“Ayer llovió en Madrid, fui al paragüero y vi que tenía un paraguas del Campus de la Justicia. ¿Cómo es posible que se hicieran paraguas, gorras, camisetas y exposiciones?”. El apoderado del Campus de la Justicia entre octubre de 2011 y febrero de 2013, Javier Rodríguez Fernández, se hacía estas preguntas este martes en su comparecencia en la comisión de estudio de la deuda de Madrid en la Asamblea regional.
“¿Cómo es posible que se editaran libros carísimos, se contratara a todos los arquitectos más reputados y hasta se hiciera un edificio, el dónut ese que hay ahí, con lo caro que es?”. Rodríguez, que ha comparecido a petición de Podemos, ha asegurado que él no detectó “irregularidades”, pero que sí sospechaba que las hubiera Salvador Victoria. Victoria entró como consejero de Justicia en septiembre de 2012, en sustitución de Regina Plañiol, que llegó en junio de 2011 después de que Francisco Granados ocupara la consejería desde diciembre de 2008, cuando relevó a Alfredo Prada.
“El consejero [Victoria] me pidió en septiembre de 2012 que las cuentas de 2010 fueran reformuladas. Pero eso no se podía hacer, ya estaban auditadas. Pensaba que podía haber irregularidades de la etapa anterior”, ha explicado Rodríguez, “y dejaba caer que yo tenía interés en seguir con la sociedad abierta. ¡Pero si en 2009 se decidió que había que liquidarla o fusionarla y nadie quería tomar la iniciativa política de tomar una decisión! Me he pasado tres años en un chiscón, apartado por el Partido Popular”.
“Cuando llego [octubre de 2011] no se firma nada, no había actividad desde 2009 o antes”, ha explicado Rodríguez: “La sociedad estaba prácticamente parada. Se formularon las cuentas de 2010, fuera de plazo, en septiembre de 2012. Hay elecciones en mayo de 2011 y nadie quería saber ya nada del Campus de la Justicia. Todos se ponen de perfil. En la primera piedra estaba todo el mundo, y costó 1,5 millones de euros. Yo me cansé de dar en los nudillos para que se aprobasen las cuentas y se agilizase la liquidación porque tenía coste, sobre todo político”.
De acuerdo con la ley 9/2010 , “la sociedad tenía que liquidarse o fusionarse, y esta posiblidad no se cierra hasta entrado 2012, por el proceso electoral, el cambio de consejeros... Esa decisión no se toma por quien tiene que tomarla. Pero no hay problema con las cuentas, no ha habido actividad. Y sólo faltaba llevarlas a aprobar al consejo de Gobierno, pero decían que tenía que hacerlo quien había cometido irregularidades y el consejero me dijo que se reformularan las cuentas. Pero no puede hacerlo el consejo de administración porque haya sensación de que haya algo mal, solo puede la junta de accionistas. Quería reformular las cuentas con un informe de auditoría ya ha hecho”.
“Así me va en la administración”, ha continuado Rodríguez, “hasta el día que me fulminen. El PP me ha tenido en un chiscón tres años y no creo que sea gratuito. La única irregularidad era no aprobar las cuentas. Nadie quería llevar las cuentas y no se puede hacer una liquidación si las cuentas no están liquidadas”.
¿Qué ha pasado con el proyecto?
“Hay falta de un plan estratégico general, desde 2008 cuando se paralizan los proyectos, nadie quiere saber nada”, ha detallado Rodríguez: “Se paran los proyectos, no hay liderazgo ni proyecto político. No le corresponde a una sociedad que tiene como objeto construir edificios judiciales hacer camisetas, que mandé a una ONG, ni gorras. No lo entiendo. No saco nada de mi caletre, se decía que iba a ser a coste cero y que se haría realidad en 2011. El proyecto se ha expuesto en Nueva York, Múnich, Singapur, se ha dado conocer con oficina móvil en la plaza de Castilla, en una exposición en la Carlos de Amberes, en Second Life... Se han construido maquetas, se contrató a Norman Foster; Alejandro Zaera; el del dónut sin terminar; Richard Rogers; Carlos Lahoz; Zaha Hadid... Da vértigo, podía haber un edificio singular, pero no todos”.
Rodríguez también criticó la capacidad del personal: “Viendo la edad de nacimiento, poca experiencia podía tener para un proyecto de 500 millones de euros”. Y lamentó “la excesiva rotación: ha habido cuatro presidentes del consejo de administración en 10 años [Prada, Granados, Plañiol y Victoria]. Habría sido mejor que no fuera el consejero de Justicia e Interior”.
De acuerdo con lo declarado por el exapoderado del Campus de la Justicia, “el proyecto estaba sobredimencionado. El Instituto de Medicina Legal, el dónut, tiene 14.000 metros cuadrados: les invito que hagan una visita al campus, está sobredimensionado, tendría que pasar un Chernóbil para que fuera usado. No tiene valor como edificio administrativo, es para muertos, con olor a cadaverina. Es muy difícil compatibilizar como uso administrativo. Es una pena. Hay que desconejar cada año porque está abierto. Los edificios circulares tienen mayor coste de construcción, menor rendimiento, no permiten los usos conjuntos. El dónut hay que calefactarlo por fuera y por dentro y los muebles hay que hacerlos a medida. No hay muebles circulares y con radio específico por cada planta. Las unidades de obra son más caras también, porque no hay experiencia, no hay formatos curvos estandarizados”.
“Los espacios judiciales suman ahora unos 200.000 metros cuadrados, y el proyecto hablaba de 465.000”, ha explicado Rodríguez, “con lo que, además, ”se agotaba la edificalidad de la zona“.
“¿Cómo se han gastado 100 millones de euros?”, se ha preguntado Rodríguez: “Sí, están gastados. En edificio y los túneles, donde se pueden cruzar dos camiones uno encima de otro con un galibo enorme se han gastado unos 56 millones; las asistencias técnicas y consultorías, 27,5 millones; los costes por resolución de contratos, 6 millones de euros...”.
Además de Rodríguez, ha comparecido el consejero de presidencia, Ángel Garrido, a petición del grupo socialista en la Asamblea. Y, a diferencia del exapoderado, ha arrojado poca luz sobre el proyecto y ha eludido responder a las preguntas de la oposición, formuladas por Mercedes Gallizo (PSOE), Eduardo Gutiérrez (Podemos) y César Zafra (Ciudadanos).
“¿Está toda la documentación?”, ha preguntado Zafra, “ha desaparecido el contrato con Norman Foster, de 10,5 millones de euros. ¿Qué va a ocurrir con el instituto de medicina legal, costaría 5 millones de euros ponerlo en marcha. ¿Cuál es su futuro? ¿Qué va a ocurrir con los edificios vendidos, el de la calle Fernández de la Hoz vendido, por 13 millones y el de Hernani, vendido por 62 millones. ¿Cuánto va a costar recuperar esos servicios?” Pero Garrido no ha respondido.
Tampoco ha respondido a Gutiérrez: “¿Está dispuesto a falicitarnos el libro mayor de todos los ejercicios? No terminamos de entender que haya tanta documentación contable y económica?”. “Hasta 100 metros lineales”, ha afirmado Garrido. “¿Cree que es idóneo un presidente de la cámara de Cuentas que no ha investigado las cuentas del Campus de la Justicia?”, ha insistido Gutiérrez.
Garrido tampoco ha respondido a Gallizo, a quien a acusado de poder estar cometiendo un delito al acusar al Campus de la Justicia de “pagar estudios ficticios”. “¿Cuánto dinero ha costado este no proyecto? ¿Cuánto se ha pagado? ¿Cuánto se debe? ¿Cuántas sedes se han vendido? ¿Cuántos modificados pagaron? ¿Conservan todos los contratos, incluidos los que firmó Aguirre y González con Foster? ¿Tienen todos los gastos? ¿Copias de las facturas? Queremos el detalle. ¿Van a entregar a la cámara de cuentas las cuentas detalladas? ¿Nadie se alarmó por que no se entregaran las cuentas a la cámara año a año? No podemos creer que hayan desaparecido documentos, puede ser constitutivo de delito. Se usó la sociedad para encargar estudios ficticios a empresas que debían favores, se colocaron a familiares, se contrataron a personas que luego adjudicaron obras a empresas de la que venían, otros fueron a trabajar a Panamá...”.
“Los 200 millones no existen como tal”, sí ha concretado Garrido, en relación con las cláusulas por no ejecutar el último proyecto adjudicado de “ciudad de la justicia low cost”: “Existen cláusulas habituales de indemnización a los habituales. Salvo error u omisión, se lo digo así. Si algo se ha perdido, se ha perdido ya. Pero no se va a perder nada más”, ha zanjado Garrido, quien se ha comprometido a que haya “luz y taquígrafos” sobre el asunto.
Su compañero de partido, el diputado Juan Antonio Gómez Angulo, ha cargado contra la comisión de estudio: “Aquí no se está hablando de la deuda, sino del Campus de la Justicia que, casualmente, no es objeto de investigación en la comisión de corrupción recién creada”.