El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30, una de las principales arterias de la capital. Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una modificación suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados.
Por eso el Gobierno de Ahora Madrid impuso el pasado 11 de noviembre su mayoría en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30 SA, la empresa propiedad del Ayuntamiento que tiene la titularidad de la obra, para dejar atrás las amenazas y pasar a las multas. Ese día, con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, decidió abrir seis expedientes por incumplimientos graves. El baremo en el que se mueven las sanciones que baraja el ayuntamiento madrileño es el más alto de todos los que prevé el contrato: de 50.000 a 750.000 euros por cada una de las deficiencias. De momento se han hallado seis.
La decisión de acudir a la vía punitiva llega después de que las inspecciones sobre el mantenimiento de los túneles realizadas durante el último año y medio hayan llevado al Gobierno municipal a concluir que las constructoras han estado cobrando millones de euros por servicios contemplados en el contrato que no se han prestado. Los técnicos municipales han peinado los distintos capítulos de gasto y han detectado seis irregularidades graves, según figura en la documentación en poder de eldiario.es.
El telecontrol del alumbrado
Al Ayuntamiento de Madrid no le consta que la adjudicataria Emesa esté cumpliendo con uno de los requisitos que establecía el modificado del contrato original firmado dos años después de inaugurar la obra: la obligación de instalar un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto en la M30. Era una de las exigencias de aquel segundo acuerdo, de 2007, que encareció el coste del servicio de mantenimiento un 18% solo 24 meses después de recepcionar la obra.
“El compromiso de instalación se contrajo mediante la aprobación y aceptación del modificado mencionado en junio de 2007 y únicamente ante la amenaza de una posible sanción derivada de un expediente de penalidades, la empresa mantenedora de la infraestructura, Emesa, comenzó a tramitar la instalación objeto del expediente”, señala el documento de conclusiones de Madrid Calle 30. Pese a ello, según las cuentas de los actuales gestores municipales, la UTE que integran las tres constructoras, ingresó 2,7 millones de euros desde 2007. “En el breve desglose de únicamente una página en el modificado del año 2007 se incluye el mantenimiento de dicho sistema que, hasta la fecha, Madrid Calle 30 no tiene constancia de su instalación”, apunta el dictamen de Calle 30.
Mantenimiento de sistemas de apoyo en los túneles
La empresa municipal tampoco tiene noticias de que las concesionarias del mantenimiento de la M30 estén cumpliendo sus obligaciones de “mantenimiento de los apoyos de neopreno en los túneles del bypass”. Este encargo se derivó de un cambio estructural en la construcción de la obra que precisaba de un mayor número de apoyos. Según la documentación que maneja el Gobierno de Carmena, “la empresa mantenedora de la infraestructura, EMESA, no había realizado ni tan siquiera una inspección detallada de los apoyos para determinar si era necesaria su recolocación o su sustitución. Hasta dicha fecha, ningún apoyo había sido recolocado o sustituido y únicamente tras la primera inspección visual desde la recepción de las obras, se ha comenzado a elaborar un procedimiento para determinar su sustitución o recolocación”. Según las cuentas municipales, el Ayuntamiento ha pagado a EMESA 3,2 millones de euros por este concepto “sin que, a día de hoy, Madrid Calle 30 sea conocedora de la finalización del primer proceso de recolocación o sustitución”.
Los apoyos de neopreno son una especie de colchones de ese material que se colocan en los puntos de apoyo de las infraestructuras para que soporten movimientos y rozamientos derivados de los cambios de temperatura o de la acción de cargas externas o propias de cada estructura, describen las biblias de la ingeniería de puentes.
Medios y actuaciones relacionados con la seguridad vial
El informe de Madrid Calle 30 tampoco ha encontrado indicios de que la adjudicataria Emesa cumpla con los requisitos que establecía el contrato “en lo referente tanto al número de medios humanos, como a su distribución y formación en relación con la seguridad vial de la infraestructura, contemplados tanto en los pliegos del contrato como en la oferta presentada”. EMESA prometió entonces destinar a los servicios de atención a incidentes y emergencias un número de operarios con una determinada formación pero un dictamen elaborado recientemente por el responsable de seguridad del túnel pone en entredicho que haya cumplido con su compromiso. Por eso el Consejo de Administración ha incoado este procedimiento sancionador.
Deficiencias en el sistema antiincendios
El cuarto expediente abierto por Calle 30 a Emesa parte de un grave accidente ocurrido el 26 de octubre de 2012 y que supuso la muerte de dos trabajadores de la empresa de mantenimiento. A raíz de aquel siniestro se detectaron “una serie de deficiencias en materia de mantenimiento en distintos sistemas alojados en los cuartos técnicos del by pass de los túneles”.
El actual Gobierno de Carmena ha recuperado los informes de bomberos y policía del accidente que evidenciaron entonces los fallos en el sistema de agua nebulizada de los cuartos técnicos. Los actuales gestores de Madrid Calle 30 recuerdan que “la anterior dirección decidió no incoar un expediente sancionador”. “Sin embargo, el actual equipo de Gobierno considera que dichas carencias de mantenimiento en un sistema de protección contra incendios son inaceptables y requieren de la incoación de un expediente de penalidades”.
Ausencia de una segunda red para transmitir datos
Los actuales gestores de Madrid Calle 30 tampoco han detectado que se haya instalado una segunda red de transmisión de datos referentes al tráfico para que pueda suplir a la principal si esta sufre una incidencia y se cae. Emesa se comprometió a instalar ese sistema alternativo de conexión “sin coste alguno para el Ayuntamiento de Madrid”. El Gobierno actual subraya: “Resulta llamativo que, tras más de 11 años desde la adjudicación del contrato, Madrid Calle 30 no tenga constancia de la instalación de dicha red que pretende dar seguridad informática en el tráfico de ciertos datos”.
Falta la red wifi para las comunicaciones internas
Otra de las mejoras que la UTE que se hizo con el contrato de mantenimiento prometía en su oferta fue la implantación de una “red wifi con soporte calidad telefónica en los túneles y cuartos técnicos y vías exteriores de la infraestructura”. Tampoco esta tecnología iba a suponer inversión alguna para el Ayuntamiento de Madrid. “La red aportaría”, según el poroyecto de Emesa, “seguridad a los empleados de mantenimiento de la obra al permitir la comunicación con el centro de control en puntos donde la señal telefónica ordinaria es deficiente. A la dirección de Madrid Calle 30 tampoco le consta que se haya implementado.
Además de todo lo anterior, el Consejo de Administración de Calle 30 decidió también el pasado 11 de noviembre abrir otra investigación para comparar el actual centro de control de la M30 con el que aparecía diseñado en la oferta de Emesa. “Todo parece indicar”, señala el acta del consejo, “que algunas de las características que el proyecto de ejecución (abonado íntegramente por el Ayuntamiento de Madrid) contemplaba, no fueron instaladas o, si lo fueron, nunca fueron puestas en marcha. La investigación pretende aclarar lo sucedido para obtener el máximo rendimiento de una parte tan fundamental de la infraestructura”.
La gestión externa del mantenimiento de la M30 está rodeada de polémica desde el nacimiento de la obra. La oposición acusó desde el primer día a Gallardón de recurrir a esta vía para intentar camuflar la deuda de la institución -el soterramiento de una de las principales arterias de la ciudad costó más de 6.000 millones de euros-. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid recomendó al Ayuntamiento de Madrid rescatar la gestión pública y criticó el contrato que, según este organismo fiscalizador, solo tiene sentido para garantizar el pago de unos intereses del 7% a las constructoras que adelantaron el dinero de la obra.