A pesar de que el proyecto oficial de presupuestos indica un incremento en la asignación para la atención hospitalaria, casi todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid van a tener que apretarse el cinturón para funcionar este año. De los 29 centros bajo gestión directa del Gobierno de Cristina Cifuentes (PP), 23 han visto su presupuesto recortado para 2017. Dos lo repiten y tres reciben más recursos.
Mientras tanto, los hospitales de gestión privada han resultado blindados o beneficiados. Cinco centros están en manos de empresas a los que las arcas públicas transfieren una cantidad en virtud de los contratos o convenios firmados entre el Gobierno y las sociedades concesionarias. Solo la Fundación Jiménez de Díaz (de IDC Salud, la antigua Capio) ya crece en 50 millones de euros (un 16%). Los de Valdemoro, Móstoles –también de IDC– y Torrejón –Sanitas– calcan el dinero que se les presupuesta. El último en llegar, el de Collado Villalba decrece 1,5 millones (un 3,4%).
La Consejería explica que para “racionalizar y gestionar de manera eficiente, se han concentrado determinadas partidas en los servicios centrales que antes estaban presupuestadas en cada centro”. Sanidad dice que será de manera centralizada como se decida a qué hospital se asigna dinero para reparaciones extraordinarias, promoción, divulgación, la gestión de la lista de espera o de los medicamentos más caros. Igual ocurrirá con las inversiones para los hospitales no consideradas “críticas”, cuenta el Ejecutivo. Su asignación a los centros la harán “en base al análisis de prioridades”.
Medicamentos, servicios, obras...
Según se repartan los recursos, la actividad sanitaria puede verse afectada en un sentido u otro. Por ejemplo el hospital de La Paz tiene 29 millones menos en bienes y servicios. Sin embargo, le aparecen siete millones en tratamientos de hepatitis C, a cambio de destinar nueve menos a medicamentos de alto impacto económico, antiinfecciosos y oncológicos. El centro recibirá cuatro millones para inversiones en el edificio, frente a los 1,4 anteriores: al fin y al cabo se le están cayendo, literalmente, los techos como hace una semana en la unidad de cardiología.
En este sentido, la situación de que un gran centro hospitalario se resquebraje es poco presentable. Más si es debido a la falta continuada de inversión para su mantenimiento, como ha ocurrido con el 12 de Octubre. Tras varios episodios de techos derrumbados, se destapó que los propios técnicos del hospital habían avisado sobre el deterioro progresivo y acentuado. Algunas zonas estaban sin revisar desde 1973.
Así que para 2017 la reposición y mejora de edificios se multiplica por cuatro para afrontar ese abandono. A cambio, las partidas para material quirúrgico, medicamentos sofisticados, contra infecciones, o inmunomoduladores (usados por ejemplo en los trasplantados) han cedido terreno.
Luego hay casos en los que los documentos no detallan de dónde se han quitado fondos, ya que las cuentas de 2016 solo mostraban la cifra general sin entrar en partidas. Es el caso del hospital Infanta Leonor, que se ha integrado con un pequeño centro llamado Virgen de la Torre. El presupuesto actual no llega a la suma de lo que ambos centros manejaban por separado hace 12 meses.
Sin embargo, lo que se haya ahorrado habrá sido en asistencia sanitaria ya que, según la orden de fusión, “los Servicios Generales deberán ser mantenidos en paralelo en ambos hospitales dada la imposibilidad de unificación”. Esto es consecuencia de que la hostelería, los asuntos generales y la gestión ambiental del Infanta Leonor fueron “externalizados desde su constitución en una Sociedad Concesionaria”. La constructora del edificio se encargó de administrarlos a cambio de un canon anual que paga la Hacienda regional.
Más derivaciones a privadas
Los tres afortunados públicos que tienen un presupuesto algo mayor son el Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón y el José Germain. Suman nueve millones de incremento. Los que se quedan igual son la empresa pública Hospital de Fuenlabrada y la fundación Hospital Alcorcón.
Pero si una vez planeado este descuento que asciende a más de 92 millones de euros las cuentas generales dicen que hay 130 millones más de dinero público a disposición de la Consejería de Sanidad para medicina especializada (5.089 frente a 4.927), ¿dónde están?
La Consejería de Sanidad ha aducido que la centralización de gastos hace que “los presupuestos individuales puedan disminuir”. Pero, además, las cuentas globales reflejan que las derivaciones a centros privados han salido beneficiadas: los “convenios con entidades privadas para asistencia sanitaria” suman 852 millones frente a los 816 de 2016. También los conciertos “para pruebas diagnósticas por imagen (utilizados para aliviar las esperas) se han multiplicado por seis: de cuatro a 24 millones de euros.
Una nueva partida específica para “medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C” se lleva 35,8 millones.