Beatriz Cano asegura que lleva diez años batallando para que una residencia pública y de gestión indirecta le suministre un menú adaptado a su intolerancia a la lactosa. “Voy a luchar esto hasta el día que me muera. Me niego a vegetar y morirme de asco en esta residencia”, explica a elDiario.es esta usuaria del centro de mayores de Usera (Madrid), gestionado en el momento de los hechos recurridos –octubre de 2020– por la empresa Domus Vi.
Ante esa declaración de intenciones, Cano explica que lleva años presentando reclamaciones por la gestión del centro de mayores. Ninguna de esas quejas dirigidas a la Comunidad había logrado un resultado satisfactorio, hasta que la Justicia ha estimado recientemente una de sus reivindicaciones. “Me quedé en shock, pensaba que era un sueño”, asegura sobre la sentencia que ha le ha dado la razón.
Ese fallo, emitido por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid, ha condenado a la Comunidad de Madrid y le ha instado a que proporcione a la demandante “el menú adecuado a su intolerancia”. Aunque la sentencia se emitió el 29 de julio, Cano asegura que ha sido esta semana cuando le han comunicado esta decisión judicial.
Intolerante a la lactosa desde 2011
La usuaria alegó en la demanda que desde el año 2011 tiene diagnosticada una “intolerancia a la lactosa” y, a causa de esta situación, tiene prescrita desde entonces “una dieta adecuada a esta patología”. Sin embargo, continúa exponiendo su defensa, en el centro de mayores continuaron “dándole una dieta totalmente inadecuada”, a pesar de “haber insistido reiteradas veces y por escrito” en la afección que padecía.
Cano asevera que en la residencia no le hicieron caso. “Hacían el paripé”, apunta. Y añade: “Digamos que me ponían la misma comida, pero me la presentaban en un plato aparte con un [papel] film por encima. Me salieron unas ronchas. Tenía todo el pecho lleno de ronchones. A partir de ahí, [dije] ni una más”.
En una inspección los servicios técnicos del departamento de salud de la Comunidad de Madrid acreditaron, según consta en la sentencia, que el centro no disponía “de ciertos menús para alérgicos o intolerantes realizando una gestión inadecuada de su cocinado, procediéndose a la apertura del correspondiente expediente administrativo”.
Desde entonces, tiene una nevera en su habitación y trata de comer por su cuenta, alejada de los menús de la residencia. “Como jamón serrano, verdura envasada, mucha legumbre. Me cojo un menú de un restaurante. Llevo una lucha grecorromana. Mi salud depende de lo que coma”, explica.
Es muy crítica con la comida que se ha suministrado en la residencia desde que ella obtuvo una plaza pública en ese centro de mayores. “El fallo que tiene la comida es la materia prima, es de pésima calidad”, indica. En esa descripción que realiza de la alimentación que reciben los usuarios, se muestra muy contundente: “Es una auténtica mierda. No se puede comer. Es escasa”. Y pone ejemplos de esas deficiencias en los alimentos que, considera, no han experimentado ningún cambio en los últimos diez años: boquerones “blandengues”, croquetas que únicamente saben a “harina frita” y en lugar de tortilla, “patata cocida regada con un poco de huevina” que “se queda en la garganta porque está reseca”.
Compartir hasta la cuchara
Ella es consciente de que es una residente con una dependencia muy reducida. Por eso, destaca que es testigo del funcionamiento diario del centro de mayores y de las carencias organizativas que tienen las residencias. “He visto a un auxiliar dando de comer a dos residentes a la vez con la misma cuchara y desde el mismo plato”, apunta.
La magistrada apoya el recurso de la usuaria y señala a la Comunidad de Madrid como responsable de la inacción ante las peticiones de Cano. En la sentencia se constata que la administración “no había respondido de forma eficaz” a las solicitudes de la demandante “y ello con independencia de las actuaciones” que haya adoptado el Gobierno regional “frente a la concesionaria”. Por lo tanto, concluye que la “inactividad de la administración” debe enmarcarse en una actuación “carente de cobertura legal y reglamentaria”.
En el procedimiento judicial, la Comunidad de Madrid se opuso “a la demanda alegando la falta de legitimación de la actora para reclamar el cumplimiento ejecutivo del contenido de las quejas presentadas por la recurrente”, recoge la sentencia. Una argumentación que no comparte la magistrada, que apunta que Cano “está legitimada para reclamar el efectivo cumplimento de sus derechos e intereses legítimos de los que es titular”. En esa misma línea, la jueza destaca “el derecho de la recurrente a una alimentación sana y segura” como persona con intolerancias alimentarias.
Domus VI ya no gestiona ese centro “por voluntad propia desde mayo”, indican fuentes de la sociedad, que también se desmarcan de realizar una valoración del fallo judicial. “Al tratarse de una sentencia emitida contra la Comunidad de Madrid, titular del centro, correspondería en todo caso a ésta hacer algún tipo de valoración”, indican. elDiario.es también se ha puesto en contacto con el Gobierno regional, que no ha respondido por el momento a las consultas realizadas por esta redacción.