Los vecinos del centro de Madrid alertan, desde hace algún tiempo, de la expulsión de los residentes a otras zonas de la ciudad debido a la proliferación continuada de locales de ocio, establecimientos, pisos para turistas sin control y la subida de los precios del alquiler, quedando la almendra central de la capital solo para turistas y población flotante. Un fenómeno conocido como “gentrificación”.
El Gobierno de Ahora Madrid anunció hace semanas que trabaja por acabar con este fenómeno, que se produce cada vez más en el centro de las grandes ciudades. La primera medida se aprobó el pasado 2 de marzo a través de una instrucción urbanística que no permitirá la sustitución de carácter general “del uso residencial por el terciario hospedaje (hoteles, hostales y pensiones)” de edificios específicos situados en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamberí y el barrio de Argüelles.
La instrucción, que presentará el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, este miércoles en la comisión del ramo, “clarifica” los cambios de uso de edificios de estas zonas de la capital que quedaban “confusos” en el Plan General de Urbanismo de 2008, según explican fuentes del área.
Antes de esta modificación, en el Plan General de ordenanza de Urbanismo de 1997, se prohibían edificaciones situadas en “teóricos patios de manzana −parcelas formadas en el interior de varios edificios−” que se dibujaron para “descongestionar” zonas con elevados índices de edificabilidad, según explican desde Urbanismo. Debido a esta ordenanza, “muchos edificios” están construidos encima de lo que deben ser futuros espacios libres de edificabilidad y en los cuales solo se podrá cambiar su uso -de residencial a terciario- salvo que se recuperase ese espacio.
De acuerdo con la instrucción aprobada por el Gobierno de Carmena, los edificios que tengan uso residencial, solo estén protegidas sus fachadas o no tengan ningún tipo de protección, y parte de su edificabilidad esté situada en patios de manzana según el citado plan general de 1997, no podrán cambiar su uso a terciario hospedaje (hoteles, hostales y pensiones). El objetivo es “mantener el uso residencial como forma de preservar el tejido vecinal en los barrios del centro”. Por otro lado, los inmuebles que tienen protección total deben pedir el cambio de uso a la comisión de patrimonio que “en general” impone condiciones más restrictivas para el cambio.
De esta manera, el Gobierno municipal va a frenar el uso terciario hospedaje, es decir, la actividad económica destinada a hoteles, hostales y pensiones, en los edificios de la almendra central de la ciudad que son actualmente viviendas. Desde la aprobación de la medida a principios de mes, se han desestimado dos cambios de uso: uno en la calle Pez número 21 y otro en la calle Valverde número 4. El Ayuntamiento de Madrid aclara que esta medida solo afecta a edificios de uso residencial, otros que actualmente poseen un uso terciario, como pueden ser oficinas, podrán obtener el cambio a hospedaje.
“No afecta a alquileres turísticos”
“La medida solo afecta a cambios de uso de edificios para actividades empresariales y no a los alquileres turísticos de particulares que ponen a disposición sus viviendas cuando se van de vacaciones”, puntualizan fuentes municipales. Por tanto, los alquileres turísticos a través de plataformas como AirBnb no entran dentro de esta regulación. “Otra cosa es que se tenga que perseguir el fraude, que se da, con este tipo de actividades”.
Un informe sobre el sector hotelero presentado en enero por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital menciona “estimaciones” de 8.000 pisos turísticos en toda la región realizadas para 2014 por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y el Gobierno regional, de quien depende la regulación de estos apartamentos. Apenas un 10% estaba dado de alta como tal en el Registro de la comunidad.
El margen de maniobra del consistorio en este sentido es limitado. Por un lado, la normativa relativa al alquiler es materia estatal y está regulada con la Ley de Arrendamientos Urbanos; el Ayuntamiento de Madrid junto con el de Barcelona han pedido al Congreso que se cambie esta ley. Y, en el caso de la vivienda o el turismo, la regulación recae en la Comunidad.
Respecto a los alojamientos turísticos, la Comunidad aprobó en julio de 2014 el decreto 79/2014 para regular las características que deben cumplir estas viviendas. El Gobierno municipal prepara para las próximas semanas un informe en el que se harán “recomendaciones” a la Comunidad para revertir esta situación en la capital.