La Comunidad de Madrid tenía 6.000 aulas con más niños y niñas de los marcados por ley el curso pasado. En 1.222 –muchos concertados–, la Consejería de Educación directamente incumple la normativa porque no justifica esa masificación; y en 5.027 utiliza un mecanismo sí previsto en la Lomce pero solo reservado a circunstancias excepcionales que, en este caso, se aplican a una de cada diez aulas en la región, según una respuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.
“La excepción se ha convertido en norma”, denuncian desde CGT. Los que trabajan dentro de las aulas aseguran que “con esta sobrecarga es imposible hacer nada que se salga de que estén sentados en la silla. Y atenderlos individualmente es inalcanzable, lo que repercute sobre todo en los niños y niñas con necesidades educativas especiales”. Habla una maestra de un colegio público que este año ha metido a 29 estudiantes en una clase de tercero de Primaria.
En su centro, asegura, hay varias aulas con 27 niños y niñas. “Y hemos llegado a tener clases de Infantil con 28. No los puedes escuchar ni atender debidamente, y el estrés que eso causa es tremendo”, admite. Los límites marcados por el Ministerio de Educación son 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.
En los datos aportados por la Consejería se observa que el 80% de las aulas que se pasan de ratio sin justificación se ubican en colegios concertados (995). El 18% están en centros públicos y son 227. Y la mínima parte (solo 52) corresponden a privados.
“La excepción es la norma”
Los sindicatos denuncian que la Consejería está utilizando la excepción de la Lomce, prevista en el artículo 87 y que permite un aumento del 10% de las ratios, como “norma” con las casi 2.900 aulas de Primaria de colegios a las que aplicaron este resquicio. Es la etapa, por delante de Infantil (1.516) y Secundaria (621) con más excesos. “Desde la Consejería están retorciendo la ley para dejar las ratios como quieren. Cuando termina el periodo ordinario ya dejan las clases al límite y después en el extraordinario empiezan a recolocar niños”, denuncian desde CGT.
Lo mismo explica la diputada que pidió las cifras a la Consejería, Beatriz Galiana, y ha solicitado la comparecencia de Rafael Van Grieken en la Asamblea de Madrid sobre esta cuestión. “Queremos que también nos dé explicaciones sobre la falta de infraestructura que ya llevamos a la Fiscalía”, afirma. Cientos de estudiantes de la región han empezado el curso en barracones, en instalaciones de colegios concertados o en otros centros públicos lejos de su casa porque sus centros de referencia no han terminado de construirse.
La proporción ha sido calculada por eldiario.es cruzando los datos aportados por la Consejería, avanzados por Cadena Ser, con el número de aulas registradas en la estadística del Ministerio de Educación. Y ante los datos extraídos, la Consejería de Educación justifica que “están empezando a solventar la situación” tras quedar sin efecto el decreto del Ministerio de Educación que permitía a las autonomías subir el número de estudiantes por clase y niega que “se estén masificando las aulas”. Las fuentes consultadas concretan que los aumentos responden a “necesidades inmediatas de escolarización” y que las clases con más alumnos que permitía el decreto extinto “irán desapareciendo”.
Sindicatos, partidos y plataformas por la escuela pública advierten, en general, de un déficit de centros públicos para la demanda que existe en la región. “Hay centros súper masificados que ya no tienen más opciones de ampliar y han tenido que recurrir a partir espacios con tabiques cargándose aulas de especialidades y laboratorios”, señalan en CCOO en Madrid. Por distritos, es llamativa la situación de Arganzuela donde varios de los siete colegios públicos han aumentado el número de aulas por nivel por encima de su capacidad, lo que ha obligado a hacer clases en espacios no pensados para ello.
El artículo 87 de la Lomce es la justificación legal que permite a la Consejería de Educación mantener ratios por encima de los límites marcados: 25 estudiantes en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Este artículo autoriza “un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados de una misma área de escolarización, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna”.