Un “error humano” en un procedimiento administrativo. Esa es la razón que da la Comunidad de Madrid para justificar que el Portal de Transparencia recogiese la formalización de un contrato por más de medio millón de euros con el empresario Kike Sarasola, el propietario del hotel en el que se aloja la presidenta de Madrid desde hace dos meses. Isabel Díaz Ayuso ocupa dos apartamentos por 80 euros al día.
Este martes –horas después de que el escándalo del apartamento de la presidenta madrileña saltase a los medios de comunicación– apareció en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid un expediente de contratación que tenía a Room Mate, la empresa de Sarasola, como adjudicataria por un importe de 565.000 euros. Según el objeto del contrato, era el dinero a pagar al empresario por la “puesta en marcha y funcionamiento” de uno de sus hoteles medicalizados, que iban a acoger a ancianos durante la crisis de la Covid-19.
Horas más tarde, ese contrato desapareció de la web y fue sustituido por otro, cuyo valor cayó hasta los 240.000 euros y el adjudicatario cambió a la Coordinadora del Tercero Sector, una entidad que iba a atender a los alojados en otro de los hoteles de Sarasola.
Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en manos de Ciudadanos y responsable de esas licitaciones, atribuyen lo ocurrido a un “error humano” y se remontan en su explicación al inicio de la colaboración con Kike Sarasola. El empresario ofreció el pasado 13 de marzo dos de sus hoteles en Madrid para que fueran medicalizados y acogiesen a ancianos procedentes de residencias: Room Mate Alicia y Room Mate Alba. Uno de 32 habitaciones y otro de 80.
Según la Consejería, se contactó entonces con la Coordinadora del Tercer Sector y se redactó una orden para habilitar edificios. La orden es del 3 de abril, el mismo día en el que el departamento de Reyero y la asociación acordaron que se llevaría acabo el acondicionamiento de uno de los hoteles –el de 34 habitaciones– por 77.000 euros al mes.
Partiendo de ese presupuesto, siempre según la versión de la Consejería, se hizo entonces una estimación del gasto que supondría medicalizar los dos alojamientos por un periodo de tres meses: en total, algo más de 800.000 euros: 7070 euros por cada una de las 114 habitaciones por ese periodo de tiempo.
La Consejería, al frente de la que está Alberto Reyero, elaboró entonces una memoria para que el Consejo de Gobierno autorizase ese gasto, un procedimiento administrativo obligatorio, explican. El documento tiene fecha de 21 de abril y está firmado por Begoña Cortés, directora general de Atención al Mayor y a la Dependencia.
Ocho días más tarde Cortés elaboró otra memoria complementaria en la que explicaba que el gasto concreto para el Room Mate Alba –el hotel más grande de los dos– se estimaba en 565.749,58 euros. Sin embargo, en ese documento Cortés aclara que “a fecha actual” no se prevé que se vaya a “formalizar un contrato con objeto de dotar los suministros y servicios necesarios” en es establecimiento. Es decir, que la Consejería estimaba que no iba a hacer uso de él y no iba a gastar esa cantidad.
A pesar de ello, la Consejería explica a este medio que igualmente debía informar al Consejo de Gobierno del gasto total previsto para la medicalización, aunque una parte no se fuese a gastar: 565.749,58 euros para el Room Mate Alba (80 habitaciones) y 240.443,57 para el Room Mate Alicia (35 habitaciones). De ahí, justifican, la partida de los 806.000 euros aprobados en Consejo de Gobierno.
El 6 de mayo, los integrantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid dieron el visto bueno a ese gasto. Se envió a los medios un comunicado y el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, informó en rueda de prensa de que ese montante se iba a destinar a medicalizar los dos hoteles para acoger a ancianos. Sin embargo, por el Consejo de Gobierno ya había pasado la memoria que descartaba hacer uso de uno de ellos y por tanto gastar la mayoría de ese presupuesto: los 565.000 euros que este martes aparecieron en el portal de contratación.
Fuentes de la Consejería no aclaran por qué no se informó de que no había previsto gastar la mayor parte de esos más de 800.000 euros. “Se informa de todo lo que se aprueba en el Consejo de Gobierno”, argumentan.
La nota enviada ese día es clara: “Estos hoteles están siendo acondicionados en función de las necesidades y con el fin de evitar que los residentes puedan sufrir contagios, dentro de las medidas de prevención establecidas para proteger del coronavirus a la población de edad avanzada de nuestra región”. Cuando se redactó ya se sabía que, por el momento, no se iba a acondicionar uno de ellos y solo se dice que ya ha sido habilitado el primero.
Si ese dinero no se llegó a gastar, ¿por qué durante unas horas se colgó un expediente de contratación por ese importe? Según la Consejería, es un error administrativo. Cuando procedieron a subir la documentación de los últimos contratos formalizados, alguien cogió la memoria que hablaba de 565.749,58 euros, cargó esa cantidad y puso como adjudicatario a Room Mate. Eso, a pesar de que lo que decía el documento es que ese dinero no se iba a gastar.
Desde la Consejería insisten a eldiario.es de que se trata de un error del funcionario encargado de subir todos esos contratos, que se equivocó en la documentación, y que en ningún caso se ha firmado una adjudicación por esa cantidad en favor del empresario Kike Sarasola. Solo gastarán lo acordado con la Coordinadora del Tercer Sector. Sobre la discrepancia con esta organización -que dice que no tiene constancia de que vaya a cobrar 240.000 euros– aseguran que esa es la estimación por un periodo de tres meses de servicio, aunque en principio solo se va a abonar lo correspondiente a abril y mayo. En el contrato se estipula un coste mensual de 77.000 euros.
Afirman que la única documentación válida y vinculante es la que aparece en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Preguntados sobre si todos los contratos –incluido el de la Coordinadora del Tercer Sector– se publicarán en el BOCM, afirman que aún no lo pueden asegurar. Defienden que han hecho una consulta a la Junta de Contratación para saber si las adjudicaciones hechas bajo una declaración de emergencia, que relaja enormemente las exigencias para contratar, han de ser publicadas en ese boletín.
De hecho, explican que bajo la declaración de estado de emergencia se puede contratar verbalmente, sin memoria justificativa del gasto, e incluso por un importe superior al que se disponga en las arcas públicas.
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