Cinco años después de la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en Madrid por 128,5 millones de euros, la operación ha terminado, por el momento, en una condena para exalcaldesa de Madrid Ana Botella y otros siete cargos de su Gobierno como “responsables contables” de la enajenación de patrimonio público. Botella y los demás condenados tendrán que pagar 25 millones de su bolsillo por el perjuicio económico causado a las arcas municipales. Mientras, se espera una nueva resolución de un proceso penal iniciado por las asociaciones de afectados y el PSOE.
La sentencia del Tribunal de Cuentas de este jueves concluye que el precio de venta de todos estos inmuebles “fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”. Pero antes del Tribunal de Cuentas hubo dos pronunciamientos más que iban en la misma línea: el de la Cámara de Cuentas y la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid, claves en la denuncia y de los que se nutre la sentencia.
El Ayuntamiento de Madrid que gobierna actualmente Manuela Carmena demandó hace ahora un año a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a parte del Ejecutivo de Botella por lo que consideraba una sospechosa operación de venta de viviendas públicas tras las conclusiones de la comisión de investigación. La operación había suscitado críticas muy duras por los inquilinos que se quejaban de los cambios de condiciones cuando pasaron a depender del fondo de inversión.
La sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas este 27 de diciembre no solo determina que el precio al que se vendieron los pisos “dio lugar a un menoscabo injustificado en el patrimonio público”, también retrata una sucesión de chapuzas e ilegalidades que rebosan el expediente.
La venta
El procedimiento de venta para sacar al mercado 1.860 viviendas duró 14 días. El 24 de julio de 2013 el Ayuntamiento anunciaba que el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) había aprobado la venta de las casas a cambio de 125,5 millones de euros. Una operación que Madrid consideró que se había “caracterizado por su transparencia y concurrencia competitiva”. El dinero obtenido, publicitaba el Consistorio, eran “nuevos recursos para continuar sus políticas sociales”.
Pero además, la empresa municipal pagó 2,3 millones de euros en comisiones como “honorarios de asesoramiento e intermediación” de 1,9 millones de euros (excluido el IVA) a la unión de empresas Itaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaziona, según lo certifican las facturas emitidas por la UTE. Esta comisión fue denominada por la EMVS “la comisión por la intermediación en la venta” en su Informe de Cuentas Anuales y de Gestión de 2014.
El Tribunal de Cuentas cuestiona en su fallo que por en medio de la operación haya aparecido esta sociedad, la UTE ITACA DESARROLLOS URBANOS SL Y PROMOCIONES Y DESARROLLOS CREACIONA SL, que cobraron las comisiones anteriormente mencionadas, supuestamente por mediar en la compra-venta. El tribunal concluye que no hay constancia de sus gestiones, visto que el fondo Blackstone trataba directamente con la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.
Informe de la Cámara de Cuentas
El precio de venta que aceptó Madrid para adjudicar todo el paquete de casas estaba por debajo de lo que valían las viviendas. Según el Informe de Gestión de 2014 antes mencionado, la operación entre el Ayuntamiento y Blackstone “supuso una rentabilidad negativa de 30.655.889 euros”.
Las promociones tenían en ese momento un “valor neto contable” de más de 159 millones de euros. Sin embargo, una herramienta contable permitió mostrar esta adjudicación como beneficiosa al aplicarle la EMVS a estas 18 promociones 34 millones de euros de subvenciones de capital pendientes: es decir, inyecciones de dinero que el Ayuntamiento hace a la empresa municipal para su funcionamiento.
La diferencia entre el precio que se le puso a las casas y el valor de estas es el argumento que utilizó el PSOE de Madrid para llevar esta operación a los tribunales, por posibles responsabilidades penales, proceso archivado en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 38.
Meses después de ese archivo, llegó el demoledor informe de la Cámara de Cuentas en 2016. El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio “que fijaron ellas mismas”, según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que “no es una empresa tasadora” y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.
El Ayuntamiento de Madrid que gobernaba Ana Botella (Partido Popular) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, concluyó el órgano fiscalizador. La Cámara de Cuentas reveló además que el Consistorio facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
La enajenación de las viviendas se investigó y se archivó, pero después volvió a reabrirse tras el demoledor informe de la Cámara de Cuentas. La Audiencia Provincial aludió a esa información para ordenar reabrir la causa penal por la “eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude” en el proceso de traspaso de 1.862 viviendas. A la querella de la asociación de afectados y afectadas por la venta y el PSOE, se sumó por el Gobierno municipal de Manuela Carmena.
El dictamen de la Comisión de investigación
La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el Gobierno de Ana Botella “actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios”. Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE en la Comisión de investigación centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión.
El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor de 160 millones de euros. Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio “que fijaron ellas mismas”, según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC). Desde la comisión recuerdan que “no es una empresa tasadora” y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.
PSOE y Ahora Madrid coincidieron en que esta venta “fue una operación de despatrimonialización de la EMVS únicamente beneficiosa para la parte compradora” y que las “grandes damnificadas” fueron las familias que a día de hoy se enfrentan a desahucios y a incrementos del alquiler de hasta un 43%.
“No recuerdo haber estado en las reuniones”, “lo que me está leyendo no lo recuerdo”, “lo desconozco”, “no le puedo contestar con exactitud”. Las lagunas venían por parte del exdirector de servicios jurídicos de la EMVS, Rafael Requena; la directora de Intervención general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo, o el representante de la consultora Price WaterHouse Coopers. Son algunas de las evasivas que se encontraron los miembros de la comisión de investigación que presidió el concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato.
La lista de quienes plantaron a la comisión también es notable. No quiso asistir la exalcaldesa de Madrid y máxima responsable de la gestión, Ana Botella. Tampoco la ex delegada de Urbanismo y ex presidenta del Consejo de Administración de EMVS, María Paz González. Ni el ex consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé. Los tres han sido condenados este jueves por el Tribunal de Cuentas. A diferencia de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, el Senado o los parlamentos autonómicos, a las de los municipios no es obligatorio asistir si se te requiere.
Una de las conclusiones del dictamen de la comisión de Investigación fue “proceder al ejercicio de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos quienes, apareciendo como gestores de los caudales integrantes de la EMVS han generado perjuicio a dichos caudales”. Una denuncia que se materializó por parte del Gobierno municipal en noviembre de 2017.
La sentencia del Tribunal de Cuentas
La sentencia del Tribunal de Cuentas concluye que Botella y parte de su Gobierno permitieron la enajenación de las viviendas por 128 millones de euros, 23 millones menos de su valor real. La sentencia del Tribunal de Cuentas determina que el núcleo duro del Gobierno de Botella, ocho de sus miembros empezando por la alcaldesa, “incurrieron en una negligencia grave” porque “no impidieron el perjuicio en el patrimonio público” a la hora de vender 5.315 inmuebles de titularidad municipal (entre ellos 18 bloques completos de pisos protegidos) al citado fondo de inversión por 128,5 millones, cuando según los cálculos del Tribunal de Cuentas el Ejecutivo de Botella podría haber ingresado más de 151 millones.
A lo largo de 90 folios en los que escudriñan el procedimiento y las alegaciones de los demandados, el Tribunal de Cuentas acaba cuestionándolo todo: la fórmula elegida para vender las casas, que el Ayuntamiento de Madrid hubiese decidido enajenar 18 bloques de pisos en un única operación y no por separado, que usase como precio para la venta un informe de una consultora que no justificó debidamente el valor de las viviendas.
La sentencia se detiene sobre otra decisión controvertida de la empresa pública dependiente del consistorio adoptada el 31 de octubre de 2013. Ese día el consejero delegado accedió a hacer una rebaja en el precio inicial de las 18 promociones de viviendas al fondo Blackstone de dos millones de euros. El argumento fueron las quejas del fondo buitre acerca de una serie de impagos y el aumento de la morosidad de algunos inquilinos. De las pruebas practicadas, el tribunal llega a la conclusión de que la rebaja se realizó “sin ningún informe técnico o documentación administrativa que justificase semejante medida”.
Según la argumentación del tribunal, es indefendible que el Ayuntamiento de Madrid no intentase sacar el máximo precio posible de la venta de esos bloques de edificios, no abriese un procedimiento con publicidad que fomentase las ofertas y no realizase una tasación fiable de los bloques de pisos que pretendía vender. La sentencia deja pistas evidentes de que determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con esos lotes, jugaron con ventaja.
El tribunal señala como principal culpable de la operación al entonces consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, Fermín Oslé, pero también condena por “responsabilidad contable” a la entonces alcaldesa, Ana Botella, a su mano derecha en el Gobierno municipal, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid hasta el pasado julio, y a otros cinco concejales que formaban el núcleo duro del Ejecutivo municipal: José Enrique Núñez Guijarro, Diego Sanjuanbenito Bonal, María de la Paz González García, Dolores Navarro Ruis y Pedro María Corral Corral. Varios de ellos continúan hoy en puestos de responsabilidad en distintas administraciones del PP.
El valor de las viviendas actualmente
El valor de las viviendas que vendió el Gobierno de Ana Botella ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%. Blackstone (Fidere) pagó por esas promociones de viviendas de protección oficial, 128,5 millones de euros. Según los cálculos que efectuó el propio fondo de inversión, el valor actual de mercado de esas casas está por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).
Se trata de un 227% de rentabilidad patrimonial. Pero el beneficio no es solo ese. Hay que añadirle la rentabilidad que obtienen por los arrendamientos de esas viviendas. En concreto, la rentabilidad de la parte de su cuenta de explotación en el ámbito residencial fue del 14,56% de beneficio neto con respecto a los ingresos. Los alquileres se incrementaron con respecto a 2015 en 5,5 millones de euros (49% más).
Los recursos a la sentencia
La exalcadesa de Madrid Ana Botella y su entonces equipo de Gobierno municipal recurrirán la condena de 25,8 millones dictada por el Tribunal de Cuentas. “La decisión acordada por el Tribunal de Cuentas será recurrida en tiempo y forma por todos los miembros de la anterior Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid”, anunció del grupo municipal del Partido Popular en un comunicado después de conocer el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas. Sentencia que, como indicaron, “no comparten”, al tiempo que recordaron que la Fiscalía de este tribunal solicitó la desestimación de esta demanda “al no apreciar responsabilidad contable”.
El Ayuntamiento de Madrid estudia también recurrir la sentencia. La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha explicado que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado por dicha venta no en 25 sino en 127 millones. “No estamos conformes con la cuantía que se establece en la sentencia”, ha manifestado. El Gobierno municipal incluirá el fallo del Tribunal de Cuentas en el procedimiento penal abierto.
El Ayuntamiento, además, insistirá en un nuevo proceso que anule de venta de las viviendas sociales al fondo. El procedimiento anterior fue archivado “por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo”, escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas, entiende el Gobierno de Carmena. Si llegara a buen término el procedimiento de nulidad, se revertiría la situación al punto antes de la venta y las viviendas pasarían a ser propiedad de nuevo de la EMVS, unido al abono que tendría que hacerse a los fondos por la cuantía que pagaron por ellas.