“Vi el cartel cuando bajaba del autobús para ir a trabajar en una marquesina y pensé: manda narices que hayan vendido 1.800 viviendas públicas y ahora se pongan a comprar a particulares”, dice Arancha Mejías, presidenta de la asociación de afectados por la venta impulsada en 2014 por la excalcaldesa Ana Botella que recortó un 25% el patrimonio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo al traspasarlo a un fondo de inversión a un precio por debajo de mercado. El cartel forma parte de la campaña iniciada esta semana por el Ayuntamiento de Madrid para adquirir viviendas de segunda mano como si fuera una inmobiliaria en un intento de remendar las graves consecuencias de aquella operación en la capital con el objetivo de ampliar el escaso parque público.
La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) ha explicado la operación, en la que invertirá 15 millones de euros, como una vía más para dar respuesta a la “demanda social” que existe en Madrid. El parque municipal tiene hoy 6.300 viviendas y casi 26.000 personas en lista de espera. De ellas, 1.000 están en situación de “extrema exclusión residencial” y otras 11.300 son vulnerables, según datos oficiales. Esta herramienta, comprar directamente en el mercado de segunda mano, ya fue explorada por el Gobierno de Manuela Carmena por el mismo motivo: al llegar al poder se encontró un volumen grande de demandantes y pocos pisos disponibles ya que las grandes promociones las había enajenado el Gobierno anterior en millonarias operaciones con fondos buitres. La iniciativa en el Ayuntamiento de Más Madrid ya tuvo un éxito limitado. La EMVS se hizo con 43 viviendas. Operaciones similares se llevaron a cabo en el Gobierno de Cantabria en 2016 donde se criticó que también pudieran vender “grandes tenedores”.
Ahora, el Gobierno de Almeida, que siempre ha defendido la gestión municipal del PP, plantea una campaña que emula las estrategias de una inmobiliaria. “Creando vivienda pública. Si vendes tu casa, llámanos”, dicen las vallas publicitarias instaladas en varios puntos de Madrid. La EMVS destaca que ha “subido los precios un 70%” para atraer a los posibles vendedores, pese a que ya calcula, por la previsión de caída del mercado, que no va a poder pagar esos valores máximos fijados en diciembre, según fuentes de la empresa. En el barrio de Salamanca el baremo oficial contempla pagar 6.200 euros por metro cuadrado. En el de Chamberí, 6.000.
Las inmobiliarias y portales subrayan algunas aristas de la iniciativa, que acogen con recelo.“Las condiciones en las que trabajan las administraciones no son las mismas que en una agencia inmobiliaria, estás renunciando a un asesoramiento profesional sobre un producto en el que somos especialistas”, defiende Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. Font también asegura que los precios máximos deberían reajustarse si ahora están por encima de mercado y duda de que, por el volumen de compra, la irrupción del Ayuntamiento en el circuito vaya a hacerles la competencia. “Nos interesa un mercado dinámico y es positivo”, remacha.
Una vía más cuando hay “un problema estructural”
Raquel Rodríguez, doctora en Arquitectura y profesora de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, considera que la salida de una administración al mercado puede ser una herramienta válida cuando “hay un problema estructural de vivienda pública”, como en Madrid. “Te permite, como punto positivo, diversificar por zonas y no concentrar en los barrios desfavorecidos de siempre. Pero, por otro lado, no sé si tiene mucho sentido comprar pisos en el barrio de Salamanca o si va a haber oferta”, analiza. También le preocupa el mensaje que envía el Ayuntamiento y se pregunta si la administración debería contribuir a “calentar el mercado”. “Son posiciones complicadas”, zanja.
Para la experta, el proceso de compra de vivienda que urge ahora es consecuencia, en una parte, de la venta de 2014. “De aquellos polvos, ahora estos lodos. Entonces, el Ayuntamiento vendió pisos con los inquilinos dentro y por debajo de mercado”, dice. La operación inmobiliaria fue tramada y ejecutada por el mismo partido que ahora lidera el Gobierno municipal, el PP, pero bajo el mandato de otra alcaldesa, Ana Botella. Entonces, se mostró como una venta necesaria para dotar de liquidez a la EMVS en tiempos de crisis: se enajenaron 18 promociones completas por 128,5 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas calculó que el Ejecutivo podía haber ingresado más de 151 millones por ese volumen de viviendas, 1860, vendidas al fondo de inversión Blackstone Real State. Sobre este fundamento y otros, condenó a Botella y a siete concejales a pagar 25,7 millones de euros y luego los absolvió en segunda instancia.
El Gobierno de Almeida tuvo una oportunidad de presentar un recurso e intentar recuperar parte de esos millones, pero renunció a hacerlo argumentando que no iba a “derrochar dinero público en venganzas estériles” y despidió a la abogada que preparaba la respuesta contra la absolución. “No recurrieron en su momento, cuando pudieron hacerlo y, lo que se intentó por la vía ciudadana recurriendo en calidad de vecina, fracasó”, dice Arancha Mejías, que reprocha al Consistorio actual que no haya sido “crítico” con aquella gestión puesta en cuestión por los tribunales.
La misma semana que el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de Botella –al rechazar un recurso que planteó la edil socialista Mercedes González en calidad de vecina–, el Ayuntamiento de Almeida intenta arreglar lo que hizo el de Botella hace seis años con un proyecto de 15 millones de euros para comprar entre 100 y 150 viviendas en dos años. En el intento de ampliar el parque público, el Gobierno municipal también ha recuperado 163 viviendas, algunas tras desalojos forzados de personas que lo ocupaban sin título legal. Además, 38 promociones (3.200 viviendas, la mayoría ya proyectadas por Carmena) se están construyendo en la capital y prevén sumarse, aún sin fecha, a las 6.300 que hay operativas en la actualidad.