341 profesionales del Hospital Gómez Ulla han contemplado cómo en dos semanas se han evaporado sus posibilidades de tener una estabilidad laboral tras el esfuerzo realizado durante las semanas de mayor presión asistencial debido a la COVID-19. El pasado 16 de junio estos sanitarios observaron cómo el periodo de su contrato como personal eventual no tenía fecha de fin, sino que el Ministerio de Defensa planteó que esa relación laboral estaría en vigor “hasta fin de la necesidad asistencial”, siempre según la versión aportada por los delegados sindicales de CSIT-Unión Profesional, CCOO y CSIF. Finalmente, el Ministerio de Defensa — administración de la que depende el Gómez Ulla — revocó esta decisión dos semanas después y determinó una fecha concreta de fin, el 16 de enero, explican las mismas fuentes. Los representantes de los trabajadores añaden que los profesionales afectados llevan más de tres años encadenando contratos laborales.
“El 30 de junio nos convocaron a una reunión y la jefatura nos dijo que había que rectificar los contratos y hacer unos nuevos con fecha de 16 de enero. No nos dieron más explicaciones”, explica Gonzalo Canales, coordinador de CSIT-Unión Profesional en el Ministerio. Uno de los profesionales afectados por esta modificación explica que con la primera versión del contrato tenían la sensación de que Defensa había tenido en cuenta sus demandas, así como el trabajo desarrollado durante la pandemia. “Pedimos estabilidad. No queremos que nos den el Premio Príncipe de Asturias”, explica. Este sanitario también se pregunta “por qué la necesidad asistencial va a terminar el 15 de enero”, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que se está viviendo a nivel internacional.
La decisión del Ministerio no ha sido bien acogida por los representantes legales de los trabajadores. Según añade Canales, “con motivo de la pandemia se agudizó la promesa de hacer fijos” a los temporales que llevan años encandenando contratos. El hecho de no poner fecha al final de los contratos fue percibido como un “un inicio en el camino a la consolidación de los puestos de trabajo”.
En relación, a la situación laboral de los 341 profesionales afectados por el cambio de condiciones laborales, el delegado de CSIT asegura que este miércoles su sindicato comprobó que estos sanitarios llevaban días sin estar registrados en la Seguridad Social. “Desde el 16 de junio y hasta ayer no estaban dados de alta”, explica. El delegado de CCOO añadía que esta situación estaba solventada este viernes.
Defensa justifica la modificación de los contratos asegurando que estaban vinculados al estado de alarma y no a la presión asistencial de la COVID-19. Según plantea una portavoz, el 17 de marzo de 2020 el Ministerio obtuvo una “autorización extraordinaria y provisional” por parte del Ministerio de Política Territorial y del de Hacienda “para el nombramiento de personal estatutario, circunscrito a la duración de la situación crítica de la pandemia” y vinculado al Real Decreto que declaró el estado de alarma. Una vez decretado el final de esta situación y “la pérdida de vigencia de la autorización” emitida a Defensa, el Ministerio solicitó una “nueva autorización para estos nombramientos, con vigencia desde el 21/06/20 hasta el 15/01/21”.
Los sindicatos llevan años denunciando la precariedad de las contrataciones que se realizan en el Gómez Ulla. A lo largo de la última década las contrataciones eventuales han ido aumentado. En 2010, 29 profesionales tenían esta modalidad de compromiso laboral frente a los 596 empleados que se encontraban en esta situación en 2018, según datos publicados por eldiario.es obtenidos de una respuesta parlamentaria.
Alejandro de Marcos, delegado sindical de CCOO en el hospital militar, explica que los contratos temporales no se pueden suscribir con profesionales “que estén de baja”. Por eso destaca que el primer modelo distribuido por Defensa permitía a los trabajadores “ponerse malos, quedarse embarazadas o disfrutar del permiso de paternidad”. “Llevamos años reclamando que esas plazas estructurales se conviertan en interinos por vacante de plantilla. El hospital necesita a todos estos trabajadores, suponen 45% de la plantilla estatutaria del hospital”, añade.
Los contratos se han promovido para “garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios art 9. 3. b (Ley 55/2003) en relación con las necesidades generadas por el COVID-19”, según figura en uno de ellos, facilitado por los sindicatos a eldiario.es. El citado artículo acoge que el nombramiento de carácter eventual se expedirá “cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios”.
A pesar de su carácter militar y de su dependencia directa del Ministerio de Defensa, el Gómez Ulla está integrado en la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. En 2010 el Ministerio y el Gobierno autonómico firmaron un convenio para que formase parte de la estructura sanitaria regional. En ese momento el departamento del Ejecutivo central explicó que se convertiría en el centro de referencia de los vecinos de Puerta Bonita, Los Cármenes, Los Yébenes y Nuestra Señora de Fátima. El hospital se encuentra en Madrid ciudad, en el barrio de Carabanchel.