El Gobierno de Almeida condena a los espacios vecinales

No hay salvación para los espacios vecinales de Madrid que funcionan con locales municipales cedidos. El Ayuntamiento de Madrid no tiene intención de dar marcha atrás. En unos días desalojará el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, la sede del proyecto EVA desde hace cuatro años, y si nada lo impide la operación se repetirá en marzo con la Casa de la Cultura de Chamberí, gestionada por 24 asociaciones del barrio. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida asegura que no hay una directriz, que se estudia “caso por caso”. Sin embargo, las renovaciones de las concesiones firmadas en la etapa de Ahora Madrid van cayendo una a una. En este contexto de pandemia y restricciones, perder los espacios no solo compromete la supervivencia de miles de actividades que ahora están suspendidas sino también los bancos de alimentos que los vecinos han montado en su interior para ayudarse entre sí ante el desborde de los servicios sociales.

Las despensas solidarias son la última agarradera que les queda a los vecinos frente al Ayuntamiento. La justicia está estudiando la petición del colectivo EVA de frenar su desalojo a través de medidas cautelares por este motivo. Pero el nuevo paso no ha aplacado al alcalde, que confirmaba este miércoles que seguirá “adelante” con su “intención”. “No tienen derecho a permanecer indefinidamente en el espacio ni a elegirlo”, argumentaba Martínez-Almeida. La salida obligada del espacio, el próximo lunes, coincide con el fin de su contrato. Es prorrogable otros cuatro años pero el Consistorio no quiere hacer uso de esa posibilidad porque lo necesita, argumenta, para levantar una base de SAMUR-Protección Civil. Su construcción no aparece en los presupuestos de 2021, aunque el Ayuntamiento ha anunciado que la prevé para este año. El PP celebró en diciembre, cuando se comunicó la decisión, que se recuperara otro “chiringuito de Carmena”.

El candidato Almeida ya avanzó en su programa electoral cuál sería su modus operandi: rehacer todas las normativas relacionadas con participación ciudadana para “promover un tercer sector que verdaderamente represente a la sociedad civil”. La corporación municipal que hoy dirige considera que ciertos espacios que ya existían son una especie de “chiringuitos” surgidos al calor del mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena. Una parte de ese “clientelismo” contra el que se conjuraron PP, Ciudadanos y Vox en la campaña electoral. Y ahora también en el Gobierno.

En diciembre de 2019 había 158 espacios cedidos por el Ayuntamiento a organizaciones sociales y deportivas, según la información disponible en el portal de datos abiertos. Entre ellas hay mucha variedad, desde parroquias a espacios para los scouts. Los datos no han vuelto a actualizarse, de manera que la corporación no confirma qué pasó con las diez entidades cuyos contratos acababan en 2020. En 2021 caduca la cesión de otras tantas.

El desglose revela que las concesiones no surgieron con Ahora Madrid y que en muchos casos se prolongan mucho más allá de cuatro años. Por ejemplo, la asociación Norte Joven lleva desde 1998 en Villa de Vallecas. A la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el Gobierno de Almeida le renovó la cesión la semana pasada y dos concejalas estuvieron haciendo una visita a las instalaciones. “El problema no es tanto que se quiera atacar al conjunto del movimiento vecinal. Pensamos más bien que el objetivo es hacer borrón de lo que se pudo hacer en el mandato anterior. La única diferencia respecto a tiempos de Gallardón o Botella es que los espacios se dieron a proyectos formados por múltiples colectivos”, observa Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. La FRAVM estaba negociando con el Consistorio las nuevas normas de participación ciudadana antes de que llegara la pandemia. No han vuelto a reunirse, según Villalobos.

“Hablan de chiringuitos, pero la cesión de este espacio no fue baladí. Hubo un informe detallado de todas las actividades que se iban a hacer y las asociaciones que iban a participar”, defiende Alberto Valencia, uno de los miembros del espacio. EVA surgió como una confluencia de asociaciones tras el desalojo del centro autogestionado La Traba en 2014. Tres años después, el Ayuntamiento concedió a este paraguas barrial una de las alas del Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi para hacer actividades tras ganar un concurso. La cesión se aprobó con el apoyo de todos los grupos, salvo la abstención del PP.

En 2019 se impulsaron aquí 400 iniciativas con 20.000 participantes: clases de guitarra, un pequeño estudio de radio, talleres para aprender a reparar la bicicleta, arreglo de ordenadores para niños que no disponen de equipos, grupos de consumo, una biblioteca... El colectivo se pregunta por qué el Ayuntamiento quiere “quitar algo que hace bien, donde la gente es feliz, aprende, conoce” y que apenas cuesta nada a las arcas municipales. Estos espacios generan un gasto mínimo al Ayuntamiento: la administración concede unas ayudas anuales que se utilizan para pagar los suministros y para la compra de material (mesas, sillas...) “Lo vemos como un ataque a la forma de autoorganizarse. Tenemos la sensación de que ven como una amenaza todo lo que sea hacerte crítico con el modo de entender la ciudad”, remata Valencia. La concejala del distrito, Cayetana Hernández de la Riva (PP), admitió en una entrevista que nunca había visitado el espacio pero que todas sus actividades se podrían hacer en 2023 en un nuevo centro dotacional.

Las asociaciones que gestionan la Casa de la Cultura de Chamberí apelan a argumentos parecidos para explicar por qué tras cuatro años consolidando este espacio como una referencia vecinal para un barrio con pocos equipamientos no hay posibilidad de renovar la cesión. “No sé si nos vinculan con partidos políticos, sino más bien con una manera de ser que posiblemente no coincide con la suya. Lo de los chiringuitos progres ya venía de antes, del PP, pero es verdad que Vox ha cargado mucho contra la participación y puede presionar. Al PP esto le sale gratis hacerlo”, analiza Carmen Ochoa, del equipo fundador del espacio y activista vecinal barrio en Parque Sí en Chamberí. Una de las exigencias de la extrema derecha para aprobar los presupuestos de 2020 y de 2021 fue el adelgazamiento de las ayudas a organizaciones vecinales, entre ellas la FRAVM.

Su situación es prácticamente la misma que la de EVA salvo por un detalle. El edificio donde hacen sus actividades –ahora mermadas por la pandemia– no es de libre disposición para el Ayuntamiento de Madrid porque no es suyo. Está cedido por el Ministerio de Hacienda para un fin concreto: “la participación ciudadana y la promoción educativa y cultural”. En este caso el argumento empleado por Almeida para no renovar el contrato de EVA –el equipamiento público– no valdría. En la notificación formal de la decisión, el Ayuntamiento no ofrece ninguna razón que explique por que no se prorroga la concesión obtenida en 2017 por concurso público, más allá de recordar que la facultad para decidirlo reside en el concejal de distrito y que este puede dictarla al final del periodo de cuatro años. El alcalde de Madrid aseguraba este miércoles que el concejal de distrito, Francisco Javier Ramírez, está valorando qué hacer con el local. Este edil ya desalojó en junio a otro espacio vecinal en Las Tablas, El Palomar, que almacenaba alimentos con el argumento de que solo podía usarse para “actividades ambientales”.

“Ya no es solo lo que hacemos y podemos acreditar, 17.000 participantes en 2019 y subiendo hasta que llegó la pandemia, sino lo que significamos para el distrito con una media de edad muy alta. Se ha convertido en una casa colectiva, un sitio donde mucha gente que está sola se ha sentido acompañada”, resume Ochoa. Hasta el estallido del coronavirus, la Casa de la Cultura tenía un curso de ópera, talleres de poesía, clases de baile, clases de apoyo escolar... El virus –y la gigantesca crisis social– obligó a reinventarse con un banco de alimentos que sigue recibiendo demandantes.

Los antecedentes: El Palomar, La Casa del Cura o La Gasolinera

Para los dos espacios vecinales en jaque, en Arganzuela y Chamberí, las políticas municipales emanan de una “campaña contra la participación vecinal”. Desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento ha tomado decisiones que han mermado las posibilidades. Primero con la desaparición de los Foros Locales, después con reforma de la Ordenanza de Colaboración Público-Social para integrarla en otra norma o con la anulación de las directrices que ordenan las cesiones de espacios. El área de Participación Ciudadana, dirigida por Ciudadanos, evita pronunciarse sobre la revocación de estas concesiones porque “no tiene competencias” –es cosa de los distritos– y asegura que “se está haciendo un esfuerzo ingente por regularizar las que se dieron sin cobertura jurídica”.

Antes que Arganzuela y que Chamberí, las políticas municipales azotaron a La Gasolinera, La Salamandra o El Palomar. Una semana después de tomar el bastón de alcalde, Martínez-Almeida canceló unas jornadas solidarias con SOS Refugiados que iban a celebrarse en la trasera del Centro Cultural de Buenavista, donde se ubicaba La Gasolinera. En el espacio había un huerto y actividades. Ahora la verja está cerrada. En este caso no había contrato por escrito. Tampoco con La Salamandra, en Moratalaz, donde se selló un acuerdo verbal con la Junta para utilizar el antiguo colegio Antonio Gil Alberdi.

En Las Tablas, la asociación El Palomar fue desalojada en junio de 2020. El concejal de distrito, el mismo que está al frente de Chamberí (PP), arguyó que el espacio no podía ser una “sede social”. El inmueble se estaba empleando para almacenar alimentos que después se repartían entre los vecinos necesitados. Hace unos meses el Consistorio también intentó revocar la adjudicación de la Casa del Cura, en Malasaña, a las asociaciones que ganaron el concurso para gestionarla hasta 2023, aunque ese intento está parado de momento en los tribunales.