La Comunidad de Madrid privatizará de nuevo la donación de sangre con Cruz Roja pese a que la justicia investiga si es legal

Cuando los hospitales necesitan sangre tienen dos vías para conseguirla: hacer llamamientos en los propios centros hospitalarios o recoger en las calles de la región con puntos móviles. Esta segunda red de donación está, desde 2014, en manos de la entidad privada Cruz Roja. Ese año entró en vigor un convenio que se ha prolongado hasta hoy y que le ha reportado 41.947.242 euros en facturación por sangre, a 67 euros la bolsa hasta 2018. El acuerdo, firmado por el entonces consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty -dimitió enseguida, después de que la justicia echara atrás la privatización de hospitales madrileños que impulsó- establecía unas cantidades de sangre con las que habría que proveer al Centro de Transfusiones, que es público, gestiona toda la sangre de la Comunidad y hace el reparto por hospitales según las necesidades.

Fuentes de Sanidad confirman que ese convenio, que se extingue este 31 de diciembre y que está siendo investigando por la justicia, se va a retomar el 1 de enero. Se hará un nuevo convenio, “por un periodo de cuatro años” seguramente en lugar de seis y con un precio por bolsa de 68,65 euros, como este año, al que se le irá sumando el IPC anual.

El hecho de que el Tribunal Supremo (TS) ordenara el pasado 24 de junio reabrir el caso contra este acuerdo no ha sido óbice para seguir con él. Concretamente, trabajadores públicos de la sangre integrados en la asociación Adecetma, denunciaron en 2014 ante el contencioso-administrativo que el convenio era “fraudulento al ser un instrumento de financiación de Cruz Roja”, que la donación y extracción era una competencia pública y que se habían vulnerado “los principios de altruismo que rigen la hemodonación” según recoge el TS. El tribunal inicial entendió que esta asociación no podía denunciar por falta de legitimación en el proceso y el tema quedó archivado. Hasta que hace seis meses el Supremo sentenció que había que admitir la denuncia hasta resolver “sobre el fondo del pleito”, afeando al letrado de la Comunidad de Madrid que intentara que no se admitiera con métodos que interpreta como “malicia procesal o desconocimiento del procedimiento jurisdiccional”. Obligó también a que se llamara como codemandado a Cruz Roja junto a Sanidad. Ahora el proceso judicial debe comenzar de nuevo y, mientras tanto, echará a andar de nuevo el servicio de Cruz Roja gracias a un nuevo convenio que se está ultimando, según fuentes de Sanidad.

La entidad, que es humanitaria y de derecho privado, ha facturado en estos seis años de convenio 41.947.242 euros a la Comunidad de Madrid, a un ritmo de 67 euros por bolsa, a excepción de este año, en el que ha cobrado 68,65 “por actualización del IPC”, dice la Consejería. Sin embargo, desde Cruz Roja aseguran que no es un negocio. “Hemos perdido en este tiempo más de un millón de euros”, explica Iñaki Aguirre, gerente de este servicio. Aunque ha declinado aportar la documentación que pruebe esas pérdidas alegando que el tema está judicializado, insiste en que no están ganando dinero. Entonces, ¿por qué se va a firmar un nuevo convenio en las mismas condiciones si es una actividad deficitaria para Cruz Roja? Las explicaciones son algo vagas y fuentes de Cruz Roja concluyen que “somos también una entidad humanitaria y no todo es cuestión de beneficio”.

Aunque es una entidad privada, cuando operan en las calles de Madrid gran parte de los gastos están pagados por las arcas públicas. Por ejemplo, Sanidad donó seis unidades móviles y dos furgonetas (de cuyo mantenimiento se encarga Cruz Roja), el equipamiento sanitario interior y también pone cada año el material para la extracción. “Ha sido una privatización del servicio, pero es que además estamos hablando de sangre, una materia prima donada altruistamente, que no se puede fabricar e imprescindible para salvar vidas”, lamentan desde la asociación de trabajadores, “seguimos creyendo que es un servicio público al que la Comunidad de Madrid nunca debió renunciar”. Cuando se firmó el convenio se recolocó a trabajadores públicos que hacían ese trabajo de extracción.

Otro punto dudoso es que Cruz Roja no ha provisto a la Comunidad de una sola bolsa de aféresis, que es el proceso por el que se separan los componentes de la sangre. Aunque el convenio establecía que llegarían a 1.620 unidades al año, la realidad es que nunca se ha aportado ninguna, como confirman en Sanidad y en la propia Cruz Roja. “La aféresis es un proceso más costoso en tiempo y dinero”, dicen desde la asociación de trabajadores, algo que admite Aguirre, “es más laborioso”, aunque no aclara si no se han aportado porque Sanidad no ha querido o porque a su entidad no le ha interesado. “Fue así”. Desde la Consejería aseguran que “se decidió que con las donaciones por aféresis obtenidas en el Centro de Transfusión y los hospitales era suficiente para cubrir las necesidades”.

Con las bolsas comprometidas ha pasado igual. Cruz Roja no ha cumplido nunca con los objetivos marcados por la Comunidad, ni siquiera cuando el Gobierno de Cifuentes rebajó la cifra de 140.000 a 120.000 bolsas anuales (para este año se han marcado 115.000 y para el próximo convenio se baraja 112.000). La cifra real se ha quedado, de media, un 9% por debajo de las expectativas. El gerente de la unidad de donación de Cruz Roja aclara que son cifras de máximos y que “eran sobredimensionadas, por eso se ha ido variando, ha sido por un acuerdo entre las dos partes”. Entonces, ¿por qué hay llamamientos urgentes para donar en los hospitales esta semana sin ir más lejos y a la vez se aportan menos bolsas cada mes? “Son llamamientos puntuales porque en navidad baja la donación, pero no siempre es así, a veces sobra, y no nos podemos permitir que la sangre caduque, por eso tenemos reuniones mensuales con Sanidad y vamos modulando la extracción en coordinación con las autoridades y según las necesidades”, explica Aguirre. Sanidad coincide en la explicación y añade que “cuando se hacen llamamientos, no es porque no haya sangre para cubrir las necesidades de los hospitales, sino porque han descendido las reservas”.

Otra ventaja para Cruz Roja que presentó el convenio firmado durante el gobierno de Ignacio González fue el acceso a la base de datos pública de donantes de la Comunidad. El acuerdo permitió unir a ambas instituciones las identidades y contacto de los donantes, con la diferencia de que la base pública es mucho más rica. Actualmente está en 1.494.500 de personas (datos actualizados a 12 de diciembre). La entidad privada accede para convocar a donantes para la colecta, y “para otro tipo de convocatorias, si necesitan código postal, nos hacen la petición y les pasamos archivos concretos, si nos parece correcta la petición”, explican fuentes de Sanidad. Además de que Cruz Roja trata datos “con condiciones”, tiene a su vez una subcontrata privada para enviar los SMS, “que cumple con todos los requisitos legales”, matizan desde la entidad privada.

Respecto a la idoneidad de repetir en enero un convenio que está judicializado, fuentes de la Consejería de Sanidad matizan que la sentencia del Tribunal Supremo “no entra en el fondo del convenio, tan solo indica que los demandantes tienen legitimidad para poner una demanda y devuelve el asunto al juzgado. Si en algún momento hubiese alguna sentencia relativa a los contenidos del convenio, se tomarían las medidas que hubiera que tomar en aplicación de lo que dijeran los tribunales”.