Las ONG recurren al Defensor del Pueblo por el apagón en la Cañada Real: “1.812 niños están sufriendo graves consecuencias”

SOS al Defensor del Pueblo. La Coordinadora de Barrios de Madrid, en representación de asociaciones vecinales y culturales de la Cañada Real, ha enviado una carta de urgencia a la institución que denuncia que el apagón en el asentamiento impide a cerca de 2.000 menores de edad ejercer sus derechos fundamentales. “La falta de suministro está teniendo gravísimas consecuencias para 1.812 niños y niñas. La situación es insostenible”, alerta el escrito, enviado también a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, las dos administraciones responsables de dar una solución al poblado y a sus habitantes. El escrito avisa de la inacción de las instituciones, que “conocen y reconocen” lo que está ocurriendo “pero no hacen nada por solucionarlo”.

Casi tres meses después los primeros cortes, ocasionados según las administraciones por la sobrecarga de la red por las plantaciones de marihuana, hoy no hay ninguna salida sobre la mesa para más de 4.500 personas que viven en los sectores 5 y 6 del asentamiento, los más precarios.Este jueves se han vuelto a manifestar ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Antes estuvieron en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, y en el Palacio de Cibeles, donde se encuentra el Ayuntamiento.

La carta recuerda los derechos fundamentales reconocidos, internacionalmente y a nivel nacional a los menores de edad, y reclama que “ante un conflicto de intereses” siempre prevalezca “el interés superior” de los niños. “No pueden estudiar en casas sin iluminación, ni completar tareas ni consultar recursos electrónicos, ni conectarse a las clases online”, prosigue el escrito, que concluye que en estas condiciones no es posible que los mejores ejerzan su derecho a la educación “en condiciones de igualdad respecto a otros niños”. Las organizaciones firmantes aseguran que en ocasiones los menores han dejado de acudir a la escuela porque “no se han podido asear de manera adecuada o tener ropa limpia”. La falta de luz impide que funcionen electrodomésticos como la lavadora o el frigorífico. Además, la dificultad para mantener caldeadas las casas empujan, según las ONG, “al riesgo de hacinamiento”, contraindicado por favorecer el contagio del coronavirus.

“Los vecinos de la Cañada pertenecen al sector de consumidores vulnerables y en exclusión social. No es posible hacer distinciones de trato basadas en la informalidad del asentamiento y la irregularidad en el acceso”, precisa el escrito al Defensor del Pueblo, que matiza que los cortes puntuales han sido siempre un “problema crónico” de este asentamiento, ahora “agudizado”. El inicio del frío invernal en la primera semana de diciembre ha multiplicado las alertas de las organizaciones y de las familias que recurren a generadores de gasoil para poder encender las luces. La carta también subraya que las enfermedades han empeorado y la baja temperatura ha generado nuevas infecciones respiratorias. “En algunos casos impide el uso de oxigenoterapia crónica domiciliaria, como es el caso de una niña de tres años que vive en el sector 6”, añade la carta.

Entre los vecinos y vecinas asoma el temor de las “administraciones puedan aprovechar esta situación para realizar un desalojo forzoso” del asentamiento. El Pacto por la Cañada Real, firmado en 2017 entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, incluye un realojo progresivo que solo se ha llevado a cabo en una mínima parte. El Gobierno regional ha proporcionado otra vivienda a 36 familias y el municipal, a 72, de un total de 824 que viven en el sector 6. No se ha cumplido aún el primer compromiso rubricado en mayo de 2018, a través de un convenio, para dar alternativa habitacional a 150 familias. Una de las medidas prioritarias del acuerdo era un plan de rehabilitación de la red eléctrica que solo se ha cumplido en la primera fase: hacer una prospección de datos para conocer la situación técnica de la instalación.

Choque entre administraciones

Mientras las ONG lanzan señales de alerta a las instituciones y miles de personas pasan las noches sin luz, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se ha referido al problema en la Asamblea de Madrid en estos términos. “Para tener los Porsches ahí aparcados, bien; para pagar las facturas que es lo que está provocando esos cortes, no”, ha dicho la dirigente del PP tras vincular los cortes con la sobrecarga por el cultivo de marihuana que llevan a cabo las mafias. Para la dirigente, “una cosa es criminalizar la pobreza” y otra es “otra democratizar la delincuencia”. “Si para ustedes Otegi es un hombre de paz, estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que estarán haciendo algún tipo de estudio ahí en la Cañada Real”, ha ironizado Ayuso dirigiéndose a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, que ha realizado la pregunta.

Vox ya empleó argumentos similares para agitar la xenofobia en una de las concentraciones convocadas por las vecinas frente al Ayuntamiento de Madrid. El concejal Javier Ortega Smith pidió en un vídeo que “se ayude a los españoles que no llegan a fin de mes, a la ”gente honrada“ y no ”a quienes okupan viviendas, roban luz y encima pretenden vivir de las subvenciones“. Más Madrid llevó estas afirmaciones a la Fiscalía por un posible delito de odio.

La Comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento defienden que es “la Delegación del Gobierno quien tiene que actuar porque mientras la Policía ”no haga nada es inviable que estas personas dejen de estar enganchadas a la red“. Un nuevo choque entre administraciones. La mayor parte de las familias de La Cañada Real no tienen regularizada la luz. La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha tratado de salir al paso de las declaraciones de Ayuso asegurando que ”hay que decir la verdad a los ciudadanos“ si hay ”situaciones que no son legales“. ”Otra cosa es que haya que adoptar soluciones“, ha dicho a renglón seguido Sanz tras la Junta de Gobierno.