La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a poner en marcha el “mando único sanitario” para que todos los recursos de los hospitales públicos y privados de la región funcionen como una sola red bajo las órdenes de la Consejería, ante el incremento de ingresos que tiene a la sanidad madrileña al borde del colapso.
Es un mecanismo similar al utilizado por el Gobierno regional durante la primera ola. La diferencia principal es que ahora existe una orden, a la que ha tenido acceso elDiario.es, firmada por el consejero Enrique Ruiz Escudero que establece qué centros privados pasarán a disposición de la administración regional y fija las tarifas que recibirán por cada paciente en función de si ingresan en planta o en una unidad de cuidados intensivos (UCI). La Comunidad de Madrid pagará por cada paciente que sea tratado por coronavirus 734 euros al día para aquellos que ingresen en planta y 2.084 por día para los que lo hagan en la UCI.
La orden, que afecta a 40 centros privados, ha sido firmada este mismo 27 de enero. La medida había sido anunciada el viernes por el consejero de Sanidad y se ha materializado este miércoles con la firma del documento por parte del propio Escudero. En el escrito, el Gobierno regional esgrime como causa para la intervención de los centros privados la evolución epidemiológica en la Comunidad de Madrid que ha provocado “un importante aumento de los casos positivos y de la tasa de incidencia acumulada por SARS-CoV-2 con un elevado y continuo incremento de las hospitalizaciones de pacientes en los distintos centros hospitalarios del sistema público sanitario, tanto en planta como en UCI”.
La administración madrileña determina “la necesidad de reforzar el sistema nacional de salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid por razones de salud pública”, para asegurar, añade, “una adecuada atención sanitaria de la población”, incide el escrito. La Consejería recuerda además la “urgencia” de poner en marcha este sistema con el objeto de atender a aquellos pacientes, tanto de patología COVID como de otras, que, por estrictos criterios clínicos, sean derivados desde los centros sanitarios de la red pública a los privados como una forma de frenar así la presión asistencial.
La Comunidad de Madrid ya cuenta a día de hoy con 5.009 pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales madrileños y 703 en las UCI. Solo en las últimas 24 horas han ingresado 589 personas, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad. Las unidades de críticos se encuentran ya al 129% de su capacidad y algo similar ocurre en las plantas y en las urgencias.
Tarifas para pacientes Covid y no Covid
El escrito en poder de esta redacción especifica que los hospitales y clínicas privadas deberán establecer los pacientes que se le derivan son con diagnóstico principal COVID-19 o de otra patología, e indicarán también el número de días de estancia hospitalaria de cada uno de ellos, “distinguiendo entre días de ingreso en planta y días de ingreso en UCI”. El Gobierno regional considera que al tratarse de una “expropiación” dada “la urgencia de la situación” deben establecerse criterios para determinar la valoración de las tarifas en función de si son pacientes con Covid o son tratados de otras patologías.
Para los pacientes que sean tratados de coronavirus, la Consejería de Sanidad ha fijado cuotas de 734 euros por paciente y día para los que sean ingresados en planta y 2.084 euros por día para los pacientes más graves que precisen una unidad de cuidados intensivos.
En el caso de los pacientes que sean derivados a la sanidad privada y que sean tratados de otras patologías, el Gobierno regional ha establecido que tendrá en cuenta los precios públicos fijados por la Orden 727/2017 de la Consejería de Sanidad y añadirá un incremento sobre ese coste [de esta larga lista de precios] de un 7,35%.
Estos precios distan mucho de los que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, cifró en el mes de marzo –durante la primera ola– para los pacientes con coronavirus. ASPE estableció en 250 euros al día el coste de hospitalización de un paciente con Covid en planta. En el caso de los que ingresaban en las UCI, la cuantía subía a entre 650 y 700 euros, unas cantidades que incluían habitación, medios y tratamiento, según publicó Infolibre. Cifras muy alejadas de las fijadas por la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional asegura en la misma orden que sus valoraciones toman como referencia “el coste medio de estancia en planta o UCI de un paciente con diagnóstico principal COVID-19, así como la valoración de los costes para un paciente con diagnóstico principal no COVID-19”. La Consejería asegura en el escrito que dicha valoración “ha sido determinada previamente por un experto independiente como consecuencia de la puesta a disposición de los centros sanitarios privados de la Comunidad de Madrid durante los meses de marzo a junio de 2020”.
Los precios también pueden compararse con los que la Generalitat de Catalunya pagó durante la primera ola de la pandemia. Entonces, el Govern catalán ingresó 43.400 euros por cada paciente que hubiera estado en la UCI y hubiera recibido el alta (un paciente coronavirus suele estar ingresado una media de dos semanas), además de 5.000 euros por cada paciente que no hubiera pasado por la UCI y hubiera estado ingresado más de 72 horas o hubiera muerto y 2.500 por cada enfermo que hubiera permanecido en el centro menos de tres días.
La Comunidad de Madrid no es la única que ha recurrido a la sanidad privada ante el colapso de sus hospitales. Otras regiones también están derivando pacientes a la privada durante esta tercera ola, como es el caso de Andalucía, Extremadura, Navarra, Castilla y León y la Comunitat Valenciana.
La duración de la puesta en marcha de esta orden entra en vigor este miércoles y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2021 pudiendo prorrogarse, “en caso de ser necesario, mientras no se declare la finalización de la situación de crisis sanitaria”. Las clínicas afectadas en la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes.