La Comunidad de Madrid ha presentado este jueves el recurso ante el Tribunal Supremo después de que el Ministerio de Sanidad denegase en dos ocasiones que la región pasase a la fase 1. En dicho recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ejecutivo regional pide medidas cautelares para que sea la justicia la que conceda el paso de fase a Madrid.
El Gobierno madrileño argumenta para pedir esta medida cautelar en un recurso de 14 páginas presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que cuando el organismo resuelva el fondo del asunto será tarde para dirimir si Madrid tenía razón y debía pasar de fase por eso cree que debe ser el Supremo el que decida sobre el desacuerdo entre las administraciones.
El Ejecutivo regional insiste en que no hubo “criterios técnicos” para denegar a Madrid el cambio de fase. A última hora de la tarde de este jueves, el Ministerio de Sanidad y la Consejería vuelven a reunirse para valorar si la región está preparada este lunes 25 para pasar de fase en la desescalada, una reunión previa a la decisión final que adoptará este viernes el Gobierno central y comunicará el ministro Salvador Illa.
En el recurso, el letrado de la Comunidad de Madrid esgrime que la denegación en la progresión a la primera fase supone “un perjuicio de naturaleza económica”. “Se convendrá que las restricciones a la movilidad y a la apertura de actividades comerciales y establecimientos de hostelería, así como todas las demás medidas de flexibilización que se acuerdan desde la Orden 399/2020, tienen un considerable impacto sobre la economía de la Comunidad de Madrid”, argumenta. “Hablamos, como es sabido, de la posibilidad de que miles de personas se reincorporen a su actividad laboral, reactivando la economía”, insiste.
La Comunidad de Madrid valora el impacto de las restricciones entre una reactivación en mayo y una reactivación en junio (escenarios 1 y 2) de 3 puntos de diferencia en el PIB y casi 200.000 empleos afectados. “Es indudable, por tanto, que cada semana que las restricciones se mantienen hay un perjucio económico, que se transmite en las variables macroeconómicas”, añade.
El Gonbierno regional considera que a la Comunidad de Madrid se le aducen razones para no progresar en la desescalada que, de aplicarse por igual a todas las regiones, deberían haber impedido la progresión de territorios que, en cambio, se vieron incluidos en la fase 1 desde el 8 de mayo.
“Por tanto, si no había razones técnicas que impedían el paso de estos territorios a la fase 1, esto es, si la protección de la salud era compatible con las medidas de flexibilización en aquellas unidades territoriales, también lo debe ser en la Comunidad de Madrid; lo que conlleva que, ponderando los intereses en juego, la protección de la salud no despliegue aquí la suficiente intensidad, al haberse demostrado que dicha finalidad se sigue manteniendo a pesar de que se apliquen las medidas de relajación que conlleva la fase 1”, defiende el Ejecutivo de Ayuso.
La Comunidad de Madrid decidió acudir a los tribunales porque, según sostuvo, tenía “dudas razonables” acerca de que los indicadores se estén aplicando de manera homogénea para todas las comunidades autónomas por parte del Ministerio de Sanidad, lo que le hace cuestionarse “la validez jurídica de la decisión”, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista del respeto al principio de igualdad.