Ayuso subcontrata camas a la privada para pacientes COVID a 734 euros la noche con el Zendal casi vacío

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue derivando a día de hoy pacientes con coronavirus a hospitales privados con el Zendal, que cuesta 15 millones al año, semivacío: actualmente atiende a apenas 80 pacientes. La Comunidad de Madrid ya adjudicó cuatro contratos a dedo en 2022 –sin concurrencia ni publicidad– para poder disponer de 99 camas durante un año en la sanidad privada a 734 euros la noche –el mismo precio que pagó cuando estalló la pandemia– para pacientes con COVID con “necesidades de cuidados continuados”. La suma de los contratos contemplaba un montante máximo de 26,5 millones de euros para el ejercicio anterior y el Ejecutivo de Ayuso los ha prorrogado “en las mismas condiciones” también para 2023, según ha admitido la Consejería de Sanidad a elDiario.es. Todos estos contratos se han adjudicado por la vía de emergencia, un procedimiento para situaciones sobrevenidas, a pesar de que el estado de alarma decayó en junio de 2021.

Ayuso recurre a la sanidad privada a pesar de que la situación en los hospitales públicos es muy diferente a la de hace dos años, cuando se derivaron pacientes por primera vez, con la red pública absolutamente desbordada. Ya sin el colapso de entonces, tanto el año pasado como este, el Gobierno regional ha reservado camas en varios hospitales privados de la región para enfermos con COVID-19 “con necesidad de cuidados continuados” –principalmente que requieren rehabilitación–. Las subcontratas se suceden en un momento en que el Zendal se encuentra al mínimo de su capacidad: se construyó para que albergara hasta 1.000 camas y Ayuso defendió que atendería a pacientes que tuvieran coronavirus persistente. Hace un año precisamente la presidenta madrileña inauguraba una unidad de rehabilitación en un polémico centro que acabó costando el triple de lo presupuestado –170 millones–, pero que todavía no tiene quirófanos ni habitaciones individuales.

En 2022, además de estas 99 camas por las que el Gobierno regional programó adjudicaciones por 26,5 millones, se contrataron otras 26 para pacientes también con coronavirus pero “con necesidades paliativas”, según figura en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. Cinco contratos más cuyo importe total ascendió a 6,3 millones. Estas adjudicaciones, a diferencia de las anteriores, no se han renovado en 2023, aseguran desde el departamento que encabeza Enrique Ruiz Escudero.

Desde la Consejería de Sanidad especifican, a preguntas de esta redacción, que el año pasado finalmente solo se pagó “por estancia real prestada”, algo que también ocurrirá en 2023 cuando finalice el año y se pueda cotejar la ocupación final.

En el caso de los primeros cuatro contratos, para pacientes con necesidades de “cuidados continuados”, el departamento de Escudero asegura que en 2022 se requirió el 20% de lo contratado, lo que significa que el montante que la administración autonómica ha pagado a los hospitales privados por derivar pacientes asciende a 5,3 millones de euros. En el caso de los enfermos de coronavirus con necesidades paliativas derivados a la sanidad privada, la Consejería asegura que se necesitaron el 14,6% de las camas, lo que supone que ha pagado 930.612 euros.

Cuatro contratos para 99 camas

El primero de los contratos a dedo, que se firmó el 14 de enero de 2022 y ahora ha sido prorrogado, asciende a 15 millones de euros. El Gobierno de Ayuso contrataba así 56 camas en un hospital privado que la empresa SSR Hestia, S.L. tiene en Alcobendas, un municipio al norte de Madrid. El contrato tiene una duración de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El objeto de la adjudicación que se repetirá en otras tres más es la “contratación del servicio de camas de hospitalización en hospitales de media estancia para pacientes COVID+ con necesidad de cuidados continuados”.

Ese mismo 14 de enero, la Consejería de Sanidad recurrió a otro hospital privado para contratar otras 18 camas durante un año, también a 734 euros la noche. La adjudicación por tanto ascendió a 4,8 millones de euros que se llevó la Fundación Instituto San José, que posee un hospital de larga estancia en Carabanchel, un distrito al sur de la capital. Tres días después, la Comunidad de Madrid firmó otro contrato de 4 millones de euros para disponer durante un año de otras 15 camas de la clínica privada San Vicente, en el distrito de Usera también al sur de Madrid, propiedad de ALM. Univass, SL, una empresa de Vitalia, una de las compañías que más residencias gestionan en Madrid.

Pero este no sería el último hospital privado al que recurrió el Gobierno regional para atender a pacientes con COVID “con necesidad de cuidados continuados”. El Beata María Ana de Jesús, también de larga estancia en el distrito del Retiro en el centro de Madrid, muy cerca del hospital Gregorio Marañón, se llevó otro contrato de 2,68 millones de euros para el mismo objeto. Un total de 10 camas a 734 euros la noche.

La suma de todos estos contratos asciende a 26.523.090 euros. La Consejería de Sanidad asegura que finalmente solo pagó el 20% de esa cantidad, aunque no detalla cuánto percibió cada hospital. Eso supone que la administración autonómica pagó finalmente 5.304.618 euros por hacer uso de camas en la sanidad privada en 2022 para pacientes con coronavirus con necesidades continuadas.

En la Consejería de Sanidad justifican la derivación de estos pacientes a la sanidad privada en que “dada la disposición arquitectónica” de los hospitales de La Fuenfría y Guadarrama, “no se podía garantizar el aislamiento de los pacientes y la prevención del contagio de otros pacientes ingresados”. Fuenfría y Guadarrama son hospitales públicos que disponen de unidades de larga estancia, pero no son los únicos. Además de estos dos, está el hospital Virgen de la Poveda (Villa del Prado), los hospitales de La Paz, el Gregorio Marañón e Infanta Leonor. La Consejería no especifica por qué no se recurrió a estos hospitales.

Cuando se le pregunta por qué estos pacientes no fueron derivados al Zendal, que en 2022 atendió a una media de 30 pacientes a la semana y costó 15 millones mantener abierto, el Gobierno regional asegura que “no estaba contemplado para pacientes con estos procesos específicos”. “En abril de 2022 comenzó a funcionar la Unidad de Rehabilitación Funcional, para recuperación de pacientes que ya habían pasado el COVID o con necesidades de rehabilitación por otros procesos”, aseguran desde la Consejería.

Otros cinco contratos para pacientes con necesidades paliativas

A los cuatro contratos anteriores hay que sumar cinco más, también sin concurrencia pública, concedidos a hospitales privados para derivar pacientes con coronavirus con “necesidades paliativas” que se firmaron dos semanas después. De nuevo, la empresa SSR Hestia, S.L. se llevó el contrato más abultado por valor de 2.451.560 euros, por 10 camas a 734 euros la noche durante once meses. El hospital Beata María Ana de Jesús también está en esta lista, ya que firmó un contrato con la Consejería de 490.312 euros por dos camas también durante once meses.

El hospital fundación instituto San José recibió, en este caso, un contrato por valor de 1.225.780 euros, mientras que la residencia asistida San Camilo firmó una adjudicación de 735.468 euros y el centro de cuidados Laguna de 1.470.936 euros, otras 14 camas entre todos. El montante total de los cinco contratos asciende a 6,4 millones de euros, pero la Consejería asegura que solo se dispuso del 14,6% de las camas contratadas, por lo que finalmente pagó 930.612 euros.

A la pregunta de por qué se requirió derivar a los pacientes con COVID con necesidades paliativas a estos hospitales privados, la Consejería de Sanidad defiende de nuevo que los hospitales de La Fuenfría y Guadarrama no tienen capacidad para “garantizar el aislamiento”. Esa explicación obvia de nuevo por qué no se recurrió a otros centros de la red pública como La Paz, el Gregorio Marañón o el Infanta Leonor.

Contratos por la vía de emergencias

La Comunidad de Madrid recurre en pleno 2023 a los contratos de emergencia para todas estas adjudicaciones a pesar de que el estado de alarma finalizó en junio de 2021. Este procedimiento solo puede usarse en circunstancias sobrevenidas. “Estos contratos tenían como finalidad dar respuesta a las necesidades asistenciales de pacientes infectados por COVID con especiales necesidades de rehabilitación y cuidados paliativos, dada su vulnerabilidad, fragilidad y dependencia. Por lo tanto, respondían a necesidades sobrevenidas causadas por la pandemia y con el fin de asegurar su salud de este grupo de pacientes”, justifican desde la Consejería de Sanidad.

La oposición ha afeado en diferentes ocasiones que se siga recurriendo a esta vía, la que ha usado también el Gobierno de Ayuso para todos los contratos de mantenimiento del Zendal en 2022. Lo ha hecho en más de una ocasión el diputado de Más Madrid, Javier Padilla, en la comisión de Vigilancia de las contrataciones, hasta el punto de que recurrió el último contrato adjudicado a dedo para el polémico hospital. “Es incomprensible que un hospital construido para pacientes con COVID no pueda atender a pacientes con COVID en todas las circunstancias. El gobierno de Ayuso siempre encuentra una excusa para destinar fondos a una sanidad privada que siempre sale ganando, en vez de reforzar las necesidades de una sanidad pública que lamentablemente hace aguas por muchos lados”, lamenta Padilla.

Respecto al criterio para establecer un precio por cama a 734 euros la noche, el departamento de Escudero asegura que se fijó en la Orden de precios de la Consejería de Sanidad de enero de 2021. Sin embargo, es la misma cantidad que ya se pagó en los meses de marzo a junio de 2020, los más duros de la pandemia, cuando Ayuso gastó 35 millones en derivar pacientes a la sanidad privada.

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