La Comunidad de Madrid vuelve a pedir rastreadores voluntarios al Ayuntamiento rebajando las exigencias de los perfiles

La Comunidad de Madrid pide de nuevo rastreadores voluntarios al Ayuntamiento para el mes de septiembre ante el aumento de contagios en la región. Madrid Salud, el organismo municipal encargado de salud pública y comunitaria, ha cedido a seis trabajadores a estas labores –siempre que lo hayan pedido– hasta el momento, según fuentes municipales, y ha vuelto a hacer un llamamiento a su plantilla para reforzar el número. Este segundo tanteo para reclutar personal que pasaría a engrosar temporalmente las filas de la Consejería de Sanidad se produce después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejara en un cajón un programa de apoyo propuesto por el Ayuntamiento que ponía a disposición 16 centros de la capital y 100 profesionales, como desveló El País, y haya privatizado parte del servicio con un contrato con QuirónSalud para incorporar 22 profesionales.

Esta vez, dada la escasez de voluntarios, se han rebajado las exigencias en los perfiles que pueden desarrollar estas tareas. Ya no deben tener necesariamente formación sanitaria (A1 o A2), confirman a eldiario.es fuentes del área de Salud, Seguridad y Emergencias, y en su lugar se les dará un curso previo. La comunicación remitida a las diferentes jefaturas de Madrid Salud, y que ha hecho pública Más Madrid, recoge este punto. “Desde la Comunidad de Madrid no se ha explicitado que los voluntarios tengan que ser profesionales sanitarios. El rastreo de contactos es una labor telefónica de educación para la salud que se puede llevar a cabo por distintos perfiles”, dice el correo enviado desde la Subdirección General de Madrid Salud el pasado 17 de agosto.

En él se especifican las condiciones de la tarea de rastreo: trabajarán el mes completo de septiembre en turno de mañana, con atribución temporal de funciones a la Comunidad de Madrid, formación previa sobre las tareas que deben realizar y bajo la coordinación de un epidemiólogo de la administración regional. El trabajo se llevará a cabo en el hospital Doce de Octubre, en el hospital Clínico o en le centro de salud Vicente Soldevilla de Puente de Vallecas.

El mismo correo, al que ha tenido acceso eldiario.es y ha avanzado El País, desvela que la Dirección General de Salud Pública ya echó mano en julio de voluntarios del Ayuntamiento mientras descartaba poner en marcha un programa más amplio que ya se había diseñado como piloto en el distrito de Latina. Fuentes municipales especifican que seis personas fueron entonces derivadas a estas tareas, siempre que no dejaran desatendidas las labores propias de Madrid Salud.

“Que la Consejería de Sanidad continue solicitando personal voluntario de Madrid Salud es un desprecio tanto a su capacidad, experiencia y conocimiento en la prevención y promoción de la salud comunitaria, que reduce al organismo autónomo municipal a una bolsa de trabajo voluntario, como al resto labores ordinarias que vienen realizando. Y que contaba con un plan específico ofrecido a la Comunidad a finales de mayo”, lamenta el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo.

En las últimas semanas el Gobierno regional ha reconocido sus problemas para cubrir las plazas de rastreadores con médicos y enfermeros. Y ha recurrido al personal municipal, a la privatización, y a voluntarios en las universidades para hacerse a última hora con una plantilla de controladores de la pandemia adecuada a los niveles de transmisión que ya hay en Madrid, pese a que se comprometió a tener suficientes cuando exigía que Madrid pasara de fase en la desescalada.

En una respuesta emitida a través del portal de transparencia, la directora autonómica de Salud Pública, Elena Andradas, aseguró que admitió que se había el perfil de profesionales destinado a estas vacantes, incluyendo ramas profesionales como biología o educación social, “ante la dificultad de cubrir puestos ofertados”. Solo un día después de emitir esta respuesta, Andradas adjudicaba a dedo el contrato a la empresa Quirón Prevención SL para realizar esa función con el argumento de que no había tiempo para formar a la plantilla propia.

La consecuencia de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no hubiera hecho los deberes en la contratación de los rastreadores implica dificultades para detectar a los asintomáticos. Según las últimas cifras, subrayadas por Fernando Simón e incluidas en un informe oficial de la Comunidad de Madrid (luego borradas por la Consejería), Madrid solo detectaba a principios de agosto un 7% de personas sin síntomas contagiadas. Una cifra menor a la del resto de comunidades. Desde ese documento, Madrid no incluye datos de asintomáticos pero ha empezado a recoger los casos importados que llegan mayoritariamente a través de Barajas (128 en dos meses).

En mayo, el Gobierno madrileño aseguró que contrataría 400 rastreadores, sin embargo en julio se desveló la cifra real de la que disponía: 182. Con la difusión del nuevo protocolo autonómico cuando los casos estaban ya disparándose, el Ejecutivo de Díaz Ayuso se comprometió a tener un equipo de 380 profesionales para principios de agosto. Para esas fechas, el departamento autonómico de Sanidad no había sido capaz de alcanzar las cifras prometidas pese a haber recurrido a pedir voluntarios en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Finalmente, el Gobierno de Ayuso acabó recurriendo a la privatización del servicio que se llevó la empresa sanitaria Quirón por 194.223 euros a través de una adjudicación de emergencia. Actualmente, hay 560 personas haciendo esa función en Madrid, aseguró el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero este lunes.

Coincidiendo con el repunte de la pandemia y viendo las dificultades para reclutar personal, el Gobierno autonómico publicó la Orden 920/2020 de 28 de julio que ha abierto la puerta a que la Consejería de Sanidad recurra a personal de otras administraciones como está ocurriendo con el Ayuntamiento de Madrid. La nueva normativa autonómica recoge que “podrá atribuirse al personal al servicio de las corporaciones locales de la Comunidad de Madrid que voluntariamente se preste, el desempeño temporal de funciones relacionadas con el rastreo y seguimiento de contactos de casos positivos, probables o posibles de COVID-19 detectados en su ámbito territorial”.