La gran incógnita después de que Isabel Díaz Ayuso tomara posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid era saber dónde colocaría a Toni Cantó. La víspera, durante el debate de investidura, Ayuso confirmaba que el dirigente de Ciudadanos –que fue impuesto por parte de Génova en las listas del PP a las elecciones del 4M– no formaría parte del Consejo del Gobierno. Desde el equipo de la presidenta madrileña aseguraron entonces que aún quedaba la “pedrea” y que el actor tenía un hueco reservado en el nuevo Ejecutivo. Este miércoles se confirmaba el destino para Cantó: será el director del área de la 'Oficina del Español', un organismo de nueva creación que competirá con el Instituto Cervantes en la promoción de la lengua -que depende del Gobierno central– y que buscará hacer de Madrid “la capital europea del español en el mundo”. El coste total de ese nuevo organismo aún se desconoce. Cantó se embolsará 75.000 euros al año.
La creación de esta oficina ad hoc para Cantó se suma a una larga tradición de organismos de dudosa necesidad puestos en marcha por diferentes gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. Ayuso coloca así al exdirigente de Ciudadanos en su Ejecutivo, que hizo campaña por la presidenta madrileña en los comicios del 4M. El actor, que en un principio ocupaba el quinto puesto, se quedó fuera de las listas después de que el PSOE recurriera ante la Justicia su candidatura por no empadronarse antes de la convocatoria de los comicios, como exige la Ley Electoral (LOREG).
El nombramiento de Cantó como director de la Oficinal del Español –que dependerá del área que dirige la también exdirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz– ha sido duramente criticado por la oposición de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid que ha calificado de “chiringuito” la puesta en marcha de esta oficina de nueva creación. El término “chiringuito” fue acuñado por la extrema derecha de Vox a su llegada a las instituciones, cuando exigió la eliminación de subvenciones a organismos que luchan contra la violencia de género o la discriminación contra el colectivo LGTBI. Estas reivindicaciones le estallaron en la cara a la formación ultraconservadora. Su presidente, Santiago Abascal, dirigió un organismo, a más 80.000 euros al año, sin apenas actividad cuando le nombró para ello Esperanza Aguirre. Es uno de tantos ejemplos.
La Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social se cerró a finales de 2013 y el líder de Vox fue el único alto cargo del organismo. Fue colocado en el puesto por la expresidenta Esperanza Aguirre en abril de 2013, tras el cierre de la Agencia Madrileña de Protección de Datos donde Abascal era gerente. Uno de los tantos cargos públicos que ocupó con el PP. Cesó como director de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social el 17 de diciembre de ese año y el mismo día fundó el partido Vox. Según la documentación oficial, en el organismo solo trabajaba él y una asesora técnica. Sus honorarios eran 82.000 euros al año.
La fundación recibió 183.600 euros en concepto de subvenciones en 2013, además de beneficiarse de un local cedido por el Gobierno regional. Con este presupuesto, que se gastó en su totalidad y que incluso condujo a pérdidas, solo se pudo concluir un objetivo con éxito, según la última memoria de actividad económica: un patrocinio directo con Servimedia para una beca de periodismo en la agencia de noticias.
El organismo solo tenía tres actividades más en el calendario de 2013. Una de ellas, llamada “fomento del patrocinio social”, consistía en la organización de una gala de premios a la Responsabilidad Social Empresarial que nunca llegó a celebrarse “por falta de medios” y en un acuerdo con Bancos y Cajas para lograr promocionar con sus bolígrafos y otras “piezas de papelería” el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Este último patrocinio tampoco pudo hacerse realidad por “la falta de disposición de las entidades”.
Madrid Network fue otro de esos organismos público-privados que Aguirre puso en marcha y que resultaron ser un fiasco y un agujero para las arcas públicas. Una beneficiaria de aquel proyecto para la innovación fue nada menos que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo en nómina casi tres años. Ayuso percibió del ente semipúblico 4.219 euros al mes entre 2008 y mayo de 2011, por realizar labores en el departamento de prensa. Lo dejó porque entró como diputada a la Asamblea de Madrid un mes después. Los fallidos negocios de innovación costaron al contribuyente al menos 20 millones de euros, según detalló El País.
No fue la única empleada de este organismo que solo supuso gastos para la administración regional y dudosos beneficios. Además de Ayuso, otras jóvenes promesas del PP pasaron por el ente antes de convertirse en cargos públicos del partido. Fue el caso de Francisco Javier Úbeda, después alcalde de Boadilla del Monte, y de Jesús Egea, el segundo teniente de alcalde del anterior.
Aeropuertos de Madrid fue otra de esas empresa dudosas que Esperanza Aguirre puso en marcha durante su largo mandato como presidenta madrileña. Manuel Lamela presentó por todo lo alto el proyecto que albergaba el Plan de Infraestructuras Aeroportuarias 2007-2025. El objetivo era construir dos aeródromos uno en la localidad de Campo Real (entre la A-3 y la R-3) y otro en unos terrenos que unen los municipios de Navalcarnero y El Álamo (en el suroeste). Para ello se creó la empresa pública Aeropuertos de Madrid SA. El nuevo ente público se constituyó el 19 de diciembre de 2007 y se disolvió cuatro años después, el 22 de diciembre de 2011. No hubo rastro de los aeródromos ni de ningún trabajo de la empresa que mantuvo a personas en nóminas durante cuatro años.
Antes de Aeropuertos de Madrid S.A., Aguirre y la entonces consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal, pusieron en marcha Geomadrid, un proyecto que ideó en un principio el anterior gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. Corría el año 2006. Un total de 45 millones de euros públicos quedaron sepultados para un proyecto que jamás se desarrolló.
El fallido plan está relacionado con otro polémico organismo que Aguirre creó en aquellos años: la Fundación Arpegio, que se creó para ahorrar dinero a la empresa pública Arpegio, dedicada a la compra y gestión del suelo. La fundación, bajo las órdenes del condenado Francisco Granados, repartió 10 millones en subvenciones a amigos, para favores personales y en proyectos que no pasaron ningún tipo de filtro. El organismo se encuentra bajo la lupa de la Audiencia Nacional por el caso Púnica.
Además de crear entes que han resultado un malgasto de dinero público, el Partido Popular también busca jugosos destinos para las personas de relevancia pública que ha llevado a sus listas pero que se han quedado fuera de los parlamentos. El caso de Cantó es un claro ejemplo, que reúne ambas recetas: la de colocar y la de crear organismos de los que se desconoce su utilidad. Si eres amigo del PP y conocido pero no logras un escaño, el partido siempre tendrá un hueco en la Comunidad de Madrid donde gobierna desde hace 26 años.
Fue el caso del torero Miguel Abellán, que ocupa desde septiembre de 2019 el puesto de director gerente en la Oficina de Asuntos Taurinos por 75.000 euros brutos anuales. Abellán acompañó en las listas del PP a las generales de 2019 a Pablo Casado, pero el batacazo electoral que hundió a la formación a los 67 escaños le dejó fuera del Congreso. Fue entonces cuando se buscó una solución para el torero en la Comunidad de Madrid. Al menos Abellán estaba vinculado laboralmente con la materia que ha desarrollado. No es el caso de Cantó con la Oficina del Español ya que carece de alguna titulación relacionada con el puesto que va a desempeñar. Tampoco fue el caso de Ángeles Pedraza que, desde septiembre de 2019, es la gerente del 112.
La expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) fue nombrada por Ayuso en el tercer puesto en dos semanas: primero fue designada para dirigir el Comisionado para la Atención de las Víctimas del Terrorismo y después fue trasladada, siete días después, al Comisionado para la Cañada Real Galiana por decisión del Consejo de Gobierno.
El cambio a la Gerencia del 112 llegó porque Pedraza no terminaba de encontrarse cómoda con el puesto y había reclamado un cambio que se “ajustara” más a las funciones que había tenido hasta ahora. Pedraza no tiene experiencia en la gestión de emergencias sanitarias, el área que dirige. Un ejemplo de ello se vio durante las fuertes nevadas de Filomena, cuando estuvo desaparecida. En ese puesto, la expresidenta de la AVT recibe un sueldo de casi 20.000 euros más que en los comisionados: 93.855 euros anuales, según figura en la web de la Comunidad de Madrid. En los dos destinos anteriores los salarios ascendían a 75.000 euros.
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