“Madrid no es un escaparate para turistas” y “Madrid no se vende”, han sido algunas de las consignas que han recorrido el centro de Madrid para reivindicar que la ciudad “es de los vecinos”.
En un ambiente festivo y con algunos asistentes engalanados con los castizos pañuelos y boinas de chulapos, a una semana de la celebración de San Isidro (patrón de la capital) alrededor de un millar de personas se han congregado para recordar al Gobierno municipal y regional las consecuencias de las operaciones Lezo y Púnica, de los feminicidios, de la contaminación, de la gentrificación y de las políticas que no acogen a los migrantes.
Pese a que algunas de estas peticiones iban dirigidas directamente contra el Ejecutivo de la alcaldesa Manuela Carmena, algunos concejales municipales como Rommy Arce o Pablo Carmona han acudido a la marcha. Su recorrido se ha convertido en una metáfora del cambio urbano que demandan los organizadores: pasar de hoteles de cinco estrellas en el centro de Madrid a espacios vecinales que acojan a estos colectivos.
La manifestación ha comenzando en la plaza de Canalejas, un emplazamiento en el que se construirá un hotel y viviendas de lujo ubicado a un suspiro de la Puerta del Sol, y ha terminado en Atocha. Nada más concluir, varios centenares de activistas han ocupado un edificio en la calle del Gobernador, a escasos metros del punto final de la concentración. Los primeros que han entrado en él han desplegado una pancarta con el lema “Make Madrid great again” (hagamos de nuevo grande a Madrid).
En alusión a Canalejas, Susana Albarrán, portavoz de la convocatoria, recordaba que “es uno de los pelotazos heredados de los gobiernos del PP”. “El hecho de que los pelotazos sigan a pesar de un supuesto cambio de Gobierno no nos está trayendo nada más que seguir con lo que nos habían dejado. Además, hay que tener en cuenta que en el centro de la ciudad la presión hotelera y la de los pisos turísticos es inaguantable”, aseguraba.
“He venido para sacarme la rabia de la operación Lezo, nos están robando y no hay consecuencias. Se toma como algo normal, un statu quo ”, afirmaba Laura para justificar su asistencia a esta concentración. Acudía acompañada de David, un vecino del barrio de Lavapiés que denuncia que no está “habiendo una respuesta adecuada para mantener de la calidad de vida de determinados barrios”. “He visto como vecinos se han tenido que cambiar de barrio porque el alquiler subía”, aseguraba.
Uno de los detonantes de esta convocatoria ha sido la investigación que ha llevado a la cárcel al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los organizadores aseguraban que “se calcula que, solo contando con las tramas de corrupción Lezo, Gürtel, Púnica y Mercamadrid, el PP se ha apropiado de más de 656 millones de euros”. “Esto supone 102 euros por cada uno de los 6,4 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid”, afirmaban en el manifiesto.
Entre los organizadores se encuentran colectivos muy variados como Ecologistas en Acción, laFederación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Patio Maravillas, Asociación Sin Papeles de Madrid, PAH Centro Madrid, Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Apoyo Mutuo, Red Solidaria de Acogida (RSA), Instituto DM, Oficina de Urbanismo Social, Centro Social La Villana, Madrid en Transporte Público, Moratalaz Despierta, Lavapiés ¿dónde vas? y Red Espacios Ciudadanos.
Cada uno de estos colectivos ha desplegado sus reivindicaciones. “Un cuarto de la inversión extranjera en Madrid procede del sector inmobiliario, eso va a crear más burbuja”, señalaba Diego, portavoz de la PAH en Vallecas. Desde la plataforma antidesahucios reprochan al Gobierno municipal que “dos tercios de la vivienda social se están construyendo en distritos del sur”, lo que “crea desequilibrios”.
Por su parte, Justa Montero, feminista y miembro de la Asamblea Feminista de Madrid ha recordado que en una ciudad acogedora con las mujeres, éstas tienen que “poder pasear de día y de noche sin el riesgo de sentirse acosadas y sin el temor de sufrir violencia sexual”. Por eso ha incidido en la necesidad de “un urbanismo acorde con las necesidades de todas las personas”.
Una vez que los portavoces de la organización han desconvocado la concentración tras leer el manifiesto en el que han reivindicado políticas públicas centradas en “el bienestar de los ciudadanos y no en el beneficio de grandes corporaciones”, un par de centenares de personas se han acercado a la calle Gobernador para ocupar un edificio que aseguran “es de propiedad municipal”. “Ahora le toca al Gobierno de Carmena mover ficha”, declaraban algunos activistas.
Este edificio no es desconocido para los colectivos sociales madrileños, hace dos años ya ocuparon este complejo, del que fueron desahuciados a las pocas horas.