La Cámara de Cuentas de Madrid ha aprobado este miércoles 23 de marzo el informe por el que se fiscalizaban varios contratos de emergencias del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, concretamente, en el año 2020. Entre ellos se encuentra el polémico contrato que el Ejecutivo regional adjudicó a dedo a Priviet Sportive S.L –sin experiencia previa en el negocio sanitario– por 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, un contrato por el que el hermano de la presidenta regional cobró una comisión de al menos 55.850 euros más IVA.
La Cámara de Cuentas ha concluido en su informe de este miércoles que este contrato siguió los procedimientos ordinarios de una contratación de emergencias y por tanto no incurrió en ninguna irregularidad, pero no entra a valorar la cantidad recibida por Tomás Díaz Ayuso, que queda al margen de la auditoría del organismo, algo que entra dentro de la normalidad.
Concretamente, la Cámara de Cuentas fiscaliza varios aspectos de los contratos auditados: si se justificó la emergencia –es decir, si el contrato respondía a la pandemia–; si se dio cuentas del mismo en el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso; también el inicio del plazo de la prestación; si el gasto final se corresponde al gasto previsto; si se llevó a cabo la prestación y si se publicitó en el Portal de Contratación. Según concluye el organismo fiscalizador, el contrato a Priviet Sportive siguió esos procedimientos.
El informe ha analizado un total de 4.448 contratos, por un importe de casi 1.000 millones de euros. El órgano pone el acento en varias adjudicaciones que utilizaron la tramitación de emergencia para adquirir bienes que no estaban destinados “a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP”.
“Con carácter general, la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación. Solo en contadas ocasiones, en los expedientes número, 259 y 260 se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP”, concluye.
El primero de estos expedientes se refiere a la adquisición de tres ecógrafos para los hospitales Infanta Sofía, Universitario del Henares y Universitario del Tajo, por valor total 102.800 euros. El organismo entiende que debían haberse tramitado por la vía ordinaria y no haberse adjudicado a dedo aprovechando la pandemia. El segundo, es un contrato para el suministro de dos equipos de mamografía para el Infanta Leonor y el Infanta Sofía, por 560.000 euros.
También cuestiona varios contratos que “carecen de la documentación que todo expediente de contratación precisa” aún tratándose de un trámite de emergencia, asegura la Cámara de Cuentas. “Ello ocurre en los expedientes número 105 al 114, 196, del 214 al 221 y el 254, en los que no se ha aportado justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno, y los números157 y 194, respecto de los que no consta la fecha de inicio de la prestación”, asegura el informe al que ha tenido acceso elDiario.es y que ha adelantado Vozpopuli.
Aunque el Gobierno regional y la propia presidenta habían asegurado que el contrato por el que el hermano de la presidenta cobró una comisión estaba ya auditado, no ha sido hasta este miércoles 23 de marzo que la Cámara de Cuentas ha emitido su informe final después de que se haya reunido el Consejo. En una carta firmada por su presidente en funciones, Carlos Salgado Pérez, –enviada al PSOE– la entidad fiscalizadora reprochaba que se hablase de que el contrato estaba fiscalizado pese a que no se había aprobado su resolución final. Salgado aclaró que se trataba de un informe en “elaboración”, tal y como adelantó elDiario.es.