El consejero de Vivienda de Cifuentes dejó la Alcaldía de Torrejón con un millón de euros de deuda con Hacienda
El actual consejero de Transporte, Vivienda e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, abandonó en junio de 2015 la Alcaldía de Torrejón de Ardoz habiendo generado una deuda con Hacienda de más de un millón de euros. Esa deuda se contrajo a partir del retraso de varios años de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en abonar el IVA por la construcción de tres edificios. Aunque las facturas están fechadas entre 2010 y 2011, el impuesto no se pagó hasta 12 días antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2015, en las que Rollán concurrió en el número 26 de la lista que encabezaba Cristina Cifuentes.
Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es y que refleja también que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha prestado dinero a la EMVS para hacer frente al pago del IVA a Hacienda y para que no deje de atender los pagos mensuales, evitando así nuevos recargos.
Esa gestión de la EMVS que ha desembocado en una deuda con Hacienda se hizo cuando al frente de ella estaba el hoy consejero de Vivienda de Madrid, Pedro Rollán. Como alcalde del municipio era presidente de esta empresa pública, creada por él en el año 2007, cuando el PP arrebató la Alcaldía al PSOE tras vencer las elecciones con mayoría absoluta. Rollán revalidó en 2015 su triunfo y fue elegido alcalde por el Pleno municipal, pero poco después fue llamado por Cifuentes para una de las consejerías con más presupuesto de la Comunidad de Madrid y dejó el Gobierno local.
Los tres inmuebles son el edificio que acoge la Jefatura de Policía Local, el Centro Deportivo Barrio Verde y el Centro Cultural del Barrio de Fresnos. Construidos entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, tuvieron un coste total que supera los 23.200.000 euros.
A esos tres edificios se les aplicó un IVA del 18%, por lo que la cantidad total a pagar ascendió a 3.539.171 euros. Debía ser abonado a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, según la fecha de las facturas que la EMVS reclama al Ayuntamiento por los tres edificios. No fue así.
La EMVS no presentó esas facturas en la Agencia Tributaria hasta abril de 2015. La fecha final en la que se pagó el IVA fue el 8 de mayo de ese año, 12 días antes de las elecciones municipales. Pero no pudo hacerlo con sus recursos propios y tuvo que pedir ayuda al Consistorio.
El Ayuntamiento aprobó el 23 de abril de 2015 la concesión de un crédito a la EMVS por valor de 3.540.000 euros. A pesar de que la cantidad coincide con el importe que se debía a Hacienda por el IVA, el objeto del crédito no fue ese, sino atender a “las necesidades transitorias de liquidez” de la EMVS derivadas de la realización de actividades “previamente encargadas por el Ayuntamiento”.
El portavoz de Ganemos Torrejón, Francisco Hernández, pidió más información al concejal de Urbanismo, solicitando que se aclarase el uso que la EMVS iba a dar a ese dinero. La respuesta fue que se destinaría a “diversos pagos fiscales”.
Ahora, y a preguntas de eldiario.es, el Ayuntamiento admite que ese crédito se concedió para que la EMVS pagase el IVA que debía a Hacienda.
Con ese dinero en sus cuentas, la EMVS abonó el IVA el 8 de mayo de 2015. Pero el retraso iba a tener un coste para las arcas municipales. Hacienda detectó el retardo en el pago e impuso un recargo de un 20% a cada factura. En total, 1.056.644,09 euros.
La EMVS tiene que afrontar ese pago a lo largo de este año. Ya ha abonado el 10% y ha solicitado a Hacienda el pago fraccionado de la cantidad restante. Esta solicitud ha vuelto a poner en dificultades a la empresa pública.
Solicitar el pago fraccionado del recargo impide, según las normas de Hacienda, que se pueda pedir el aplazamiento de los pagos mensuales del IVA por otras operaciones. La EMVS tiene que hacer frente esos pagos en tiempo y forma si no quiere recibir nuevos recargos.
Por ello, la EMVS ha tenido que volver a pedir dinero al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. El Consistorio tuvo que aprobar una ampliación del crédito inicial de 3,5 millones de euros en medio millón más. En total le ha prestado más de cuatro millones.
La ampliación de crédito se hizo a petición de la EMVS, que advirtió en un escrito de que si no atendían a los pagos mensuales del IVA -en concreto a los del mes de diciembre- Hacienda impondría nuevos recargos, y la deuda aumentaría. La EMVS tiene ahora que hacer frente, durante 2016, al 90% de la deuda que tiene con Hacienda, unos 950.980 euros.
¿Por qué el retraso en el pago del IVA?
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz asegura que el retraso que ha generado una deuda de más de un millón de euros obedece a “un error técnico”. Según su versión, la EMVS interpretó en un primer momento que era el Consistorio quien tenía que hacer frente al pago del IVA.
Cuando ya en 2015 advierten ese error, “inmediatamente se subsana” y se emiten las facturas a nombre del Ayuntamiento con el correspondiente IVA. Ante la obligación de la EMVS de ingresar ese dinero a Hacienda, el Ayuntamiento aprueba la “inyección económica” de 3,5 millones de euros. Lo hace, aseguran fuentes del Consistorio, porque se trata de “una empresa cien por cien pública” que realiza “una labor social muy importante” para el municipio.
Esa empresa pública estaba gestionada por una empresa privada. Poco después de su creacción, Habyco XXI se hizo con la gestión de la EMVS de Torrejón de Ardoz. El Ayuntamiento señala a esta empresa como responsable del error de no pagar el IVA.
Sin embargo, ni el anterior alcalde ni el actual han pedido responsabilidades a Habyco XXI por una mala gestión que ha dejado un agujero de un millón de euros a tapar con dinero público. La única respuesta del Consistorio es que no se tiene prevista ninguna actuación contra esta empresa porque ya no tiene la concesión de la EMVS.
Habyco XXI es la misma empresa que gestionaba la EMVS de Rivas Vaciamadrid. En 2013, la Cámara de Cuentas destapó un desajuste de 20 millones de euros que acabó con la dimisión del alcalde, José Masa.
La EMVS eludió el delito fiscal
El montante que se dejó de pagar a Hacienda, más de 3,5 millones de euros, supone un delito fiscal. Según el Código Penal, si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, se castiga con entre uno y cuatro años de cárcel y una multa económica. Sin embargo, recoge una excepción que ha servido a la EMVS para no caer en ese delito fiscal.
La ley establece que si se abona lo adeudado antes de que la administración tributaria haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación sobre esa deuda, se considerará regularizada la situación fiscal. No hay delito y sólo se aplica un recargo por la demora.
La Agencia Tributaria tuvo conocimiento del retraso en el pago en el mismo momento en que se abonó el dinero del IVA, en mayo de 2015, así que con anterioridad a esa fecha no podía haber iniciado ninguna investigación ni haber notificado a la EMVS que estaba realizando comprobaciones.
Así, sin advertencia previa, la EMVS regularizó su situación con Hacienda con la única consecuencia de un recargo por la tardanza, y eludiendo un delito castigado con pena de cárcel que podría haber recaído sobre la figura de su presidente, Pedro Rollán.
