PP y Vox aprueban la ley educativa de Ayuso para blindar los colegios concertados

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley Maestra de Libertad Educativa de la Comunidad de Madrid. La normativa con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende “blindar” la educación concertada y boicotear la reciente aprobada ley educativa estatal, ha salido adelante con los votos de PP y Vox y toda la oposición de la izquierda. La Ley Maestra es la primera norma educativa propia que aprueba la Comunidad de Madrid. En 19 años ininterrumpidos de Gobierno popular en la región, con siete presidentes distintos, nunca se había considerado necesario aprobar una normativa que ajustara la ley nacional a la comunidad. Hasta ahora. Y no es una ley general que ordene el sistema, tiene sus objetivos concretos y claros: garantizar la “libertad de elección” de las familias, reforzar la escuela concertada, omnipresente en la región, y los centros de educación especial, elementos todos ellos que Ayuso considera que están en peligro con la Lomloe.

Lo dice la propia ley. “La presente ley (...) tiene como objetivo garantizar un sistema educativo acorde con la Constitución y con el ejercicio de la libertad de elección de centro escolar, recogida en su artículo 27, teniendo en cuenta las demandas de la sociedad (...)”.

Durante el debate parlamentario, la oposición ha cargado duramente contra la normativa regional. El diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha defendido que el objetivo de esta ley es “segregar y privatizar”. “Atenta contra la igualdad de oportunidades y es un robo a la educación pública”, ha lamentado Moreno, que ha acusado al Gobierno madrileño de potenciar los conciertos educativos “que hacen negocio con la educación” y de “financiar a empresas que segregan por sexo”.

El portavoz de educación de Unidas Podemos ha denunciado además los intentos del PP de impedir la acción democrática obligando a votar todas las enmiendas en bloque y ha asegurado que instarán al Gobierno central –del que forman parte– a que recurra en los tribunales esta normativa “por ir contra la Lomloe –la normativa estatal–”. “Esta ley pasará a la historia como una enemiga de la educación pública”, ha lanzado.

Durante su turno, la diputada del PSOE, Marta Bernardo, ha enmarcado esta ley autonómica en “la confrontación de la comunidad de Madrid” contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero ha advertido: “Una ley autonómica nunca va a estar por encima de una ley estatal” como es la “pretensión” del Ejecutivo de Ayuso. Bernardo ha recordado que los socialistas han anunciado un recurso contra la normativa.

También Más Madrid ha cargado contra el proyecto legislativo. El diputado de la formación Antonio Sánchez ha asegurado que la ley “atenta contra la Constitución” y ha instado a PP y Vox a cumplirla retirando este jueves la norma del parlamento regional. “Le pedimos patriotismo constitucional, que retiren el texto y que vuelvan a la senda de la constitución”, ha lanzado Sánchez.

En el turno de la derecha, PP y Vox han hecho una defensa cerrada de la normativa y se han felicitado por su aprobación. El diputado de Vox José María De Berenguer ha asegurado que “a diferencia de la izquierda” en su formación están “muy contentos y muy alegres por esta ley que se va a aprobar”. “Se aprueban más derechos, los niños de Madrid van a tener más cobertura que nadie”, ha defendido. Por su parte, la diputada del PP, Lorena Heras, ha reconocido el rodillo a todas las enmiendas de la izquierda y lo ha justificado asegurando que “retrotraían el texto a la ley Celáa” que este proyecto legislativo pretende combatir.

Un nuevo pulso de Ayuso contra el Gobierno

Este es, de momento, el último movimiento en la partida que están librando el Gobierno y la Comunidad con la educación. Buena parte de la Lomloe se diseñó específicamente para limitar las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, que ha hecho del impulso de la concertada su principal apuesta educativa, más allá de la ley incluso –estuvo años cediendo suelo público para crear colegios concertados, algo expresamente prohibido hasta que el propio PP lo validó en la Lomce–. Ayuso responde ahora reforzando precisamente esas prácticas. El PSOE anunció ayer miércoles que va a estudiar con detenimiento la ley de Madrid por si fuera recurrible.

La ley tiene el rechazo frontal de buena parte de la comunidad educativa agrupada en torno a la Plataforma Regional por la Escuela Pública, que aglutina a sindicatos docentes y familias usuarias de la red pública. En rueda de prensa del pasado miércoles, la plataforma cargó con dureza contra lo que denominan la “ley Ayuso de privatización educativa”.

“No es más que otra vuelta de tuerca al camino marcado por las políticas neoliberales y mercantilización de la educación por parte del actual gobierno”, explicaron, “surgió como pura campaña de marketing, con un contenido totalmente insuficiente, sin participación, ni debate, ni consenso de ningún tipo”.