La pantalla del ordenador de la enfermera Rhut Cristóbal parece el tablero de un juego de mesa, dividido en cuadrículas de color blanco, verde y rojo. No es un crucigrama, en realidad, sino un listado de los pacientes que están citados un martes de final de julio, por la tarde. En el centro de salud Vicente Soldevilla de San Diego, en Puente de Vallecas, este verano solo hay dos doctores, de los cuatro que debería haber.
Rhut va contando las celdas con el ratón. Al primer médico le tocan 60 pacientes en siete horas. Al segundo, 55. No salen de la consulta casi ni para ir al baño. Esto no es nuevo en la primera línea de la sanidad pública madrileña, pero ahora, con los contagios volviendo a subir, el atasco aumenta. La enfermera Cristóbal ya no tiene ganas de medir sus palabras. Ni contra los responsables sanitarios, ni contra los vecinos descuidados: “No hemos aprendido nada. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta ni en la quinta ola. Estamos hasta el culo”.
El personal de los centros de salud de Madrid lleva años en precario, con las plantillas incompletas, medios insuficientes y una sensación general de abandono por la Comunidad de Madrid. La irrupción del COVID-19 llevó esta tensión al extremo, pero un año después la situación apenas han mejorado. El aumento de contagios del verano, con el consiguiente aumento de pruebas PCR, está haciendo subir las listas de espera. La llaman la quinta ola y es distinta de las anteriores, además de porque la vacunación avanza y, en consecuencia, hay menos enfermos graves, porque los pacientes cada vez son menos comprensivos. En la puerta del ambulatorio Soldevilla hay un cartel que pide calma: “El personal sanitario trabaja para usted. No debe ser amenazado”.
“Cada poco hay que llamar a la policía”, admite Cristóbal, que señala que el personal de administración “está desbordado”, que mucha gente llega ya enfadada por la lista de espera para la primera consulta —tres días en enfermería, cinco en medicina— y “lo quieren todo ya”. Los trabajadores no dan más de sí y están pensando en recuperar los carteles que en septiembre de 2020 se colgaron en la puerta de este y otros centros de la Comunidad para avisar a quienes llegaban de que la plantilla estaba bajo mínimos y hacía lo que podía. “Nuestras funciones son la promoción y la prevención, pero ahora lo que hacemos es poner parches […] Los médicos acaban la jornada con miedo de que se les pase por alto algo importante. Hay mucha impotencia y la sensación de que se están intentando cargar la atención primaria”, lamenta.
Raquel Collado, médica de Atención Primaria en centro de salud Parque Loranca de Fuenlabrada, tiene el primer hueco para cita por telefónica el 16 de agosto. De los 15 titulares de Medicina de Familia que hay en su ambulatorio, se han quedado ocho en verano y dos de ellos, de forma rotatoria, solo ven casos de COVID-19 o sospechosos. Por la zona sucia, pasan unos 50 pacientes al día en estos días calurosos de finales de julio frente a los 20 que contabilizaban a principios de junio.
“Los barrios del sur tienen unas circunstancias socioecónomicas más desfavorables que generan una población con mucha patología. Se nos va de madre”, admite. Collado, delegada del sindicato AMYTS, dobla jornada por las mañanas en otro centro en Boadilla del Monte, donde, dice, la situación “no tiene nada que ver”. “La espera máxima son 72 horas”, ejemplifica.
Aunque con la solana de julio parecería que todo en Madrid se mueve más despacio, por los centros de salud de barrio es constante el goteo de pacientes, de citados para vacunarse o hacerse una PCR. En el de Abrantes, en Carabanchel, la plantilla por lo menos tiene el consuelo de que este año el ambulatorio sí está abierto, pues el año pasado llegaron a quedarse sin médicos a finales de agosto. No es que ahora estén para tirar cohetes. La enfermera del triaje, Noelia, está “muy enfadada” y señala al Gobierno regional. Pide que no se use su apellido por temor a represalias. “La Comunidad de Madrid no nos lo pone fácil. Estamos muy saturados y no podemos atender a la población en condiciones”, protesta.
Se suma a esto la frustración por el plan de vacunación, que ha soslayado a los ambulatorios en favor de los 'vacunódromos' y los espacios habilitados por grandes empresas. “Nos dijeron que no podíamos citar para la segunda dosis de la vacuna cuando lo teníamos perfectamente organizado. Quieren que la gente se vaya a los grandes centros, pero luego no les llegan las citas y tenemos que apuntarlos nosotros como suplentes, cuando nos sobran dosis”, indica.
Pero no solo las vacunaciones presentan problemas. El tapón que supuso el confinamiento y el foco casi exclusivo en el coronavirus provocó un retraso en la atención ordinaria que es muy difícil de recuperar. “Llegan pacientes tras un año sin ser atendidos y te cuentan cinco o seis cosas distintas. Hay analíticas retrasadas, tratamientos sin revisar; las recetas, que ya no se renuevan electrónicamente […] No damos a más. Querríamos, pero no”, lamenta.
Sanidad de batalla en un bajo a la espera del nuevo centro
El centro de Salud de Baviera, en La Guindalera, es un local alquilado en los bajos de un edificio de viviendas en el extremo noreste del barrio de Salamanca. Para la población que atiende, unas 15.000 personas, se queda pequeño. La entrada es bastante estrecha, y mantener los circuitos separados de pacientes COVID y no COVID se hace complicado. Todo el mundo tiene claro esto, y por eso la Comunidad de Madrid construyó uno nuevo, de cuatro plantas, a 10 minutos.
En 2018 se anunció que estaría funcionando para el verano siguiente. Después, que para el otoño de 2020. Aún sigue vacío, aunque la obra está terminada desde hace meses; hasta las placas de las puertas de los despachos están instaladas. Pero el traslado todavía no llega y en el viejo local “los médicos están hasta arriba”, coinciden, tras las mamparas, las dos administrativas de la entrada. Aquí debería haber cuatro doctores, pero solo hay dos, cuentan. En esto, entra una mujer mayor con cara de cansada, y pregunta, débilmente:
- ¿El teléfono ya no lo cogen?
La administrativa se queda sorprendida, contesta que el teléfono se coge “cuando suena”, pero luego explica que los médicos también llaman desde la consulta y las líneas están casi siempre ocupadas. “Si no suena es que no suena”, certifica. La aspirante a paciente no quiere más explicaciones. “Tengo 38 y medio y necesito un justificante”, zanja.
Al poco entra otro hombre, al que han citado para vacunarse en el Wizink pero no está conforme, seguido de una mujer que quiere cambiar de centro de referencia pero no tiene el certificado de empadronamiento al día. A todos ellos les responde primero Josué, celador veinteañero, novato, comprensivo. “Cuando hay menos personal, todo se nota más”, constata, después de darles instrucciones. ¿Y qué hay de la mudanza? “Sí, dicen que nos van a trasladar, pero aún no sabemos nada”, explica, antes de perderse de nuevo por el pasillo.