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La Policía Municipal constató durante semanas en las residencias de la Comunidad de Madrid falta de material, personal insuficiente, demandas de auxilio y, en algunos casos, vulneración de la normativa establecida. Las inspecciones realizadas por los agentes en los momentos más duros de la pandemia recogen las quejas y peticiones de ayuda de las direcciones de los centros de mayores para poder atender a los residentes, pero también para retirar cadáveres de los ya fallecidos.
El aislamiento de los casos positivos y la división del centro según los síntomas que tengan los usuarios de las residencias fueron otros de los criterios que evaluaron los agentes municipales durante las peores semanas de la crisis, cuando el virus golpeaba con fuerza las residencias y los fallecidos se contaban por centenares. En la mayoría de las actas a las que ha accedido eldiario.es se certifica que las residencias cumplían con la orden del Ministerio de Sanidad de separar a los mayores según los síntomas que tuviesen en el momento de la inspección. Sin embargo, los agentes municipales destacaron que en el centro Nuestra Señora de Montserrat, situado en la céntrica calle San Bernardo, tenían “un paciente con síntomas compartiendo habitación con personal sano”.
Ante esta situación, alertaron de que el centro “no estaba sectorizado” y llegaron a plantear que esa decisión debía ser “subsanada de manera urgente”. Según anotaron los agentes, los representantes del centro manifestaron “que el médico no confirma COVID-19”.
Entre las observaciones realizadas por la Policía Municipal llama la atención que, a pesar de destacar que un paciente con síntomas y personal sano comparten espacio, “el personal con síntomas estaba confinado cada uno en su habitación”. “No salen de ellas. Les suben comida, desayunos y cenas a la habitación”, reseñaron. El Ministerio de Sanidad aprobó el 21 de marzo una orden para separar a los residentes en cuatro grupos según la relación que hayan tenido con el virus. La Cadena SER publicaba este viernes que fuentes del sector reconocían que en las comunidades más afectadas fue complicado desarrollar esta medida, como sucedió en este caso, según consta en el acta policial.
En la visita que realizaron el 2 de abril al centro Santa Genoveva Torres, los agentes también anotaron que el centro “no” estaba sectorizado. Aunque a su llegada se encontraron “cuatro médicos de la Comunidad de Madrid valorando a todos los residentes para realizar el plan” para llevar a cabo esa división de zonas en su centro asistencial. Más allá del aislamiento de los pacientes, la situación de la residencia Nuestra Señora de Montserrat era precaria, los representantes del centro plantearon que habían tenido que usar “bolsas de basura” como trajes de protección y sugirieron que debían ser “auxiliados con más personal de atención al paciente”. Antes de la presencia policial, ni UME ni bomberos habían trabajado en la zona para desinfectar las instalaciones.
Cadáveres en el centro horas después del fallecimiento
La constatación de cadáveres en las residencias horas después de su fallecimiento es otro de los hechos sobre los que levantan acta los agentes municipales. “Uno de los fallecidos se encuentra todavía en el centro desde las 23.15h del día 31/03/2020, está informado funeraria, dirección general del mayor, unidad mortuoria, salud pública”, se recoge en la inspección realizada el 1 de abril y fechada a las 18.15h en la residencia Las Azaleas. En el momento de la visita el centro contaba con 58 plazas ocupadas, 12 residentes con síntomas y cuatro fallecidos. En las observaciones, los agentes hacen “constar la necesidad de que por parte de los Bomberos del Ayuntamiento se realice otra visita para bajar carga viral de zona interior, ya que tienen recuperados”.
En el centro 2 de mayo también recogieron que había “un fallecido comunicado” alrededor de las 15.30 horas. El acta se firma cinco horas después, a las 20.20 horas del 4 de abril. Ese caso no era el primer fallecimiento al que ha hecho frente esa residencia: según los datos recopilados por la administración municipal, el centro cuenta con una capacidad para 60 internos y, de ellos, 11 personas habían muerto hasta ese momento.
Centros más grandes, como Peñuelas, que tiene una capacidad de más de dos centenares de usuarios, llegaron a registrar 45 fallecidos en el momento de la inspección, fechada a 29 de abril. En esta residencia solo podían abandonar el centro “los residentes sin síntomas y con test negativos”. Sobre ella, los agentes destacaron que “el personal de las zonas aisladas es siempre el mismo en todos los turnos” y que se había mantenido el contacto con los especialistas en cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz para controlar que los enfermos más graves pudiesen “conseguir una muerte”. En este centro, no han registrado grandes problemas con la acumulación de cadáveres. Además de contar con “una morgue propia”, “solo en una ocasión” tuvieron que acudir los bomberos para retirar un cuerpo. “El resto de fallecidos no pasaban más de 24 horas hasta la salida del centro”, destacan en el acta emitida a finales de abril.
Las residencias de ancianos han sido uno de los focos de la pandemia. En Madrid, se envió un protocolo que negaba la asistencia hospitalaria a los ancianos con COVID-19 a los centros, según confirmó el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el 4 de junio. Las actas policiales han permitido constatar que al menos cinco de estos centros pidieron auxilio al Gobierno regional, sin recibir respuesta. Estos documentos también han dejado constancia de las condiciones en las que los profesionales han estado trabajando, con escaso material y plantillas mermadas debido a las consecuencias del virus.