El acuerdo del Consejo Interterritorial que implica cerrar la movilidad de Madrid se ha publicado a primera hora de este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso amenaza con incumplir la resolución del Ministerio de Sanidad que obliga al Gobierno regional a cerrar perimetralmente la capital y otras nueve ciudades de la autonomía por la alta incidencia del virus, alegando que no tiene validez legal. El Ejecutivo de Ayuso advertía a última hora del miércoles que pondrá trabas en la aplicación de las nuevas restricciones que reclama Sanidad para la contención de la Covid-19, ahora que la segunda ola ya es una preocupante realidad en España, y particularmente en Madrid, epicentro de la pandemia en primavera.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió este miércoles en una rueda de prensa tras la reunión Interterritorial en la que se aprobó el acuerdo para implantar medidas restrictivas en municipios de más de 100.000 habitantes con un número elevado de casos, que al no haberse producido un “consenso” por todas las comunidades autónomas –algunas del PP y Catalunya votaron en contra– este acuerdo carece de validez jurídica.
“El ministro Salvador Illa ha dicho que se ha tomado una decisión colegiada, es falso. El ministro ya ha dicho que la Comunidad de Madrid se mostró satisfecha con la reunión de ayer, es falso”, comenzaba su intervención el consejero de Sanidad, del Partido Popular. Para Escudero, el hecho de que no se hayan aprobado las medidas por unanimidad de todos los miembros del consejo –la totalidad de las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla– implica que no hubo un consenso real. “Quiero aclarar que no ha sido aprobado por consenso, como señala el artículo 14.1 del Reglamento del Consejo Interterritorial”, comenzaba. Y concluía: “Por lo tanto, jurídicamente no es válido”, defendía el consejero del PP, que hace una interpretación diferente a la del Gobierno central del reglamento.
El decreto de nueva normalidad que entró en vigor en junio, y que modifica la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, “con audiencia de las comunidades directamente afectadas”, salvo en situaciones de “urgente necesidad”, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y “se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas”.
El Ministerio de Sanidad estableció este martes en una reunión bilateral con Madrid, que las grandes ciudades con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes, un 10% de tasa de positividad por PCR y una ocupación del 35% en las UCI, sería obligatorio el cierre perimetral además de otras medidas restrictivas de aforo. Solo diez ciudades cumplen con ese parámetro y todas están en Madrid.
Una vez en el Gobierno madrileño entendieron este miércoles que estos criterios unificados que Sanidad impondría a todas las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes solo se aplicaban a localidades de Madrid, reculó dinamitando un preacuerdo alcanzado el martes que dependía del apoyo de otras comunidades autónomas. Escudero defendió después de la Interterritorial, en la que Madrid votó en contra, que los parámetros fijados por Sanidad no se entendían porque “la situación empieza a estar controlada” en la región y Sanidad solo tiene en cuenta “datos epidemiológicos y no asistenciales”. El consejero también insistió en la idea de que la ciudad de Madrid tiene 21 distritos y tendrían que aplicarse las medidas de esta manera diferenciada por esta separación y no restringir la movilidad en toda la capital.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, había anunciado una hora antes que su Ministerio publicaría próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden para hacer “efectivas” las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados. “En caso de que se publicase en el BOE se valoraría desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid cuáles son los siguientes pasos”, manifestó el consejero madrileño. Escudero acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de tener prisa “por intervenir Madrid, y no por combatir el virus”.
Madrid votó en contra del acuerdo durante la reunión Interterritorial celebrada la tarde del miércoles, a pesar de que previamente ambas administraciones habían llegado a un preacuerdo la noche anterior. Poco antes de que se produjera la reunión con todas las autonomías, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prefería dinamitarlo pidiendo nuevos criterios, entre ellos el de limitarlo por distritos y tener en cuenta también la capacidad diagnóstica.
La reunión por tanto que comenzaba pasadas las 16:30 horas se antojaba tensa y no iba a ser un trago fácil para el Ministerio de Sanidad. El PP ya había dado entonces directrices a los gobiernos autonómicos que preside pidiendo alineación con Madrid. Pero Pablo Casado no lograba la unidad y el Ejecutivo de Castilla y León decidía desmarcarse votando a favor de la medida, aterrado porque la expansión del virus en Madrid llegue a afectarles seriamente.
El ministro Illa declaró en rueda de prensa que “nadie entiende” la marcha atrás de Madrid en menos de 24 horas. “No me corresponde explicar a mí por qué ha habido este cambio de posición”, ha comentado Illa, pero ayer sí les dijeron que era “un acuerdo”. El ministro de Sanidad ha asegurado durante una rueda de prensa que no contempla la posibilidad de que Madrid no aplique esta “decisión colegiada del consejo”.
Fue el propio vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, el que dio su visto bueno al acuerdo que había alcanzado el Gobierno autonómico de forma bilateral con el Ministerio. Pero las últimas horas dejaron al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en fuera de juego. Este martes era el primero en felicitarse por el acuerdo alcanzado y este miércoles a mediodía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, abogaba por que el acuerdo se mantuviera y saliera adelante en el Consejo Interterritorial. Poco después, el Gobierno regional al que pertenece le desmentía y dinamitaba el acuerdo pidiendo nuevos criterios y que Madrid se cerrase por distritos.
El documento que Sanidad presentó en el Consejo Interterritorial recoge la aplicación de restricciones en las ciudades de más de 100.000 habitantes que tengan una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad –porcentaje de PCR que se hacen que confirman el caso– de más del 10% y una ocupación de UCI en la comunidad por encima del 35%. Solo diez ciudades españolas cumplen todas estas condiciones y todas están en Madrid: Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Madrid capital, Getafe, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares.
La orden recoge la restricción de la entrada y salida de personas de los municipios salvo por motivos de fuerza mayor –laborales, educativos, sanitarios, de cuidados, entre otros–; reducir las agrupaciones de personas a un máximo de 6 tanto en vía pública como en espacios privados –se permiten más solo si son convivientes–, la reducción de aforos de establecimientos y el cierre de la hostelería a las 23:00. Estas medidas no implican que no se permitan los desplazamientos dentro de cada uno de estos municipios. Además, se restringe el aforo en velatorios (limitados a quince personas en exteriores y diez en interiores), lugares de culto (al 30%) y establecimientos de todo tipo (al 50%, 60% en terrazas exteriores).
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