Ir de concierto con informe médico, la última ocurrencia de los festivales para obligar a comprar dentro la comida

Antonio viajó desde Málaga a Madrid para ver a uno de sus ídolos desde que tenía 11 años, Mel C, que actuó la noche del viernes en el festival Brava. No se preparó nada para cenar porque él y sus amigas vieron en la página web que no merecía la pena molestarse: no permiten la entrada con comida salvo que presenten certificado médico que acredite alguna intolerancia alimentaria.

“En la puerta también nos lo confirmaron, y aunque les hemos dicho que es ilegal, dicen que hablemos con la organización, que no nos pueden decir más. Hace poco estuve en el Cala Mijas y nos pasó lo mismo. Lo buscamos y por eso sabemos que no te pueden prohibir llevarte tu comida”, añade este fan de las Spice Girls desde el recinto IFEMA, en la capital, donde se celebra el evento en el que actúan grupos como Ladilla Rusa, Mika, Ojete Calor o Inés Hernand.

A otro grupo de amigos que vienen de distintas partes de España les ha pasado lo mismo. “Como sabes que no te van a dejar meterlo, ya directamente ni lo traes”, cuenta Victoria mientras apura un cubata en la puerta del recinto. “Nos parece fatal, yo por ejemplo soy intolerante a la lactosa y alérgico a muchas cosas y nadie me garantiza que no haya contaminación cruzada en los puestos que hay dentro”, cuenta a su lado Javi, que se ha escondido unas galletas y un plátano con la esperanza de que no se los quiten. “Al final, entre el viaje, la entrada, la bebida, la comida… se te pone carísimo, y eso que este no es de los más caros”, explican.

No es ninguna novedad que los festivales no dejen meter alimentos a su interior, otro peaje que hay que sumar a la cuenta de disfrutar de una oferta musical cada vez más cara. Adquirir el vaso para la bebida, comprar sólo con pulsera cashless, pagar los gastos de gestión para recuperar el dinero no usado… “Son prácticas casi generalizadas y fruto de que, pese a que son ilegales porque vulneran distintas normativas, las administraciones no actúan. Y cuando lo hacen son cuantías ridículas”, cuenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua, sobre estas cláusulas abusivas.

Según Sánchez, la solicitud de un informe médico es una vuelta más a las imposiciones de las empresas de espectáculos: “Es el recurso que usan para que no digan que son alérgicos al gluten porque se quieran llevar el bocata de casa. Es un poco: no nos creemos lo que dices así que nos lo tienes que acreditar”.

“Eso implica que no solo se vulnera la ley del consumidor porque no te permitan entrar con comida, también se vulnera la ley de protección de datos por reclamarte esa documentación médica, porque [todo lo relativo a la salud] son datos protegidos. Y eso ya lo sanciona la Agencia Española de Protección de Datos, que contempla multas más elevadas”, añade el portavoz de la asociación de consumidores.

Pedir el certificado o no depende de cada miembro de seguridad, como confirma alguno de los encargados de revisar bolsos y riñoneras en la tarde del sábado. “Algunas personas vienen ya directamente a enseñarte el certificado de celiaco, sin que se lo pidas. Yo personalmente no he pedido ninguno, pero depende de cada uno”, reconoce.

La organizadora de este festival es la empresa valenciana MADRID SALVAJE AIE, que también organiza otro evento con el mismo nombre en el mismo emplazamiento el próximo fin de semana. De nuevo, también estará prohibido el acceso con comida si no es con informe médico, como explican en su web. “Dentro del recinto de conciertos podrás encontrar una gran variedad de puestos de hostelería donde comprar tu comida”. Este periódico ha intentado ponerse en contacto por diversas vías con la organización, sin éxito al cierre de este artículo.

Normalmente, el impedimento del acceso con bebidas del exterior se justificaba por una cuestión de seguridad, ya que los envases podían convertirse en elementos arrojadizos. Pero, como señalan desde Facua, “no constan bocatas bomba en festivales” que excusen esta nueva medida.

Solo en algunas comunidades como Galicia está permitido que los festivales limiten la entrada con alimentos y bebidas del exterior, ya que depende de las normativas de espectáculos públicos de cada región, y Madrid no se encuentra en este grupo. Sin embargo, ni la obligación del uso de 'cashless' ni quedarse con dinero de la pulsera es legal en ninguna comunidad, según la organización, que ha demandado al festival Brava Madrid por todas estas cláusulas abusivas y que se suma a otra treintena de eventos solo durante este verano. “Pero ni se molestan en contestar ni en argumentarlo, simplemente dicen que lo que hacen no es ilegal y ya está”, añade.

Dentro del festival es difícil encontrar algo que llevarse a la boca por menos de 10 euros. Burritos por 12 euros, pizzas por 18, menús del Burger King por 14… “Yo hoy me he traído un bocadillo y unas patatas, pero no sé si me van a hacer tirarlo”, cuenta Marta, de Madrid, mientras espera a sus amigas para entrar al recinto. “Me parece mal que no te dejen meter comida porque no toda la gente se puede permitir pagar lo que cuesta dentro. Y tampoco tienen derecho a pedirte algo sobre tu salud, que es privado”.

Ni siquiera dejan introducir botellas de agua, a pesar de que dentro no hay ninguna fuente, como se quejan varios de los asistentes. “Y cada botella son tres euros”, cuenta un grupo que viene de Bilbao. “Entre comida y bebida nos está saliendo más caro que la entrada. Es todo carísimo, como en todos los festivales, pero es que esto no es el BBK”.

Ya en 2016 la antigua Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) –ahora, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)– se pronunció para calificar de “cláusula abusiva” que los cines no permitiesen la entrada de comida del exterior, ya que el consumidor “se ve privado de la prestación principal, de forma injustificada, habiendo abonado la entrada, en base a una limitación impuesta unilateralmente respecto a un servicio accesorio que no ha solicitado, y teniendo en cuenta que la actividad básica de la empresa no es la venta y distribución de comida y bebida”. Un caso que podría extenderse con el mismo argumento a los eventos festivaleros.

De hecho, este verano el Ministerio de Consumo ha anunciado su primer expediente sancionador en la historia a un festival, concretamente al Reggaeton Beach Festival, por esta y otras cláusulas abusivas, “pudiendo los asistentes ser registrados y, en su caso, denegarles la entrada por este motivo”, explicaron en referencia a llevar comida propia. Las sanciones previstas para estas infracciones pueden llegar a considerarse como infracciones graves o muy graves, y sancionarse con multas de entre 10.001 y 100.000 euros, en el caso de las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros, en el caso de las muy graves.