La Comunidad de Madrid ha iniciado un expediente de rescisión de contrato con la empresa Aralia, propiedad del constructor José Luis Ulibarri, por “incumplimientos graves” en tres de las cuatro residencias de mayores que gestiona. Así lo ha comunicado este lunes el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, y ha adelantado El País. En concreto, se inicia el expediente de rescisión de contrato de la residencias de mayores de Peñuelas en Arganzuela, del Ensanche de Vallecas y de Parque de los Frailes en Leganés. Sería la primera vez que se inicia un procedimiento de este tipo en la región.
En una convocatoria a medios, Reyero ha indicado que la semana pasada abrieron un expediente, que enviaron a la gestora de estas tres residencias de gestión indirecta, la empresa Aralia, porque descubrieron que subcontrataron a enfermeros durante las vacaciones de Navidad, algo que no está permitido en los pliegos de contrato.
El consejero ha pedido “cautela” porque ahora la empresa tiene un periodo de diez días para presentar alegaciones, que deberán ser tenidas en cuenta para finalmente rescindir o no el contrato. Si la resolución fuera positiva, la compañía no podrá participar en contratos con la Comunidad durante un plazo de tres años. Mientras se licita la nueva concesión, ha de hacerse cargo de la gestión de estos tres centros de mayores. No influirá la decisión sobre la otra residencia que gestionan, la de Ventilla. El proceso de resolución puede durar varios meses.
El titular regional de Políticas Sociales ha aseverado que estas medidas sirvan de “demostración de que van a ser muy firmes en la atención a los mayores, garantizar que se cumplen los contratos, y muy exigentes con los nuevos contratos que se firmen”. “Es la vía que tenemos para garantizar un buen servicio hacia nuestros mayores. Es una muestra del control que hacemos y cuando detectamos un incumplimiento, no nos tiembla el pulso para actuar”, ha apuntado.
La empresa Aralia fue fundada en 1993 por el constructor José Luis Ulibarri, imputado en la Gürtel, la Púnica y Enredadera, y factura anualmente unos 15 millones de euros de la Comunidad de Madrid por gestionar estas residencias. De ser sancionada, Aralia no podrá concurrir a los concursos públicos los próximos tres años, aunque mantendría la gestión de una de residencia hasta la finalización del contrato.
Reunión con los familiares
De hecho, el consejero y su equipo mantendrán mañana martes una reunión con los familiares y comités de empresas de estas tres residencias expedientadas e informarán al respecto, ya que reconocen que han detectado lo que pasaba y otras penalidades gracias a las inspecciones periódicas que realizan y de las quejas de familiares.
“Nosotros llevamos desde agosto en la Consejería. Somos conocedores de las quejas y de las diferentes penalidades que ha tenido este empresa (15 desde 2015). Desde que hemos entrado en la Consejería hemos aplicado el mayor rigor y control en todos los contratos. Creemos en la colaboración público-privada, que solo es posible si controla, revisa y se vela por el interés de los mayores. Hasta ahora hemos actuado en consecuencia”, ha remarcado Alberto Reyero.
No obstante, ha indicado que el modelo en general es bueno aunque haya “casos aislados” de incumplimientos. El consejero ha adelantado que están trabajando para mejorar el modelo de gestión indirecta de residencias y sus condiciones porque hay más quejas que en las públicas, pero ha precisado que estas últimas “no son un mundo maravilloso” tampoco y que convertir todos las residencias en públicas al 100 por cien tendría un coste “muy elevado” para las arcas públicas.