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167 es el número de nuevos contratos hallados por la Comunidad de Madrid, a petición de Izquierda Unida, en los que figura la llamada 'cláusula del 1%' que se incluyó en las adjudicaciones de obra pública, y que sirvió, presuntamente, para desviar dinero que acabó pagando la campañas electorales del PP o en el bolsillo de algunos políticos, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar eldiario.es.
La cláusula era pública, figuraba en los pliegos de concurso, pero su finalidad aparente (que las empresas sufragasen la publicidad para dar a conocer las obras que ejecutaban) quedó desvirtuda, porque esos fondos terminaban financiando actos electorales del Partido Popular de Esperanza Aguirre, según investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Catellón. La información que la Comunidad de Madrid ha proporcionado a petición de la diputada Unidas Podemos Izquierda Unida, Sol Sánchez, no detalla la cuantía de esos contratos.
Tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre, funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de 2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.
Las empresas que se llevaban el 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguraron los funcionarios con los que contactó este medio. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron el Gobierno de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública. La Audiencia Nacional acumula indicios de que en muchos casos el dinero acabó financiando campañas electorales del PP o en cuentas personales de algunos dirigentes populares.
La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid, que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad, se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos. Lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos. También el listado facilitado por la Comunidad de Madrid a Izquierda Unida, en el que aparecen contratos de limpieza y de renting de vehículos para Mintra, la empresa pública extinguida que realizaba las obras de Metro de Madrid.
Varios contratos de diferentes consejerías están siendo fiscalizados, entre ellos Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de “publicidad simulada” por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar. “Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes”, recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre.
La Audiencia Nacional sigue recabando pruebas y exigió hace más de tres meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que remitiera documentación clave sobre contratos de 34 hospitales y centros de salud y 16 carreteras. Como ha adelantado este lunes eldiario.es, la Fiscalía Anticorrupción detectó que faltan datos en los expedientes remitidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. En uno de sus autos, el juez describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de “publicidad simulada” de estas infraestructuras sanitarias.