Decenas de agentes antidisturbios de la policía nacional empezaron a prepararse desde la madrugada de hoy para desalojar el edificio La Dignidad de Móstoles, un inmueble vacío okupado en 2014, en plena crisis financiera, y en el que vivían 17 familias. Se trataba del segundo intento de desalojo este año. El primero fue a finales de mayo, en vísperas de las elecciones municipales, y no se ejecutó por la huelga de funcionarios judiciales. El segundo, a menos de una semana de las elecciones generales, sí se llevó a cabo.
La policía empezó a cortar los accesos al bloque, situado a escasos metros de las vías del tren, antes de las 6h de la mañana. Dentro esperaban unas 60 activistas contra los desahucios, que habían hecho vigilia junto a los residentes y se habían preparado para demorar el desalojo todo lo posible. La puerta principal estaba soldada y la entrada bloqueada, de modo que los agentes tuvieron que usar una de sus furgonetas para arrancar la verja de los goznes. Alrededor de las 9h ya habían llegado a la azotea, donde esperaban la llegada de la comisión judicial para empezar con las expulsiones.
Ana Jiménez, de 39 años, llevaba viviendo en el edificio desde 2014 y ejerce como portavoz no oficial de los vecinos. Los nervios la traicionaban. “Estoy histérica”, explicaba a quienes se acercaban a preguntar. Sus dos hijos pasaron la noche con sus suegros, pero el siguiente paso es incierto. Las familias que residían en La Dignidad no tienen la alternativa habitacional, y hablaban de ir a dormir frente al Ayuntamiento si el desahucio se ejecutaba. El nuevo alcalde, Manuel Bautista (PP), se reunió la semana pasada con los afectados y planteó la posibilidad de postergar los desahucios hasta 2024. Pero el juzgado no aceptó la demora, por mucho que La Dignidad cuente ya con varios dictámenes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que reclaman precisamente eso.
Construido sin cédula de habitabilidad por una empresa ya quebrada, rescatado por el Estado a través del banco malo, posteriormente subastado y hoy propiedad de un fondo de inversión, La Dignidad se convirtió en una solución de último recurso para muchas personas sin hogar. Hasta Cruz Roja lo planteaba como alternativa a quienes acudían a solicitar ayuda, en un municipio que solo dispone de 600 pisos sociales.
Lento goteo de vecinos expulsados
Desde las 7h rondaba la zona Charo Íñigo, de 55 años, que había salido la víspera de la vivienda para sacar a los perros ante un encierro que se preveía largo. Dentro seguía su hijo Óscar, de 23, único sustento familiar, con un trabajo que se agota en septiembre. Llevaban siete años en La Dignidad, y Charo se desgañitaba al amanecer contra los agentes antidisturbios que rodeaban el edificio, que usaban el ariete, que blandían la radial. Pasaron más de tres horas antes de que Óscar saliese, con lágrimas en los ojos, aplaudido por una cincuentena de activistas de plataformas contra los desahucios de todo Madrid.
Este goteo se prolongó más de una hora. Algunos vecinos salían con lo puesto, otros se las arreglaron para bajar algunos enseres. Una mininevera, un ventilador de pie metido en la caja, una bolsa de Ikea de la que asomaba una plancha de la ropa. Invariablemente, la respuesta de quienes salían a la pregunta de adónde irían ahora era “no sé”.
Los cánticos y protestas de los manifestantes, entre los que había mucha gente joven, pero también veteranos de los movimientos contra los desahucios, agitaron levemente el despertar del barrio. Vecinos sin camiseta miraban por la venta intentando localizar el origen del revuelo. La Dignidad, pese a los clichés que se asocian a la ocupación, era un inmueble pacífico, integrado en la manzana sin que el resto de vecinos del área se quejasen de molestias; es más, algunos de los veteranos hablaban de que cuando se entró en el edificio, hace casi una década, este estaba en mal estado, y fue el habitarlo el que permitió ralentizar su deterioro. La actuación policial de hoy, que conllevó arrancar prácticamente las puertas de los marcos, según explicaban en el exterior los residentes, obligará a invertir en reparaciones.
Tertulia vecinal sobre la okupación
El interés vecinal daba pie a conversaciones de esquina entre mostoleños, como un hombre que pasaba por allí y que esgrimió el argumento de que la okupación es ilegal y los alquileres hay que pagarlos. Esto exasperó a uno de los manifestantes. ¿Pero usted sabe lo que es la Sareb?, le espetó, recordándole las decenas de millones de euros que el Estado ha tenido que asumir como deuda por hacerse cargo de los activos tóxicos de la crisis inmobiliaria. El interlocutor reconoció que no estaba al tanto, y la discusión no siguió subiendo de tono.
José María Torralbo, portavoz de Stop Desahucios Móstoles, apuntaba en el exterior, mientras los últimos vecinos iban saliendo, las cabezas gachas, que entre las 17 familias que quedaban hasta hoy en La Dignidad había menores, personas mayores con problemas de salud, como José Antonio García Mendoza, un hombre de 71 años con un solo pulmón que encontró en el inmueble un refugio tras años viviendo en la calle. Ahora quedará pendiente de lo que dictaminen los servicios sociales, que según señalaban los afectados, solo ofrecían de momento un par de noches de hotel a los desalojados.