Enrique López no ha negado los hechos. En 2017, mientras era juez de la Audiencia Nacional, puso en contacto a un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín de Diego, con el abogado del Partido Popular, Jesús Santos. Han pasado casi cuatro años desde aquellas gestiones. López ha dejado los tribunales y ha pasado, del todo, a la política. Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y una de las personas clave en este Gobierno regional y también en el PP de Pablo Casado. Tanto es su poder que algunos lo han señalado como posible sucesor de Isabel Díaz Ayuso, si la presidenta de Madrid perdiera pie. Pero la revelación de Luis Bárcenas, cuyo entorno ha destapado estos contactos, ha colocado a Enrique López en el disparadero.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el PP, fue uno de los fichajes estrella de la presidenta madrileña para la configuración de su Gobierno, el primero de coalición de la Comunidad de Madrid, en agosto de 2019. Desde el equipo de Ayuso aseguraron entonces que se trataba de “uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo” y también contra la delincuencia económica, que había perseguido –dijeron– en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional. En su aterrizaje en la Puerta del Sol, sin embargo, tuvo mucho que ver Pablo Casado, que solo unos meses después, en enero de 2020, le nombró secretario de Justicia del partido integrándole así en la dirección nacional.
López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos ejercen hoy un gran poder en el seno del Ejecutivo de Ayuso, pero mientras el segundo lo hace desde la sombra, López se prodiga cada vez más en los medios de comunicación ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo –pese a que en realidad lo es el vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos–. El consejero de Justicia concede constantemente entrevistas en radios y televisiones para tratar cuestiones que exceden sus competencias.
López ha ejercido de portavoz del Gobierno durante la crisis sanitaria alineándose con la presidenta madrileña en su ofensiva contra el Gobierno central. Cuando Ayuso ha preferido no responder a preguntas, ha sido López el que ha dado la cara y ha acusado de “deslealtad” a al Gobierno de Pedro Sánchez y a Salvador Illa. El juez lideró el recurso del Gobierno de Madrid contra la decisión del Ejecutivo de Sánchez de cerrar la Comunidad durante la segunda ola.
Dentro del Gobierno regional, algunos consejeros reconocen el poder que a día de hoy López, al que califican de “un tipo oscuro”, ejerce sobre la presidenta madrileña. “En los consejos de gobierno es siempre el que lleva la voz cantante, es, sin duda, el que más habla y el que comenta todos los temas mientras Isabel Díaz Ayuso se mantiene en silencio y solo se dedica a dar paso al resto de consejeros”, asegura un miembro del Ejecutivo regional a elDiario.es.
La presidenta madrileña tiene pensado dar más peso a López en la reestructuración de Gobierno que prepara para contentar a Vox en las negociaciones de presupuestos. La formación de extrema derecha reclama una reducción de las consejerías –que pasaron de nueve a trece con la coalición de PP y Ciudadanos– y Ayuso baraja eliminar la Consejería de Presidencia que dirige actualmente María Eugenia Carballedo para ceder sus funciones a Enrique López.
Crisis de las residencias
Ya durante la crisis sanitaria, Ayuso ha ido delegando en López algunos de los temas más espinosos, aunque el magistrado de carrera ha logrado no salir salpicado. En el peor momento de la primera ola, y mientras el virus golpeaba las residencias de ancianos de toda la región –donde fallecieron en tres meses más de 8.000 ancianos–, la presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de su gestión a la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero, de Ciudadanos. El movimiento de Ayuso pudo hacerse al meter en la ecuación el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) cuya gestión recae en Enrique López.
El 20 de marzo, Ayuso anunció un 'Plan de choque' en residencias que delegaba las competencias de estas en Sanidad y en la consejería de López que trabajarían en coordinación con Políticas Sociales. Poco se supo de ese “plan de choque” y de las actuaciones de la Consejería de Justicia. La responsabilidad sobre las órdenes para no derivar a ancianos a los hospitales se firmaron desde Sanidad y nadie ha puesto la mirada en el departamento que dirige López. El juez compareció en la Asamblea de Madrid un mes después –el 20 de abril– para explicar su gestión tras la puesta en marcha del plan y aseguró que había realizado “un trabajo humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud, con vocación de resolver las dificultades”.
Pero no solo en la Puerta del Sol ha conseguido hacerse fuerte. La posición de López en Génova también ha ido creciendo con el paso de los meses con la llegada de Casado a la dirección nacional del partido. Tras ser nombrado consejero en agosto de 2019, el líder del PP le designó unos meses después –en enero de 2020– secretario de Justicia de la formación. Entre sus labores ha estado la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE.
Las informaciones desveladas este martes por El Mundo señalan a Enrique López en la guerra de Bárcenas contra el partido por no haber “cumplido la promesa” de que su mujer Rosalía Iglesias no entrara en prisión. De momento, fuentes cercanas al magistrado se han limitado a asegurar a elDiario.es que López solo “puso en contacto en el año 2017 al empresario y al abogado Jesús Santos”. “A partir de ahí López no llevó a cabo ninguna gestión ni tuvo interlocución alguna sobre el caso Bárcenas”, aseguran estas mismas fuentes que desvinculan esta mediación de su cargo actual en la dirección del partido.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, salía este martes en su defensa negando que se produjera ninguna mediación, pese a que ha sido reconocida por el propio López. Serrano circunscribió el trámite hecho por el consejero en una actuación de López como magistrado. “Esto es un caso del señor López cuando era juez y que en el ejercicio de sus funciones de juez, pone en contacto a las partes de un procedimiento”, declaró Serrano pese a que López no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema. En Ciudadanos, socio en el Gobierno de Ayuso, el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, César Zafra, pidió explicaciones a López por estas informaciones.
La oposición pide su dimisión
La oposición fue menos benévola en su dictamen sobre lo ocurrido. PSOE y Unidas Podemos-IU pidieron la dimisión del consejero de Justicia al entender que sus funciones actuales son incompatibles con las informaciones conocidas este martes y que él mismo ha admitido. “Con lo que ahora conocemos creemos que López debería dimitir”, ha señalado el portavoz de los socialistas en la Cámara madrileña, Ángel Gabilondo. “Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero le ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad”, insistía Gabilondo que aseguraba que el grupo parlamentario activaría una petición de reprobación del consejero si las explicaciones no eran contundentes. En Más Madrid vinculaban el cargo de López en el Gobierno regional con estas gestiones para el PP y pedían explicaciones registrando una batería de preguntas.
Hasta ahora, el juez que tuvo que dimitir de su cargo como magistrado en el Tribunal Constitucional por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante había logrado zafarse de cualquier polémica al frente de la Consejería. Ahora, las ganas de Bárcenas de “tirar de la manta” por no haber cumplido el PP la promesa de que su mujer no entrara en prisión, según aseguró el extesorero en una confesión enviada hace una semana a la Fiscalía, ponen a López en en una situación complicada en el Gobierno regional.