La Comunidad de Madrid adjudicó a dedo un contrato a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Fueron 1,5 millones de euros –IVA incluido– para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 a la compañía Priviet Sportive S.L. La adjudicación se decidió en abril de 2020, durante la primera ola de la pandemia y acogiéndose a la vía de urgencia que permitía en aquel momento el estado de alarma. La empresa se dedicaba al negocio textil y ganadero y su principal accionista y administrador único es Daniel Alcázar Barranco, con quien Ayuso y su familia mantienen amistad desde hace décadas, como han ratificado varios testigos a elDiario.es.
Tanto Isabel Díaz Ayuso como su hermano, Tomás, son amigos desde hace décadas de Daniel Alcázar y de su hermano menor. Se conocen desde niños, del pueblo donde vivía la familia paterna de la dirigente del PP, Sotillo de la Adrada, un municipio al sur de la provincia de Ávila de 4.500 habitantes en el que la presidenta pasa fines de semana y vacaciones y del que suele presumir. Ayuso, su hermano y el empresario Daniel Alcázar son habituales de varios establecimientos del pueblo, entre ellos un pub llamado Paparazzi, donde suelen coincidir con otros amigos, explican varios vecinos a esta redacción, que se ha desplazado a la localidad.
“Son amigos desde siempre, los padres han comido mil veces juntos”, cuenta un vecino de Sotillo de la Adrada, donde el empresario es propietario también de un chalet que actualmente se encuentra a la venta [informa Víctor Honorato desde Sotillo]. “De niños era común ver a Daniel y al hermano de Ayuso juntos, incluso a ella”, dice otro vecino a elDiario.es. “Sus padres eran veraneantes de los de antes” con “una gran diferencia de poder adquisitivo respecto a otros del pueblo”, añade.
Solo unos días después de formalizar el contrato con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Sotillo agradeció en Facebook a Daniel Alcázar la donación para el municipio de 400 mascarillas FFP2 a través de otra de sus empresas, Ganadería Piedra Escrita, cuya sede está en un municipio de Toledo a 20 kilómetros de Sotillo.
La adjudicación de esta compra de mascarillas se aprobó el 1 de abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia. En total, fueron 1.512.500 euros, IVA incluido: 250.000 mascarillas a 6,05 euros cada una que se almacenaron en el pabellón 10 de Ifema, donde la administración regional levantó un hospital de campaña para atender a pacientes con coronavirus. El contrato se hizo en un momento crítico en el que había escasez de suministros sanitarios en todo el mundo.
En el documento que figura en el portal de contratación del Gobierno regional se especifica que se trata de una compra de mascarillas FFP2 y FFP3, pero no detalla la cantidad de cada uno de los modelos que la Comunidad paga al mismo precio. El pedido se entregó el 10 de abril de 2020, diez días después de la adjudicación.
El Gobierno regional recurrió a esta empresa propiedad del empresario de Sotillo de la Adrada pese a que no tenía ninguna vinculación hasta entonces con el sector de la sanidad ni había relación previa como proveedor de la Comunidad de Madrid. Según figura todavía en el registro mercantil, Priviet Sportive S.L. tiene como objeto social la “confección, fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora”, según consta en la documentación en poder de elDiario.es. También se dedica a la “explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética de fincas rústicas”. No hay nada en la documentación del Registro Mercantil ni en las últimas cuentas presentadas por la empresa –las de 2019– que apunte al negocio de material sanitario.
La relación contractual entre la Comunidad de Madrid y Priviet Sportive además nace y muere con este contrato. El 1 de abril de 2020 fue la primera y única vez que la administración de Ayuso adjudicó un contrato a esta sociedad, propiedad del viejo amigo de la presidenta y de su hermano. El contrato de más de 1,5 millones de euros se tramitó a dedo por la vía de emergencia, sin concurso público ni publicidad, gracias al primer estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que aligeró los trámites burocráticos para hacer frente a la crisis sanitaria.
¿Por qué y cómo se decidió entonces contar con esta empresa que no había trabajado para la administración ni se dedicaba a la confección de material sanitario hasta ese momento? Es una pregunta que nadie ha querido responder en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. Esta redacción ha contactado con la Consejería de Sanidad y con el equipo de la presidenta madrileña sin recibir una explicación.
elDiario.es también ha contactado con dos de las personas de la Consejería de Sanidad que se encargaron directamente de realizar los trámites del contrato y tampoco han querido dar ningún detalle de cómo llegó esta empresa al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. “Del contacto no sé nada, yo nunca hablé con ningún proveedor, como es lógico”, asegura una de estas personas.
Un empresario próximo a Tomás Díaz Ayuso también confirma la relación de amistad de este con Daniel Alcázar y con su hermano menor. Esta misma fuente apunta a que la empresa de Alcázar tiene en China a sus proveedores para el negocio del textil. Gracias a esa relación empresarial con el país asiático, pudo tener acceso a las mascarillas que compró el Gobierno regional, añade.
El equipo de Ayuso no niega la relación
Desde el equipo de la presidenta no niegan la relación personal que Isabel Díaz Ayuso mantiene con el empresario Daniel Alcázar, pero desvinculan a la presidenta de Madrid de la adjudicación del contrato, que atribuyen a la Consejería de Sanidad, presidida entonces y ahora por Enrique Ruiz Escudero. También aseguran que Alcázar no se puso en contacto con Ayuso ni con el Gobierno regional para ofrecerle mascarillas.
“El contrato está colgado desde junio de 2020 en el portal de contratación. Está fiscalizado y es perfectamente legal. No hay nada más que comentar por nuestra parte”, añaden portavoces autorizados del equipo de Ayuso que tampoco responden a qué significa que el contrato se haya “fiscalizado”.
Hasta las 18:43 horas de este martes, cuando elDiario.es contactó con la Consejería de Sanidad, era casi imposible encontrar el contrato por alguna de las vías que permite el Portal de Contratación. El contrato estaba publicado pero era casi imposible acceder a él a través del buscador de esta web oficial del Gobierno de Madrid. Cuando desde este diario se preguntó por el contrato, empezó a estar visible para las búsquedas.
En los archivos que figuran en el portal de contratación también puede comprobarse que la Consejería de Sanidad modificó después de publicarlo la fecha real en la que se produjo la relación contractual. Aunque en un primer momento se indicaba que había sido el 24 de marzo, en un documento posterior se especifica que fue el 1 de abril.
elDiario.es se ha puesto en contacto también con el empresario Daniel Alcázar para recabar su versión, pero no ha querido responder a ninguna de las preguntas formuladas por esta redacción por teléfono y por escrito. El empresario se ha limitado a colgar la llamada.
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