La Comunidad de Madrid paraliza hasta nuevo aviso el cierre de la residencia pública de mayores San José, una de las pocas de gestión directa que quedan en la región.
El consejero de Presidencia, Ángel Garrido, ha anunciado que se está reconsiderando el traslado de los menores extranjeros del Centro de Adaptación Cultural y Social (CACYS) Manzanares, de Arturo Soria, a la residencia y se plantea realizar “reformas” en está última para que los mayores se puedan quedar. “Ha habido reclamaciones y el Gobierno se va a replantear la situación”, ha manifestado.
La Consejería de Políticas Sociales se planteaba el trasladado de los menores extranjeros del Centro de Adaptación Cultural y Social (CACYS) Manzanares, de Arturo Soria, a la residencia de mayores dependientes de Orcasitas, ya que un informe municipal indica que ésta no es apta para dependientes. Vecinos de la zona han criticado el cambio desde su anuncio y también PSOE y Podemos han mostrado su posición contraria en la Asamblea de Madrid. Los residentes, además, se enteraron de este movimiento por la prensa.
En este sentido, Garrido ha señalado que el Ejecutivo regional quiere “siempre garantizar el bienestar del mayor”, por ello tras las reclamaciones que ha habido por parte de algunos de ellos se van a “replantear la situación y buscar una alternativa, que pueda no causar perjuicio”.
Así, de momento no se va a realizar el traslado, sino que se buscará una alternativa “buscando el beneficio de los mayores y de los menores”. En cuanto al informe municipal que impide que el centro estuviese ocupado por dependientes, Garrido ha incidido en que “si fuera necesario” realizaría “algún tipo de reforma para que la residencia pueda dar servicio” o que se buscaría otra posibilidad.
“La paralización es una muy buena noticia, fruto de la movilización de las AMPAS, de los familiares y de las personas residentes, que demuestra que la movilización es la forma de parar el recorte de servicios públicos por parte del PP”, ha dicho tras conocer la noticia el diputado de Podemos Raúl Camargo, que participó el pasado jueves en una asamblea de vecinos y vecinas de Orcasur convocada como señal de rechazo a la decisión, ahora rectificada, tomada por el Ejecutivo regional.