El fondo buitre que se hizo con las viviendas públicas del Ayuntamiento de Madrid no echará de su casa a la cara visible de los afectados por la venta de VPO en la etapa de Ana Botella. Así lo ha anunciado el consistorio de la capital después de una reunión entre Manuela Carmena y Claudio Boada, representante de Blackstone, en la que se ha acordado que la compañía ofrezca a la familia de Arancha Mejías “el mismo contrato de arrendamiento” que al resto de inquilinos.
Fidere, filial de Blackstone propietaria de las viviendas, decidió en octubre no renovar el contrato de alquiler a la familia de Mejías, que lleva viviendo en la misma casa que le concedió la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo desde 2006, sin dar más explicaciones y a pesar de que todos sus pagos estaban en regla.
El de la familia de Mejías, líder de las familias afectadas por la venta de las viviendas, era hasta ahora el único caso en que Fidere no ha permitido que los inquilinos continúen en sus viviendas, además del de siete familias a las que se echó por unas horas de las que no se tuvo noticia. Hace unas semanas se abría el proceso judicial para desahuciarla.
El Ayuntamiento anunció entonces que iniciaría un proceso de mediación para apoyar a la familia y evitar el desahucio. Y esas negociaciones han dado su fruto: “La alcaldesa ha conseguido el compromiso en firme de ofrecer a Arancha Mejías el mismo contrato de arrendamiento que han firmado ya muchos inquilinos de estas viviendas, respetando así sus derechos”, anunciaba este jueves la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.