El juzgado de Instrucción número 1 de Parla ha citado a declarar como investigado al alcalde de Pinto, Rafael Sánchez ('Ganemos Pinto'), por un delito de revelación de secretos al haber obtenido información supuestamente confidencial para retirar el contrato de recogida de basura, mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria a la adjudicataria, la UTE Valoriza-Gestyona, y que el servicio pasase a desarrollarlo la empresa municipal de Servicios (Aserpinto).
El diario ABC ha adelantado que el regidor deberá dar explicaciones ante el juzgado el próximo 11 de marzo como presidente del Consejo de Administración de Aserpinto, junto al también consejero y miembro del comité de empresa Luis I. M.
Sánchez ha negado este miércoles la existencia de una trama de “espionaje” y ha dicho que, ante la citación por una denuncia “de parte”, se siente “tranquilo”. “Confío en que este asunto se archive porque no me consta que haya cometido ilegalidad alguna”, ha remarcado.
Según la denuncia de Valoriza-Gestyona, una trabajadora de la UTE remitió durante tres años a Aserpinto datos “confidenciales” y de uso interno, extremo que ha desmentido el regidor.
Un 'pendrive'
Sí ha admitido, en cambio, que un miembro de su Gobierno recibió hace unos meses un 'pendrive' de un destinatario “anónimo” que contenía datos de la gestión de la concesionaria de los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes, pero ha precisado que se trata de datos “públicos” a los que tenía acceso el Ejecutivo, según establece el pliego.
Tras obtener estos datos, se lo comunicaron a la UTE, quien dijo que esa información podría estar manipulada. Ante ello, el Gobierno pinteño le reclamó la información y las “cajas” que llegaron coincidían con los partes de trabajo que les habían adelantado.
Esta información sirvió de base para algunas sanciones y para iniciar el expediente para rescindir el contrato a la empresa por incumplimientos del pliego, aún en tramitación.
Peaje
Sobre los datos, el regidor cree que se trata de información pública que el Ejecutivo puede tener en sus labores de control del servicio y, por tanto, ha descartado que haya revelación de secretos.
Además, ha dicho que la querella es el “peaje” que debe pagar el Gobierno local por enfrentarse a los “poderosos”, y ha descartado dimitir. “Es una denuncia de parte”, ha subrayado tras afirmar que esta dimisión solo se produciría si fuera condenado por este delito.
En última instancia, ha concretado que no es lo mismo ser condenado por corrupción o prevaricación, “por meter la mano en la caja”, que por “defender los intereses de los pinteños”, ante lo que ha definido como clamor popular contra la mala gestión en la recogida de residuos y limpieza viaria, por la que el Consistorio desembolsa al año 6 millones de euros.
De hecho, Sánchez ha adelantado que su Ejecutivo seguirá sancionando a Valoriza-Gestyona en base a nuevos incumplimientos del pliego. “Esto no nos asusta y no vamos a parar”, ha dicho, tras apuntar al “cariz político” de una denuncia que llega a tres meses de unas elecciones municipales.
Por otro lado, el alcalde ha adelantado que su Gobierno estudia la interposición de una querella por “falsedad documental” contra la adjudicataria, algo que, según ha dicho, pueden “acreditar”.