La Comunidad de Madrid no tira la toalla. Hasta cuatro tribunales han declarado nula la operación de las casi 3.000 viviendas sociales que el Gobierno de Ignacio González (Partido Popular) vendió en 2013 al fondo buitre propiedad de Goldman Sachs y Azora por 210 millones, pero el Ejecutivo ahora dirigido por Isabel Díaz Ayuso –también del PP– se niega a ejecutar la sentencia y a dar una solución a las miles de familias afectadas. La Consejería de Vivienda respondía este jueves al último fallo, adelantado por elDiario.es, anunciando un nuevo recurso. “Vamos a agotar todas las vías legales”, aseguran fuentes del Gobierno regional.
La Comunidad de Madrid se niega a iniciar un procedimiento para revertir la venta de las 2.935 viviendas sociales, como establece el último fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid. El tribunal da la razón a los inquilinos y se la quita a la administración regional, que alegó tras la sentencia anterior del Tribunal Supremo que el fallo solo afectaba al caso concreto de un demandante, Rachid Bouikou, el primer en recibir una sentencia a su favor, y no al conjunto de las viviendas. El juzgado ha vuelto a ser claro: la sentencia afecta a todos los inmuebles y no solo al de Bouikou.
“El fallo del tribunal lo deja meridianamente claro. Anula totalmente las dos resoluciones impugnadas. ”Dejo sin efecto alguno la adjudicación y enajenación que por la primera de ellas se acuerda y con ello la transmisión del contrato de arrendamiento del demandante al propietario resultante de dicha enajenación“, establece la sentencia, fechada el 1 de febrero. El magistrado insiste en que las decisiones judiciales previas no se limitan ”a anular la transmisión del contrato de arrendamiento de Don Rachid, como alega la Comunidad de Madrid“. ”Esta anulación es consecuencia de la anulación previa de la adjudicación y enajenación de las 32 promociones“, expone.
Los procesos legales que se abrieron tras la operación del Gobierno de Ignacio González son múltiples. Pero esta resolución es consecuencia del procedimiento que inició en agosto de 2013 un particular: Rachid Bouikou, uno de los afectados, ayudado por un abogado de oficio. La demanda originó la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que ya le dio la razón en mayo de 2018, una decisión que fue refrendada el pasado marzo por el Supremo. El mismo tribunal ha vuelto a rechazar de nuevo el último recurso de la Comunidad. Ahora el Gobierno regional acudirá al Constitucional en amparo para hacer un último intento.
Durante todo su periplo judicial, la Comunidad ha intentado limitar la legitimidad de Bouikou para recurrir la operación al completo y ha pretendido que sus recursos únicamente afectaran a la cesión de su inmueble. Pero tanto el juez de primera instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han dado la razón al recurrente al considerar que “la transmisión de las viviendas no se produjo de forma individualizada sino en bloque”.
Tras la demanda de Rachid, existen cuatro procedimientos judiciales más abiertos en los que están implicados unos 60 demandantes. Nada se sabe aún sobre el criterio de los otros Juzgados. Pero el caso del particular abrió el camino y ha supuesto que se haya anulado la venta de todas las viviendas, un total de 32 promociones, y también que quedase en papel mojado la transmisión del contrato de arrendamiento de su vivienda a Encasa Cibeles, sociedad participada por Azora y Goldman Sachs, que ejerce como gestora del parque de viviendas y que se ha dedicado a encarecer unos alquileres que en origen tenían precios sociales.
La Comunidad de Madrid empieza a ejecutar parcialmente la sentencia
El Gobierno de Ayuso recurrirá de nuevo el último fallo, mientras ejecuta la sentencia para un particular en concreto. Fuentes de la Consejería de Vivienda explican a este diario que la reversión de la venta de la vivienda de Rachid ya se ha iniciado para devolver el alquiler social a este ciudadano. No obstante, se niega a ejecutar en su totalidad la sentencia que implicaría recuperar el resto de las viviendas.
El proceso para recuperar la vivienda de Rachid Bouikou, abrió de hecho un conflicto entre el fondo buitre y la Comunidad de Madrid. La compañía internacional alegó en el último proceso judicial estar “dispuesta a devolver” a la administración madrileña “los 1.722 inmuebles que continúan bajo su gestión a cambio de una compensación adecuada y conforme a derecho”, según expuso EnCasa Cibeles, participado por Goldman Sachs y Azora.
La administración autonómica pidió al registro de la propiedad de Navalcarnero [municipio donde están las viviendas] que anulase la inscripción de la compraventa de la finca del denunciante, lo que llevó al fondo buitre a asegurar que el “modo de proceder” de la Comunidad era “contrario a derecho”. En las alegaciones presentadas en el último procedimiento defendieron que seguirán siendo “la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos” hasta que la Comunidad no cumpla la sentencia “en sus debidos términos”. “Lo que no es admisible es que la Agencia de Vivienda Social decrete la anulación de la enajenación de la vivienda del recurrente sin liquidar la compraventa ni compensar previamente”, añadía.
¿Qué pueden esperar ahora el resto de inquilinos?
Aunque el fallo es histórico, la travesía no es sencilla. Por el momento, el actual Gobierno de PP y Ciudadanos ha anunciado que agotará la vía en los tribunales y presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Para José Luis Muga, abogado de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, se trata de una estrategia que busca “alargar lo inevitable”: la ejecución de la sentencia, que en definitiva supone revertir la venta de las viviendas.
El letrado del Estudios Jurídico Liria sostiene que los opciones de que prospere el recurso ante el Constitucional por parte del Gobierno de Ayuso son “prácticamente nulas”. “La estrategia siempre ha sido esa, de hecho el último recurso ante el Supremo solo buscaba ir a esta siguiente fase”, defiende el abogado de la asociación de afectados. “Lo que no quiere la Comunidad de Madrid es asumir las viviendas porque no quiere pagar por lo que vendió”, añade.
Cuando se agote la vía judicial (si es que el Constitucional la rechaza), el Gobierno regional deberá poner en marcha la reversión de la venta lo que supone pagar lo que corresponda al fondo de inversión a cambio de recuperar las viviendas. Lo más complicado está en las más de 1.000 viviendas que ya han sido vendidas a terceros por parte de Azora. Para Muga “la venta de esas viviendas ya no se va a revertir porque los compradores las adquirieron de buena fe”.
“El Código civil y la jurisprudencia del Supremo establece que no se les puede echar”, añade. El Gobierno regional tiene que afrontar entonces la reversión de la venta de los 1.722 inmuebles que continúan bajo la gestión del fondo. “El quid de la cuestión”, añade, “es qué va a pasar con las personas que se fueron: pueden hacer una reclamación de daños o pedir volver a otra vivienda”.
El abogado de la Asociación de afectados entiende que el Gobierno regional debe ponerse a negociar para que, entre otras cuestiones, los nuevos propietarios puedan seguir manteniendo la vivienda que compraron al fondo de inversión. En este sentido, José Luis Muga considera que la factura a pagar al fondo de inversión se vería así sustancialmente disminuida. A día de hoy, solo quedan en las viviendas alrededor de un 25-30% de los legales adjudicatarios: personas y familias a las que se les concedió una vivienda pública en régimen de alquiler, en algunos casos, también con opción a compra. Algunos se marcharon porque pudieron al mejorar su situación económica, pero otros lo hicieron acosados por los nuevos precios de alquiler impuestos por el fondo de inversión que en muchos casos después vendió a terceros.
El último fallo supone el principio del fin de una travesía que iniciaron en los tribunales los inquilinos afectados por la venta del Gobierno de González, cuando se encontraron de un día para otro con un casero diferente y unas condiciones más complicadas. Pasaron de entenderse con la administración pública a hacerlo con un fondo buitre, que a los pocos meses comenzó a poner a la venta las casas en las que vivían cientos de familias o encarecía considerablemente los inmuebles. “El último fallo ellos lo están viviendo como un éxito, como el fin de la batalla”, asegura Muga.