La batalla política entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid dificulta el control de los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena ha pasado a la ofensiva contra la proliferación de pisos turísticos. El Ejecutivo municipal achaca la subida de los precios de los alquileres, la expulsión de los vecinos y la saturación en el centro de la ciudad al aumento descontrolado de este tipo de alojamientos. El Consistorio ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar y cerrar alojamientos turísticos a la vez que demanda más cooperación a la Comunidad de Madrid, que de momento resta importancia al aumento de este tipo de alojamientos y “no se consideran un problema”, según admite el Gobierno regional a eldiario.es.

Ante esta situación, el Gobierno de Ahora Madrid ha cerrado la puerta a que los alquileres turísticos puedan seguir creciendo legalmente en el centro de la capital y ha emprendido una campaña para acabar con los que no cumplen con la normativa municipal. Mientras se redacta y aprueba el nuevo Plan Especial del Consistorio que se espera para finales de año, la Junta de Gobierno municipal aprobó en enero una moratoria que suspende durante un año la concesión de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico) en los inmuebles destinados actualmente a vivienda en todos los barrios en los distritos Centro, Salamanca, Chamberí y Moncloa-Aravaca.

Eso significa que los alquileres que no tienen dicha licencia operan actualmente de forma irregular en la ciudad, de ahí que el Ayuntamiento haya pasado directamente a las sanciones. Según los últimos datos del mes de julio, la corporación municipal ha ordenado el cierre de actividad de 148 pisos turísticos y sigue investigando a otras 339 unidades de alojamiento turístico sobre los que pesa un expediente administrativo.

Pero el Ayuntamiento de la capital dice desconocer a día de hoy la cantidad de pisos turísticos que operan en Madrid, que cifran en una horquilla de entre 8.000 y 10.000 viviendas. Las actuaciones que hasta ahora está llevando a cabo parten de las denuncias de vecinos y de sus propias inspecciones. En estos últimos meses, 507 unidades de alojamiento turístico han sido denunciadas ante la Agencia de Actividades sobre apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico: 184 son viviendas de uso turístico (se alquilan por un particular) y 323 son alquiladas por empresas o fondos buitre.

En los expedientes abiertos que afectan a 304 alojamientos turísticos, el Gobierno municipal ha solicitado información complementaria a la Comunidad de Madrid, “al no haberse podido verificar en la inspección el ejercicio de actividad de viviendas de uso turístico”, explican desde el Consistorio.

El pasado 17 de julio, según ha podido saber eldiario.es, la administración municipal solicitó por escrito a la Comunidad de Madrid los datos de los titulares que se han inscrito en el Registro de Empresas Turísticas para “poder ejercer la competencia en materia de inspección, disciplina y potestad sancionadora sobre los alquileres que no se ajusten a la normativa municipal”, recogía el escrito.

“En los expedientes tramitados, cuando no ha podido constatarse el ejercicio de la actividad, se solicita a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid un informe para saber si la vivienda y/o apartamento de uso turístico denunciado se encuentra debidamente inscrito, su referencia de su inscripción y si la misma es de apartamento turístico o de vivienda de uso turístico, así como la titularidad de la misma en el caso de estar inscrita, de acuerdo con el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, explican desde el Gobierno local a este diario.

El Ayuntamiento de Madrid niega que a día de hoy haya recibido tal información. El Ejecutivo autonómico aseguran que responden “a todas las peticiones” sin extenderse en detalles. Las relaciones entre ambas administraciones sobre este asunto parten de posiciones políticas opuestas.

Mientras desde el Ayuntamiento de Carmena se apuesta por limitarlos, en la Comunidad gobernada por Ángel Garrido quieren una regulación “sin criminalizar a las empresas”, aseguran. “Desde la Comunidad de Madrid nunca hemos considerado que las viviendas turísticas sean un problema”, señalan a eldiario.es fuentes del Gobierno de la región.

“Falta de supervisión administrativa”

En paralelo al plan especial municipal, la Comunidad de Madrid prepara su propio decreto de pisos turísticos que aprobará antes de finalizar el año. Desde el Gobierno regional aseguran haber recibido ya el visto bueno de la Unión Europea después de haber incorporado algunas de las numerosas alegaciones que se presentaron.

Actualmente hay inscritas 9.726 viviendas turísticas en el Registro de Empresas Turísticas, detallan desde el Gobierno autonómico a eldiario.es, que asegura que la gran mayoría se encuentran situadas en los distritos de la almendra central de la capital, aunque no especifica la cifra.

Ese dato que no ha sido facilitado tampoco al Ayuntamiento de Madrid, también fue requerido antes por el Defensor del Pueblo sin conseguir una contestación exitosa. La institución definió, en un escrito remitido a la Comunidad de Madrid al que este medio ha tenido acceso, como “preocupante” la “falta de información precisa” de la que dispone la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

“La Consejería ha aportado datos de viviendas registradas (cerca de 8.000, casi todas en el término municipal de Madrid), pero dice desconocer el número real, pues hay viviendas fura de control administrativo y que se están ofertando a través de Internet”, recoge el informe del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo achaca a esta “falta de supervisión administrativa”, “el crecimiento decontrolado de vivienda turística”. “Descontrol que, además, a medio o largo plazo puede desbordar, comprometer y dificultar las posibilidades y acciones de todas las administraciones públicas, no solo de la regional”, denuncia el organismo en su análisis. Para la institución “al carecer de datos sobre la oferta ilegal”, la Comunidad de Madrid “desconoce la realidad sobre la que ha de ejercer sus funciones”.

Las posturas enfrentadas entre Ayuntamiento de Madrid y Comunidad ralentizan la supervisión y sanción de alquileres turísticos por la que apuesta el Gobierno municipal, denuncian desde el Consistorio, que lidia en estos momentos con el revés de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que acordó en agosto impugnar su normativa urbanística al considerar que las normas puestas en marcha “son contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente, y perjudican a los consumidores y usuarios”.