La directora general del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que sufragó gastos personales con una tarjeta del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, del que es decana, concedió un contrato público a la empresa de su vicedecano en la organización profesional, Rafael Magro. La adjudicación se hizo sin concurso a través de un contrato menor por valor de 18.000 euros –dentro del límite presupuestario que la ley permite– a la compañía Teach & Consult 4 SL, en la que figura como administrador único el 'número dos' de Ortiz en el Colegio.
La dirección general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad que capitanea Ortiz solicitó tres ofertas. Pero las otras dos empresas contactadas durante el procedimiento se terminaron apeando del proceso: una no respondió y otra dijo que no tenía capacidad para hacer esos trabajos, según la documentación que ha podido consultar elDiario.es. Teach & Consult 4 SL cobró 18.000 euros por trabajar durante un mes, en pleno estado de alarma, en la “redacción de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de redacción de proyectos, asistencias técnicas y ejecución de obras que tengan que considerar la metodología BIM”.
El área de Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, defiende la especialización de Magro y su empresa en este tipo de modelado 3D aplicado a edificios y calles: “Magro, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, está acreditado por la Building Smart en el único título oficial existente en España en tecnología BIM, es coordinador del Máster BIM de Infraestructuras desde 2016 y trabaja como asesor en implantaciones BIM para diferentes empresas y administraciones públicas”.
Sin embargo, Más Madrid no considera adecuado compatibilizar un cargo público con otro del Colegio de Ingenieros porque pueden darse estas situaciones. “Siempre hemos sido muy críticos con eso y es el momento de ponerle fin”, asegura la portavoz Rita Maestre. Los dos puestos que ocupa simultáneamente Lola Ortiz –el institucional y el colegial– han generado unas relaciones muy estrechas entre el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Ingenieros de Caminos, pese a que el alcalde de la capital, José Luis Martínez–Almeida, ha desvinculado su actividad en la organización profesional con la que desempeña en la corporación. Aunque la oposición se lo ha pedido, de momento no se plantea cesarla. Ortiz es, además, vicepresidenta de la Asociación Española de la Carretera (AEC), que trabaja “en defensa y promoción de las carreteras” con el objetivo de “conseguir una red viaria más segura de mayor calidad y capacidad”.
El contrato a su vicedecano no es el único ejemplo de las confluencias entre una y otra institución, la pública y la privada, en cuyo centro está Lola Ortiz. La directora general de Planificación de Movilidad tiene a su cargo a la hermana de Rafael Magro, Susana Magro, como subdirectora. Magro tiene una larga trayectoria profesional en cargos relacionados con Medio Ambiente, vinculados siempre a gobiernos del PP: formó parte de la Consejería de Medio Ambiente cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid, fue Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático con el Gobierno de Rajoy, Comisionada de Cambio Climático en la etapa de Ángel Garrido, Directora General de Calidad Ambiental y Cambio Climático en la Junta de Andalucía y, ahora, subdirectora general de Planificación de Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid.
Los últimos premios anuales de la Demarcación de Madrid del Colegio galardonaron al Área de Servicios de Limpieza y Residuos, dentro de la concejalía de la que forma parte Ortiz, por el proyecto de “innovación en el servicio de mantenimiento y limpieza de las papeleras de la ciudad”. Borja Carabante, delegado del área y superior jerárquico de la directora general en el organigrama del Ayuntamiento de Madrid, recogió la distinción. Los premios de esta edición fueron entregadas, entre otros, por cargos públicos como el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura; o el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Mariano Fuentes.
Contrató a una empresa de su vocal saltándose los estatutos
La auditoría externa realizada en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, además, detectó alguna irregularidad más en la gestión de Ortiz al frente de la Demarcación en el último año. El informe preliminar revela no solo cargos sospechosos o sin justificar por valor de 11.000 euros en la tarjeta de la institución colegial, sino también contrataciones prohibidas por los estatutos.
Ortiz contrató en 2020 a una empresa vinculada a uno de los vocales de su Junta Rectora, Ángel Zarabozo. Esta irregularidad ya fue advertida por la anterior dirección del Colegio, que pidió a la decana hace ahora un año que subsanara la situación pero el dinero entonces no se devolvió, según confirman fuentes conocedoras del procedimiento a elDiario.es. Por entonces, Zarabozo actuaba como secretario en funciones de la Demarcación de Madrid.
La organización colegial en Madrid asegura que Zarabozo “regularizó” esta situación el 12 de marzo reintegrando el importe completo que recibió su empresa. Se desconoce a cuánto ascendía.
Los estatutos de la institución, concretamente el artículo 62.3, no permiten la prestación “por órganos colegiales representativos de servicios retribuidos”, recordaba la carta remitida a la decana por el presidente del Colegio, Miguel Ángel Chillón hace una semana. “Es necesario regularizar los pagos relativos a la empresa y proceder si así corresponde a la devolución de lo irregularmente cobrado”, añadía la misiva. .
Los colegiados con cualquier cargo representativo en la organización no pueden tener “relación contractual” con la misma, según los estatutos. elDiario.es se ha puesto en contacto con la decana y con el vicedecano sin obtener respuesta.