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Condenadas dos trabajadoras de una residencia que mataron a un interno al obligarle a ingerir comida y medicinas

Alberto Pozas

26 de septiembre de 2021 21:33 h

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La Justicia ha impuesto condenas de hasta dos años de cárcel a dos trabajadoras de una residencia de ancianos de Madrid por acabar con la vida de un interno. Las dos le echaron la cabeza hacia atrás y le taparon la nariz para obligarle a comer y tomarse sus medicinas, lo que terminó asfixiándole a los pocos minutos. 

Los hechos, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid a la que ha tenido acceso elDiario.es, tuvieron lugar en la residencia La Suiza Santa Rita de la localidad madrileña de Robledo de Chavela en marzo de 2015. El hombre, de cincuenta años y que llevaba poco más de doce meses interno, padecía diversas patologías y se negaba a cenar el flan en el que una trabajadora de la residencia había puesto sus medicinas. 

Fue entonces cuando la auxiliar de geriatría decidió obligarle a comer. Durante siete minutos estuvo introduciéndole cucharadas de flan en la boca y dándole vasos de agua mientras le echaba la cabeza hacia atrás y le tapaba la nariz para evitar que pudiera escupir la cena de nuevo. En un momento dado la supervisora del centro se unió a la maniobra dándole también un vaso de agua y sujetándole la cabeza. 

Poco más de diez minutos después, el hombre había muerto. La comida introducida por la fuerza había invadido sus vías respiratorias y ni siquiera la maniobra Heimlich practicada por otra persona consiguió salvar su vida. Falleció asfixiado en lo que los forenses definieron como una “muerte violenta” y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del centro. 

Unas grabaciones clave para cimentar las condenas que acaban de ser declaradas firmes por la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de homicidio por imprudencia grave. Dos años de cárcel para la auxiliar de geriatría que empezó a obligarle a comer y un año y medio para la supervisora que también intervino. La aseguradora tendrá que hacerse cargo de las indemnizaciones de los tres hermanos como responsable civil directa, y la residencia también como responsable civil subsidiaria: 40.000 euros para cada uno. 

Maniobra “incorrecta y muy peligrosa”

Fuentes del caso explican a este periódico que la auxiliar de geriatría ni siquiera recurrió su condena ante la Audiencia y que la otra condenada no ha recurrido esta segunda sentencia, por lo que el caso se encuentra en fase de ejecución a la espera de saber si tienen que entrar en prisión a cumplir condena. Sus defensas han solicitado que se suspenda la ejecución de la condena de cárcel al no tener antecedentes penales. 

Los jueces no escatiman en adjetivos para describir la técnica inmovilizadora con la que pretendían obligar a cenar a la víctima. Fue “incorrecta y muy peligrosa, pues al mantenerle la cabeza hacia atrás dificultaron e, incluso, impidieron la deglución, provocando que la comida se fuera por la vía respiratoria”, según declaran probado los jueces. Una “muerte violenta”, dijeron los forenses, que no fue provocada por un posible ataque de epilepsia de los que padecía habitualmente. 

Los magistrados, con la magistrada Rosa María Quintana como ponente, rechazan el recurso de la considerada como supervisora, que cuestionaba tener ese estatus dentro de la residencia donde trabajaba desde hacía medio año. Ella, según la Audiencia, “observó toda la actuación de su compañera. No solo no hizo nada para detener a Bárbara sino que colaboró activamente” en la maniobra y su comportamiento “en modo alguno puede subsumirse en una imprudencia leve, sino grave, concausa y determinante” en la muerte. Las dos son inhabilitadas para trabajar en residencias durante varios años. 

La sentencia también rechaza el recurso de la aseguradora y la residencia, declaradas responsables civiles a hacerse cargo de las indemnizaciones. Pretendían reducir el dinero que tienen que pagar a los familiares y la Audiencia contesta esgrimiendo “el carácter especialmente doloroso de una muerte por ahogamiento (...) que se produjo en un lugar que se pensaba seguro para una persona enferma”. 

Desde la residencia explican a elDiario.es que no tenían constancia de la sentencia pero recuerdan que las dos trabajadoras fueron inmediatamente despedidas y explican que, desde entonces, han “actualizado los protocolos” para afrontar situaciones de ahogamiento y han obtenido tecnología para hacer frente a posibles asfixias.