La Cámara de Cuentas desmiente a Ayuso: la auditoría del contrato por el que cobró su hermano no está aprobada

La Cámara de Cuentas de Madrid desmiente a Isabel Díaz Ayuso. En una carta firmada por su presidente en funciones, Carlos Salgado Pérez, la entidad fiscalizadora desmonta las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas que el Gobierno regional adjudicó a un empresario amigo y por el que su hermano cobró una comisión.

Ayuso ha defendido en varias ocasiones que se trata de un contrato “ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas de Madrid y que es perfectamente legal” para defenderse de las acusaciones de una posible corrupción. Pero el organismo público niega que dicha adjudicación haya sido ya auditada, ya que el informe es todavía un borrador que analiza más de 200 contratos, y afea el uso de la institución por parte de la presidenta madrileña.

“El contrato pasó por la auditoría de la Cámara de Cuentas, concluyendo que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase en ninguno de sus aspectos”, dijo también el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty en la rueda de prensa que dio cuenta de la adjudicación. Lasquetty llegó a decir que el contrato fue elegido aleatoriamente por el organismo fiscalizador. Pero nada más lejos de la realidad. 

El presidente del organismo público asegura en un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, que la presidenta madrileña y su consejero se refieren en sus intervenciones al anteproyecto sobre la fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia, en el que hay más de 200 contratos, no únicamente el de su hermano. E insiste también en que ese anteproyecto es todavía un borrador que “no expresa el criterio definitivo sobre la materia analizada” pese a las “informaciones divulgadas en los medios de comunicación”, en referencia a las declaraciones de la presidenta regional y miembros de su Gobierno. 

“Este informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas ni, por tanto, publicado en la web de la institución”, insiste en el escrito el presidente en funciones de la entidad. Carlos Salgado Pérez recuerda además que “actualmente, el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas”.

Salgado añade un reproche final por el uso de la institución por parte de la presidenta y su Gobierno: “Aprovecho para poner de manifiesto el rechazo de la Cámara de Cuentas a cualquier divulgación de los trabajos en curso”. 

Una auditoría de la Cámara de Cuentas empieza con un borrador, que es al que se refirieron Ayuso y Lasquetty. Posteriormente la parte auditadla –la Comunidad de Madrid– debe presentar sus alegaciones a este informe provisional, que en este caso rastreó más de 260 contratos, no solo el del hermano de la presidenta. Una vez presentadas las alegaciones, el organismo fiscalizador vuelve a responder y la administración auditada –de nuevo– plantea contra-alegaciones. Es en ese momento cuando la Cámara de Cuentas concluye y solo entonces se considera que el contrato está auditado. Todos esos pasos no se han producido en este expediente pese a las afirmaciones de la presidenta y su consejero.

El PSOE denuncia la “manipulación de las instituciones”

La carta del presidente en funciones de la Cámara de Cuentas es una respuesta por escrito a una pregunta previa, que le realizó Juan Lobato, el líder del PSOE en Madrid. Lobato afea el “uso” partidista del organismo por parte de la presidenta madrileña para “justificar” una “posible ilegalidad”. A su juicio, esto “supone manipulación de las instituciones intolerable”.

“Cuanto más abre la boca Isabel Díaz Ayuso y cuanto más acceso tenemos a la documentación más dudas tenemos sobre estos contratos y más incertidumbre sobre lo que ha podido suceder”, lamenta Lobato. Aunque en un primer momento la presidenta madrileña aseguró que la comisión cobrada por su hermano de Priviet Sportive ascendía a 55.850 euros, en un argumentario enviado a una selección de periodistas el pasado jueves, el Gobierno regional reconoció que Tomás Díaz Ayuso cobró de esta empresa 283.000 euros por cuatro trabajos, una cifra similar a la que dio Pablo Casado.

Por eso, para el portavoz socialista, Ayuso debe comparecer ante la Asamblea de Madrid y dar todas las explicaciones necesarias. “Reiteramos además que debe crearse la comisión de investigación que han tumbado PP y Vox en el parlamento regional”. La Mesa de la Cámara madrileña, con mayoría del PP y la abstención de la extrema derecha, ha argumentado para tumbar la comisión de investigación que el objeto “excede a las competencias de la Comunidad de Madrid.

El PP reconoce que se trata de un “anteproyecto”

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido que no es que la Cámara de Cuentas haya desmentido la versión del Gobierno de la Comunidad acerca del contrato vinculado con el hermano de la presidenta, sino que siempre se habló de que se trataba de un “anteproyecto”. “Todos saben que ese anteproyecto existe”, ha defendido Serrano. El diputado regional del PP ha asegurado que la resolución referida al contrato de Priviet Sportive “está en el anteproyecto”, aunque este esté en fase de alegaciones, y que además ha cumplido todos los trámites de control interno.

También se ha referido a la carta del presidente de la Cámara de Cuentas el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty durante el Pleno. Lasquetty ha acusado al portavoz del PSOE de “manipular” al organismo fiscalizador: “A sabiendas ha intentado presionar a la Cámara de Cuentas y luego manipularla. Eso es una vergüenza democrática. Váyase a la página 40 del anteproyecto de informe donde aparece el nombre del contrato como uno de los auditados”.

Una ley para controlar la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas lleva tres años en funciones sin renovarse. Ahora el Gobierno de Ayuso quiere controlar el organismo a través de la aprobación de la Ley Ómnibus, que contempla la modificación del método de elección de los miembros del organismo que fiscaliza la contratación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde 2019, tras una modificación legislativa, sus integrantes son elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obliga a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo para decidir su composición. Si la ley ómnibus se aprueba, el Partido Popular tendrá la capacidad de bloquear la votación de consenso y así controlar el órgano.