El futuro de la política de vivienda es un tema candente en España, en muchas capitales europeas y por supuesto en la campaña autonómica madrileña, con la ley de vivienda a punto de aprobarse en el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declarándose en rebeldía preventivamente. Con ese mar de fondo, diputados de los cinco partidos representados en la Asamblea de Madrid se reunieron en la sede del Colegio de Abogados de la capital para debatir soluciones a la disparada carestía actual. Lo que empezó como un intercambio cortés de puntos de vista, en un plano casi técnico, acabó revelándose como la gran zanja política que es: la derecha (PP y Vox) considera que seguir liberalizando el suelo, entendido como materia prima, y aumentar la oferta es la única forma de reducir los precios.
Las propuestas de la izquierda (Más Madrid y Podemos, casi al unísono, y más tímidamente el PSOE) de apostar por la vivienda como derecho y el alquiler público como solución preferente son, pese a estar inspiradas en experiencias europeas, manifestaciones del “modelo soviético y caribeño”, según sus rivales.
Empezó el debate el viceconsejero de Vivienda, José María García Gómez, “muy orgulloso y satisfecho” del balance del Gobierno de Ayuso. Si algo ha ido mal en materia de vivienda es porque no se construye lo suficiente –es necesario levantar 30.000 viviendas nuevas todos los años para evitar las tensiones del mercado, en su opinión– y porque han existido “frenos políticos” que, unidos al efecto de la pandemia, han traído problemas “cuando el sector se estaba recuperando” de la resaca del colapso financiero e inmobiliario de 2008.
Tanto Alejandra Jacinto, activista por la vivienda y ahora candidata de Podemos –que hizo un repaso por las novedades de la ley estatal de vivienda–, como Jorge Moruno, de Más Madrid, apostaron por cambiar el modelo de vivienda de uno que considera el ladrillo como bien de mercado a otro que contempla el alojamiento como un derecho humano. Aquí se abrió la caja de los truenos y empezaron los murmullos de la audiencia, convocada por la Asociación de Gestores de Viviendas.
García aludió al modelo “soviético y caribeño”, mientras que José Luis Ruiz Bartolomé, de Vox, lanzó la alarma sobre la norma estatal, similar a la que a su entender puso fin al “boyante mercado venezolano” –posiblemente no el de los cerros caraqueños– en la primera legislatura de Hugo Chávez. “Yo fui a la URSS con Gorbachov, el pan era público y faltaba”, se retrotrajo, para comparar luego la vivienda con bienes como el petróleo o los automóviles y aprovechar para censurar la situación en la “Barcelona decrépita, donde los extranjeros están dejando de ir porque cada vez que van les roban”. Esta última frase es literal.
Promotor condenado contra abogada de inquilinos
Era difícil poner de acuerdo en algo a Ruiz Bartolomé, promotor inmobiliario, intermediario, testaferro en su día de un alcalde corrupto y condenado por negociaciones prohibidas a funcionarios en 2009, con Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas y una de las responsables de la anulación judicial de la venta de vivienda pública de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre.
Propuestas que planteó esta como crear una inmobiliaria de carácter público, gravar las compraventas sucesivas que encarecen los precios, reforzar el control sobre los alquileres turísticos y sobre todo, regular los precios en las zonas tensionadas que prevé la ley estatal, son anatema para la derecha. Moruno se quejó de este cierre de filas, acusando de “autarquía ideológica” a PP y Vox, a quienes afeó que piensen en los soviets cuando el modelo que preconizan Más Madrid y Podemos calca ideas que llevan más de ocho décadas aplicándose en ciudades como Viena.
Un poco esquinada por la confrontación ideológica pura que estaba produciéndose en el foro, Cristina González, del PSOE, defendió posturas similares a las de los otros partidos de la izquierda y destacó la propuesta de entregar ayudas al alquiler en tanto no se acabe de construir un parque público de vivienda, raquítico en Madrid y en España.
Llamó la atención sobre los desequilibrios entre el norte y el sur (es de Getafe) y recordó, como habían hecho a su izquierda, que las cifras de ejecución de presupuestos de vivienda en Madrid no pasan del 14%. Aun así, propuso elaborar una ley de vivienda madrileña, de la que la Comunidad carece, a partir de un pacto regional que garantice que la norma “perdure”. Vistas las posturas de los ponentes, cualquier hipotética negociación en ese sentido entrañará dificultades.