de 2021 en las que decía que “en Holanda, el sistema sanitario público consiste en que tengas seguro privado”. Y abrochó su intervención con un “solo lo digo pa que se sepa”.
Siempre pensé que, si tenía la oportunidad, iba a vengarse y tratar de completar su plan, que es depauperar la sanidad pública para ir hacia el modelo que él defiende
“Ahora creo que tiene más poder porque controla la caja del dinero. Y, además, no se expone públicamente. Eso hace más que las declaraciones incendiarias”, remata la médica.
“Claro que está detrás. Ha venido a acabar lo que no pudo hacer en 2012”, asegura la directora de centro de salud Mar Noguerol. Esta sanitaria es una voz constante de protesta contra la gestión sanitaria en Madrid y ahora afronta un expediente sancionador por presuntas contrataciones irregulares, aunque ella sostiene que no es más que un castigo para acallarla.
“Lo que ocurre es que, entonces, se utilizó el argumento de la eficiencia y de ahorrar dinero y ahora han pasado directamente al desprecio y al insulto. A tratar de poner a la población en contra de los sanitarios”.
Un plan de González, Lasquetty y Ossorio
Lo que ocurrió el 31 de octubre de 2012 fue que el entonces consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (que hoy es el vicepresidente de Isabel Díaz Ayuso y consejero de Educación), llevaba bajo el brazo unos presupuestos con un buen tajo a los recursos sanitarios. Dentro había un plan de privatización de la sanidad a gran escala que abría un negocio de 400 millones de euros a las empresas.
Al día siguiente, el diseñador de aquel plan, Fernández Lasquetty, desglosaba sus puntos: privatización en seis hospitales, en 27 centros de salud, pago de un euro por cada receta, fin de la actividad quirúrgica por las tardes y conversión del Hospital de La Princesa en un centro geriátrico.
Este último punto, quizá el menos llamativo, detonó las protestas. Los sanitarios vieron que se iba a desmantelar un hospital general. Comenzaron a concentrarse cada tarde frente a la fachada del hospital y a cortar el tráfico. Pidieron firmas para detener el plan. Firmó hasta la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, adalid del PP. “La marea empezó con La Princesa”, recuerda Noguerol.
De hecho, ante la tormenta profesional, la Consejería de Sanidad dio marcha atrás en su intento de convertirlo en geriátrico, pero ya era tarde para contener la oposición. La chispa del malestar ya había prendido más allá del caso de La Princesa.
“Fueron poco inteligentes porque quisieron hacerlo todo de golpe”, recuerda Yolanda Cabrero. El resto de los centros de la Comunidad se activó. El 18 de noviembre de aquel año se celebró una manifestación multitudinaria con el lema: “La sanidad pública no se vende, se defiende”. En aquella marcha se vieron jefes de servicio de hospital, una cosa inédita, según comentaban los asistentes. Las mareas se repitieron cada mes.
Los médicos fueron a la huelga –como en este 2022–. No tuvieron éxito en cuanto a revertir la decisión de privatizar, pero consiguieron el apoyo de los ciudadanos y, así, recogieron donaciones para lanzar también una lucha judicial. A la larga fue lo que paralizó las privatizaciones.
“En ese tiempo pensaron que iban a ganar”, dice Noguerol. “Ignacio González no participó tanto. Lo dejaba en manos de Lasquetty. Ahora Ayuso se ha metido a tope”.
Cabrero piensa que aquella primera marea blanca “era más longitudinal, liderada por los profesionales. Tiraron más los sanitarios. En esta creo que se ha trasladado más a la población, que se ha unido con los profesionales”.
A pesar del búnker judicial del PP
La movilización de hace una década llevó los planes de Lasquetty en la Comunidad de Madrid a los tribunales. Y fueron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia los que paralizaron provisionalmente las adjudicaciones de hospitales a contratistas.
El Gobierno que dirigía Ignacio González –en el que ejercían Fernández Lasquetty y Enrique Ossorio– forzó la vía judicial al máximo. El que era presidente de la Sala de lo Contencioso, Gerardo Martínez Tristán, decidió que una superaudiencia de 50 magistrados decidiera sobre los recursos para, adujo, unificarlos. Martínez Tristán estaba casado con una consejera autonómica del Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) en Castilla-La Mancha.
Martínez Tristán no llegó a tiempo para dirigir aquella sesión porque pasó a formar parte del búnker judicial diseñado por el PP en el Consejo General del Poder Judicial. Tras convocar aquella supersesión fue nombrado, a propuesta del PP, vocal en el Consejo, puesto con exclusividad.
Finalmente, los 50 magistrados no se pronunciaron sobre el recurso presentado por la Comunidad. La suspensión cautelar siguió así en pie y el presidente Ignacio González retiró su plan. Fernández Lasquetty dimitió.
Caído en desgracia política, emigró a la cuna del neoliberalismo en Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín, hasta que Pablo Casado lo rescató para su gabinete en el PP. Luego Isabel Díaz Ayuso lo colocó de consejero de Hacienda.
Estamos muy golpeados después de la pandemia. Más exhaustos, más quemados y maltratados que en 2012
En 2012, Lasquetty afirmaba que no había “negociación posible” y que su plan era “lo más responsable, por no decir lo único responsable”. Diez años más tarde, así ha analizado la manifestación del pasado domingo: “Vemos a la extrema izquierda manipulando la sanidad y usándola en beneficio propio para agitar. Toca bronca usando la sanidad como excusa”.
Mar Noguerol contrapone que “la manifestación ha sido más grande que la de 2012 y con un apoyo ciudadano muy importante porque se ha producido la unión entre los barrios, los pueblos y los sanitarios de atención primaria”, analiza. “¡Si llevamos más de un año con movilizaciones todas las semanas para que abran las urgencias!”.
“Por eso convocaron las asociaciones de vecinos”, añade Cabrero, “porque las personas ven que el servicio no existe”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha escatimado en calificativos hacia los sanitarios desde que estalló el caos en su plan de urgencias extrahospitalarias. “Nadie entiende que haya un 60% de bajas sobrevenidas”, dijo cuando los sanitarios rechazaron trasladarse después de ser avisados al filo de la medianoche con un mensaje de texto en el móvil.
Luego los ha acusado de boicotear la sanidad pública. Lo mismo que hizo cuando los centros de atención primaria no tenían recursos para atender la demanda telefónica a finales de 2021 y espetó que “no cogen el teléfono”.
“Estamos muy golpeados después de la pandemia”, confiesa Noguerol. “Más exhaustos, más quemados y maltratados que en 2012”.
Pero Díaz Ayuso sentó su postura tras provocar su propia marea blanca el 13 de noviembre: “No fue en defensa de la sanidad pública sino para buscar un nuevo liderazgo de ultraizquierda”. Un “comunismo renacido” que incendia calles, concluyó.
“Yo creo que no han medido bien al desorganizar el sistema de medicina de proximidad”, reflexiona Cabrero. A última hora del jueves, la Consejería de Sanidad llegó a un acuerdo con los sanitarios: se abrirán 49 centros de urgencias con médicos y no los 78 que había prometido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, pero que no ha podido dotar de trabajadores.